Odebrecht, Emilio Lozoya y la Refinería de Tula, Hidalgo: otra vez, Pemex perdió millones de dólares (1)

De los negocios fraudulentos, muy onerosos para Pemex y menos publicitados, está el de la Refinería de Tula, Hidalgo con contratos de infraestructura entregados a la empresa Odebrecht. Constataremos mediante un análisis corto pero sustantivo, como no se cansaron de expoliar las finanzas de Pemex y mediante ello, las finanzas públicas del Estado mexicano y una de las tres riquezas nacionales principales. Querían desaparecer esta empresa energética nacional pero de la peor manera posible, que fue devastando sus estructuras financieras, pero con grandes ganancias para sus depredadores.

Probablemente uno de los más ilustrativos y sonados casos en su género en la historia económica e industrial contemporánea, solo igualado ―tal vez― con la forma desquiciada en que Boris Yeltsin entregó a los gobiernos y empresas occidentales y a un puñado de oligarcas mafiosos rusos vinculado a la mafia internacional, lo que fue una de las más grandes riquezas de la extinta URSS: su industria petrolera y gasera que llegó a surtir de gas a las más grandes regiones del Planeta.

Hacia mediados de 2017 se conoció en la prensa nacional e internacional el resultado de las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (iniciadas por el 22 de diciembre de 2016) que funcionarios de Pemex asignaron a la rama constructora de la empresa brasileña Odebrecht obras de reposición y ampliación de infraestructura por 4,254 millones de pesos para la refinería de Tula, Hidalgo, sin licitación de por medio (se le asignaron los contratos, conforme a la investigación de perfil institucional de la Unidad de Responsabilidades de Pemex a la empresa Odebrecht, justamente un día después de que funcionarios de la empresa confesaron ante la Corte de los EU, que había repartido sobornos a funcionarios mexicanos por un total de 10.5 millones de USD, entre los años de 2010 y 2014 (gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto).

El primer tramo de la obra se asignó contractualmente el día 15 de febrero de 2014 por valor de 1,436 millones de pesos, consistente en adecuación de plataformas y terrenos para la reconfiguración de la refinería. Nueve meses después, el 20 de noviembre del mismo 2014 se otorgaron contratos para una primera ampliación por 358 millones 230 mil pesos (la cual debía concluir en agosto de 2015). Recordemos que en los Contratos de Obra Pública los tomadores de contratos se comprometen mediante calendario de obra, a concluir los trabajos constructivos en fecha determinada, de no ser así, son sujetos de multas cuantiosas de dinero por el daño que causan a la empresa o institución que los contrata. Para beneficio de los contratistas, la empresa o institución adelanta el pago de un porcentaje sobre el valor total de la obra, regularmente el 30%. Pemex entregó un segundo pago ―por este nuevo contrato de ampliación de obra, que son pagos adelantados― por 879 millones de pesos, dado que el monto inicialmente previsto de la obra completa, subió hasta 2,315 millones de pesos.

Esta es una de las formas estelares de corrupción y robo de recursos del erario público: se presenta una estimación del valor de la obra baja para concursar, y en su caso, ganar el concurso por ser más competitivo en el costo para el contratante, y luego cuando echan a andar la obra, empiezan a hacer ajustes en costo-valor total de la obra, y entonces vienen los ajustes con contratos adicionales para adecuar el contrato original al nuevo costo-valor total de la obra.

Y esto le reporta un beneficio importante al contratista porque va a recibir otra vez un adelanto por el 30% o más de lo que va a invertir en la construcción comprometida. Aquí regularmente para que las áreas técnicas de la empresa contratante acepte los ajustes, hay mucho dinero de por medio (“moches”) para los funcionarios o directivos privados. Ello representó un sobrecosto de 61% respecto al costo original previsto, que ya representó un quebranto financiero para Pemex.

Pero no fue todo: el 16 de noviembre de 2015, Odebrecht obtuvo otro contrato por 1,939 millones de pesos más para construir nuevos accesos y obras externas a la refinería. Justo en el tiempo en que se dio la primera ampliación de contratos, según las confesiones de funcionarios de Odebrecht en el juicio que se le siguió en las Cortes de EU a otros altos directivos de la firma brasileña entre 2013 y finales de 2014, ellos confesaron que se pagaron sobornos a funcionarios mexicanos por 5 millones de USD (https://www.proceso.com.mx/491160/).

La quiebra y devastación financiera, bajo nuestra hipótesis, de Pemex fue procesada por los apátridas y renegados del grupo Lozoya-Videgaray-EPN como una oportunidad irrepetible de sobre enriquecimiento personal. Por ello el paralelo que establezco entre la forma en que Boris Yeltsin devastó la riqueza energética de la exURSS: remató los activos al 10% de su valor técnicamente constituido, según diversos especialistas. Los “Boris Yeltsin” mexicanos, no vendía formalmente los activos, succionaban la riqueza y se robaban para sí mismos el valor de los activos. Si todo es comprobado por la FGR, pasarán a la historia negra como los máximos exponentes de la cleptocracia petrolera de cuello blanco.

Veamos si exagero en mis afirmaciones y refiriéndonos solamente al contrato de 1,436 millones de pesos firmado el 15 de febrero de 2014, identificado como PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14:

“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calcula que solo por ese contrato, Constructora Norberto Odebrecht le causó un daño al Estado mexicano por mil 191 millones de pesos. Es una afectación que se conformó porque la empresa incurrió en mentiras sobre los costos unitarios, baja calidad en materiales e insumos, así como pagos indebidos en la adquisición de herramienta y equipo de seguridad”. (Sin Embargo, 14 de julio de 2019).

La sanción por ello al infractor corporativo es la “inhabilitación”, no podrá participar en licitaciones por obra hasta 2021, es lo que dice la ley de Pemex al respecto y es demasiado poco. No es nada para una fechoría de esa magnitud. Esa ley debe ser reformada. La inhabilitación debía ser permanente, y aparte obligarles a regresar el dinero robado, para atenuar sanciones penales posibles.

Porque además: “Cuando habló Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quien fuera jefe del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, el 22 de noviembre de 2016, el caso tocó a México. El hombre, bajo juramento, dijo que la refinería en Tula, Hidalgo, había sido obtenida a través de “propinas” (ídem). No hay ni siquiera nada que investigar, “a confesión de parte, relevo de pruebas” dice una máxima legal.

Pero todo esto fue poco. Además la empresa brasileña Odebrecht incumplió con los contratos leoninos que tanto dinero le permitieron robar a Pemex: el contrato de ampliación de obra de 2015 por casi 360 millones de pesos para “adecuaciones en plataformas”, que implicó “movimiento de tierras”, en la localidad de Atitalaquia, Hidalgo, y otras localidades, que afectaron tierras ejidales y provocaron protesta social. La “obra pendiente” o incumplida, fue reconocida por Pemex, quien aclaró que al ser obra de acondicionamiento de sitios, no tenía nada que ver con instalaciones de la refinería.

Por lo tanto, dicho contrato fue cancelado en julio de 2018, pero Pemex tuvo que volver a contratar a la empresa que terminara la obra; es decir, incurrir en nuevo costo, la cual dejó listos los terrenos para que otra empresa, ahora mexicana entrara a la construcción de la planta “coquizadora retardante”, que forma parte de la reconfiguración industrial de las refinería de Tula, Hidalgo. La empresa que ganó esa nueva licitación fue ICA Fluor.

En la próxima entrega explicaremos esta segunda etapa del tema.