Nuevo León es de los primeros estados de la república en estrenar la nueva figura de un “Fiscal General”, escogido en una terna por diputados, y no un “Procurador General” impuesto por el no tan santo dedo del gobernador de turno.
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, es un abogado con muchas, muchas tablas, y un gran trayecto en el servicio público, que ya lo llevó a ocupar cargos tan importantes como el de Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Por eso extraña que Guerrero Gutiérrez no sea cuidadoso a la hora de manejar cierta información que, por elemental seguridad (no sé que tan legal o ilegal sea) debe de mantenerse bajo el más estricto de los sigilos.
Me refiero a las declaraciones que hizo el Fiscal durante un panel organizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el lunes o el martes pasado, en las que dio pelos y señales del “déficit” de personal por el que atraviesa la Fiscalía y la Policía Ministerial.
Yo no quiero cometer el mismo error, por lo que no les voy a decir aquí los números exactos, pero dijo Guerrero Gutiérrez que hacen falta alrededor de unos cientos de agentes ministeriales, unas decenas de peritos y otro tanto de médicos legistas.
Por favor, esa debería ser información privilegiada y protegida, porque aparte de hablar de los faltantes, dio a conocer el número exacto de elementos en activo, otra vez, unos cientos de elementos del área pericial y varios cientos de agentes ministeriales.
Me parece que el sigilo, (que no la secrecía, porque no se trata de la policía secreta) es el manto que debe de proteger esta vital información, pero bueno, al mejor cazador se le va la liebre.
En redes me encontré un texto que viene como anillo al dedo para aquellos sabelotodo que insisten en repetir información que puede ser considerada como “delicada”.
Lo copio tal cual, sin saber si no me meteré en un problema de derechos de autor, porque bien vale la advertencia:
“Todo texto periodístico o publicación particular en redes y medios sociodigitales que mencione -sin evidencia alguna-, especule, suponga o plantee que el homicidio de integrantes de la familia Le Barón podría estar relacionado con actividades ilícitas de los mismos VIOLA la Ley General de Víctimas.
“Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”, art. 5, principio de No criminalización, segundo párrafo.
“Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”, art., segundo párrafo.
Así que antes de repetir o copiar los mensajes en sus redes sociales, piénsele tantito.
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