Los líderes del movimiento progresista se reunieron con los magistrados del Tribunal Electoral para pedirles que pospusieran el fallo que declarará presidente electo al que haya ganado las elecciones, según el último recuento de los votos y revisadas las casillas impugnadas, del pasado 1 de julio.
Esa posición de Alberto Anaya, Jesús Zambrano y Luis Walton no resulta ninguna novedad. Pedir que se violenten los tiempos marcados por la ley para ellos no es algo fuera de lugar. Como tampoco está lejos del sentido común presentar como pruebas del “fraude” una lista de ellas que, la verdad, dio pena ajena.
Pollos, 100 bolígrafos, tres comales, un marrano, un trapo, entre otros animales o muestras de la llamada propaganda política utilitaria, son los argumentos jurídicos en los que sustentan su solicitud de nulidad de las elecciones como objetivo principal y la posposición de la calificación de las mismas como paso inmediato.
Alberto Anaya, como el burro que tocó la flauta, puso el dedo en la llaga sobre el verdadero problema social de México. Habló de un estallido de violencia. Jesús Zambrano dijo que eso era posible pero que ellos no serían los responsables. Que la gente se violentaría de manera espontánea e independiente de los liderazgos formales del movimiento progresista. ¡Pinche cinismo!
Una cruel paradoja la que vive la izquierda mexicana. En el momento en que deben abanderar las causas sociales que dicen tener como objetivos de reivindicación nacional en los documentos de sus partidos, se deslindan olímpicamente de cualquier responsabilidad en caso de producirse protestas violentas en los próximos días.
La protesta social que puede estallar en cualquier momento en México no será por impugnar unas elecciones compradas. Eso es algo que no se pudo demostrar.
Está claro que la desigualdad social es el factor que motiva la inconformidad popular con el gobierno. Andrés Manuel López Obrador ya no es un peligro para México. Lo son los funcionarios del PAN que han propiciado la corrupción privada y cometido la pública en doce años de gobierno.
Es patético ver a un cínico como Bruno Ferrari hablar del incremento de los precios del huevo, del pan, las gasolinas y con ellos de todos los productos de la canasta básica.
Después de haber saqueado el erario público con el programa México Emprende y de favorecer a mafias como la que encabeza el ahora diputado panista Mario Sánchez Ruíz a través de caretas como la Asociación Civil que constituyó para exprimir los recursos públicos destinados a favorecer a pequeños y medianos empresarios, es hoy quien le dice a un enardecido pueblo mexicano, sumido en la pobreza, el desempleo y amenazado por la violencia, que no pasa nada y que los precios pronto bajarán.
Es posible como dijo Alberto Anaya, con involuntario discurso de luchador social, que la violencia social aparezca en cualquier momento en México.
Se padecen necesidades elementales en la mayor parte de las regiones del país. Y mientras eso sucede, se inaugura el nuevo ciclo escolar con la impresentable Elba Esther Gordillo diciendo que no dejará su cacicazgo en el SNTE y comentando que no se irá a vivir a París y que no tiene departamento en esa ciudad.
Qué descaro que esos sean los pasos por la vida de una maestra mexicana que con su sueldo, debería estar tronándose los dedos por conseguir el alimento diario de su familia. Vivir en París¡
Pero tiene una hija senadora, al hijo de su cómplice Marta Sahagún como diputado como pago por el fraude millonario que cometieron en el CONALITEG. Controla la dirección de la Lotería Nacional y el ISSSTE. Un poder ominoso en un país lleno de desamparados como los migrantes que sufren un viaje al infierno a bordo de La Bestia.
Y como Elba Esther Gordillo están otros como el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, servil encubridor de funcionarios tan o más corruptos que Bruno Ferrari o los que se burlaron de los mexicanos compradores del MeLate trampeando el resultado de los sorteos.
Enrique Peña Nieto sí puede llegar a ver un estallido social antes de tomar posesión como presidente de México. Pero no causado por un disminuido Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes de oropel que le acompañan. Sino por el coraje de un pueblo robado y empobrecido brutalmente.
Si no se actúa a tiempo y con sentido de responsabilidad social, el ejercicio de la transición de poderes será una mascarada que repita el espectáculo de una pelea sin piedad por alcanzar la mejor tajada del botín que para los políticos representa el dinero público a través de los cargos gubernamentales.