Llama mucho la atención la propuesta de reforma electoral recién presentada por la fracción parlamentaria del PRD en la XV Legislatura de Quintana Roo, en la cual destacan –entre otros asuntos- el planteamiento de reducir en un 60 por ciento el financiamiento público a los partidos, lo que suena justo y necesario pero con sus reservas para salir avante, pues si bien en el estado de Jalisco ya fue aprobada una reforma similar, a nivel nacional es contundente la negativa de los partidos a perder un solo centavo de sus jugosas prerrogativas, por lo cual desde abril pasado fracasó rotundamente en la Cámara de Diputados el intento de recortarles los recursos públicos.

No es para menos, más aún sí recordamos que de los miles de millones de pesos que cada año se entregan a los partidos, viven muy cómodamente numerosos dirigentes y sus amplios equipos de colaboradores y asesores; organizaciones que integran las estructuras sectoriales, militantes distinguidos y quienes, en general, se ven beneficiados por los millonarios recursos públicos recibidos por los partidos, haya o no proceso electoral en curso.

Esta espantosa y voraz partidocracia es el “rostro” democrático de nuestro país y de casi todas las naciones en el mundo. Pero en México el financiamiento público a los partidos es verdaderamente oneroso e insultante, pues sólo en este año a nivel nacional recibirán un total de 4 mil 138 millones de pesos, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), más los recursos que en cada entidad reciben por parte de los organismos electorales locales.

A esas cifras, hay que agregar el financiamiento privado que también perciben y que tienen la obligación de reportar, más los recursos “extras” e ilegales aportados en lo “oscurito” por gobiernos en tiempos electorales, como sistematicamente ha ocurrido con gobernadores, alcaldes, empresarios, caciques y hasta presidentes de la República.

Sorprende por eso la propuesta de la bancada perredista en Quintana Roo, que es muy similar a la que promueve por todo el país el conocido diputado independiente de Jalisco, Pedro Kunamoto, quien bajo el lema “Sin voto no hay dinero”, propone que el financiamiento para los partidos se defina no por el número de personas inscritas en el padrón electoral, sino por el número de personas que votan por cada partido político.

En un hecho histórico y muy alentador para el país, la propuesta del diputado Kunamoto fue aprobada por el Congreso de Jalisco, por lo cual la reducción del financiamiento a los partidos es una realidad en esa entidad, aunque ya se inició lo que probablemente sea una andanada de acciones judiciales en contra de esa nueva y favorable disposición, ya que el PVEM interpuso un recurso en contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No obstante, el mismo diputado Kunamoto ha promovido su propuesta para que sea implementada a nivel federal, y a principios de este año la fracción del PRD impulsó la discusión del tema en la Cámara de Diputados, pero en abril pasado el PRI, PAN y PVEM eludieron con artimañas la propuesta, la boicotearon y al final no prosperó.

Fracasó entonces ese primer intento para reducir los enormes presupuestados destinados a unos partidos que muy poco han aportado al desarrollo democrático del país, porque se debe recordar que los cambios más significativos han sido producto de la presión social, de la cada vez más vigorosa ciudadanía organizada que se expresa y plantea sus críticas y propuestas de diversas formas.

El llamado sistema de partidos políticos ha sido una sutil forma de repartir el pastel, el poder financiero y político, con el fin de garantizar el “orden” establecido que, en contraste, sigue generando más pobreza, desigualdad e inseguridad pública, sin que las instituciones –los partidos políticos incluidos- hayan logrado ya no revertir sino siquiera contener los grandes problemas del México actual.

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