¡Claro que todos celebramos que se haga justicia, en un caso tan ominoso como el denunciado por la señora Cacho! y que se siente un precedente ejemplar. Pero “todos” no son todos. 

Me temo que la clase política no esta en el mismo parecer. Ven en la desgracia de Mario Marín su propia derrota. Quien diga lo contrario miente, miente deliberadamente. El ex gobernador sigue siendo miembro activo del PRI, porque lo juzgan inocente u objeto de una acusación no grave. 

En el peor de los escenarios, actuó como ordinariamente lo hacen todos los de ese nivel. De por medio hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 2007, que lo exonera, porque “no encontró evidencia suficiente que demostrara que se violaron las garantías de la periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución”.

En contextos como el referido, todos los gobernantes parten del principio de que nunca serán llamados a rendir cuentas. El fuero, o la impunidad, o como se le llame, en su ver y entender, es de por vida; y se lo toman por la vía del hecho y actúan en consecuencia. 

Un chaleco antibalas vitalicio. Nadie llevó tan lejos esa creencia de omnipotencia del gobernante que el finado Rafael Moreno Valle, al grado de que uno de sus más cercanos, al preguntarle por las causas de la muerte de Moreno Valle, respondió lacónico que el ex gobernador había agraviado a tantas personas y grupos que todo pudo suceder, hasta que fuera un simple accidente. 

Para entonces ya actuaba con la seguridad de que sería el próximo presidente de la República. Doble inmunidad. De ex gobernador y presidenciable.

La detención del ex gobernador poblano tiene muchas lecturas. 

La primera lección es que para que se haga justicia en este país hay que tener influencias, muchas influencias, primero en la opinión pública de las clases medias y altas, y en seguida acceso a los principales medios de comunicación de México, España y los Estados Unidos. 

Vincularse con la comunidad intelectual y las OSC internacionales, y ser muy pero muy persistente. Supongo que también es preciso disponer de dinero. Porque la justicia, no obstante lo que dice la ley, es uno de los bienes públicos más costosos, y quienes se la procuran no solo tiene que ver con un ejercicio de derecho propio, sino con un lujo caro que muy pocos se pueden dar en este país de 127 millones de personas. Pero lo más importante es que un organismo internacional como la ONU, se pronuncie.

Unas horas después de la detención de la señora Cacho, Mario Marín gobernador, muy de mañana, y en un hecho inusual, tuvo que tomarle la llamada al entonces muy poderoso presentador de noticias de Televisa, Carlos Loret. Por la noche, en el programa estelar de la misma empresa, fue vilipendiado por otro presentador todavía mas poderoso que el anterior: Joaquín López Dóriga. Ni el gobernador, ni el gabinete, ni el grupo de allegados, ni el grupo de periodistas que a su vez hacía de publirrelacionista, avizoraron que se encontraban en la víspera de la muerte política de quien para ellos era el nuevo Benito Juárez, predestinado a redimir México. Alguien razonó, si es periodista es cosa de dinero. “Averigüen cuánto quiere”.

Algunos osados en la materia indican con razón que no cualquier vecino de pueblo logra que un ex gobernador del PRI sea esposado y llevado ante la justicia. Ronda la sospecha entonces que la detención del prominente priista es parte de una estrategia política para bajarle presión a los grandes problemas nacionales; como la inexistencia de vacunas y el número de muertes por contagios de covid-19 que no cesan. 

La detención también es vista como una especie de mensaje siciliano previo al arranque de las campañas, y de ese modo mantener el control sobre aquellos partidos y candidatos que se tomen muy en serio su papel de oposición, y se brinquen los acuerdos supremos sin el debido consentimientos de quien todo lo puede en este país.

Todos los días, y en todas las encuestas, Morena es colocado muy por encima de sus pares, e incluso de la franja de indecisos. Sin embargo, en su dirigencia se nota intranquilidad y zozobra, pues sólo así se explica la administración el uso que se pretende hacer de la vacuna y sus alianzas inconfesables.

¿De qué se acusa a Mario Marín? De haber ordenado la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho por el delito de difamación, a través de la publicación del libro: Los demonios del edén. En el que se relata la participación de un grupo de políticos encumbrados y plutócratas en una red de prostitución de niñas y niños en el puerto de Cancún. 

Entre los nombres que figuran en el libro se encuentra el de Kamel Nacif, un empresario poblano que, al parecer, financiaba campañas de candidatos priistas a gobernador, como al poco tiempo quedó demostrado con Fidel Herrera en Veracruz, a través de la filtración de una grabación. 

Otro prominente priista que aparece es Emilio Gamboa Patrón, quien desde el Senado promete a Kamel “darle para´tras” a una ley que no le beneficia. Pero no sólo apareen priistas, también panistas, pues uno de los mencionados es Miguel Ángel Yunes Linares, quien luego fue gobernador por el PAN, en aquella entidad. Hasta ahora el único sentenciado a 104 años es Jean Succar Kuri, detenido en 2004 en una ciudad de Arizona y extraditado a México. Fue condenado en 2011 por pornografía infantil y corrupción de menores. La relación Kamel-Succar no sólo es de paisanaje, sino que el primero actúa como protector del segundo.

Una de los chismes que se contaron hace 15 años afirmaba que realmente Mario Marín nunca tuvo idea de lo que ordenó respecto de la periodista. Todo habría surgido de la petición de un personaje muy famosos entre la clase política priista del más alto nivel y de un sector de empresarios vinculados en negocios con el gobierno: Antonio Chedraoui.

Otra vez, por razones de paisanaje, alguien le habría pedido al jerarca ortodoxo que interviniera por el nombre de Kamel Nacif; luego de aparecer en el libro Cacho y ensuciar su reputación. 

El arzobispo, se dice, recurrió primero a otro paisano y al parecer ex empleado suyo: Adolfo Karam, para entonces director de la policía judicial estatal. Karam habría pasado la solicitud al gobernador pero no tuvo respuesta inmediata o no le otorgó importancia. 

El caso es que Karam habría insistido y en algún momento, sin analizar el caso, Mario Marín respondió que sí, que adelante, que lo hicieran. 

Al parecer la instrucción de que Cacho fuera llevada por tierra y de noche, en un trayecto de 20 horas, con judiciales sometidos por el cansancio, pues hicieron el viaje de ida, tenía la finalidad de que sufrieran un accidente. 

Lo que afortunadamente no ocurrió.