Al presidente López, según él mismo, le gusta decir las cosas como son. Hay que tomarle la palabra, entonces: su amenaza de "exhibir" a los promoventes de los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía y a los "oscuros intereses que representan" es un acto de abuso de poder y manfiesta un desdén por la Constitución que es propio de la dictadura trujillista. Peor aún, su amenaza de que el aeropuerto (el suyo, se entiende) va porque va, es un desafío abierto a algo mucho más importante que los jueces y magistrados federales: es la declaración del principio de que la popularidad en redes sociales, las consultas a mano alzada y las prioridades personales, son más importantes, y prevalecerán sobre la protección a los derechos humanos en su régimen. Es, vaya, el reconocimiento de que lo que le importa es su propia imagen y nada más.
Lo que hay detrás del juicio de Amparo (uno de los más técnicos en el derecho mexicano, por cierto) es la protección de derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. El acto que combate este medio procesal siempre es un acto de autoridad. Es decir, es un juicio que tiene por objeto revisar una acción del poder público, en cualquiera de sus manifestaciones, a la luz de los derechos humanos que debe respetar. Esta breve explicación basta para dejarse de sandeces: una autoridad que pierde un amparo no es, nunca, una víctima, sino la victimaria, así sea Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso, el promovente, logra que la norma fundamental, es decir, la Constitución y los tratados, proteja sus derechos humanos a través del juez, que solamente es un instrumento, de manera provisional mientras se tramita (con las famosas suspensiones) y, de manera definitiva, cuando se gana el amparo (con una sentencia definitiva).
Por si fuera poco, ninguna autoridad puede divulgar, tampoco, los datos personales que tenga de ninguna persona, salvo que medie orden de autoridad competente debidamente fundada y motivada. El berrinche porque no la dejan hacer lo que quiera, no es, vale decir, una motivación suficiente. Pero si se decide lanzar una campaña de odio contra los promoventes desde el púlpito presidencial, sí se estaría violando la ley. Lo grave es que el ejecutivo parece muy seguro de hacerlo, de que no habrá ninguna consecuencia y de que el respeto a las normas, desde su posición, es siempre discrecional. Andrés Manuel López Obrador está dejando en claro que a él se le aplica el Derecho cuando él quiere y cuando no, no. Es decir, que él está por encima de todas las reglas. ¿Y cómo lo hace? En la historia que el presidente está narrando en sus conferencias matutinas, su gobierno aparece como la víctima de intereses poderosísimos que quieren dañar a México, con la complicidad de la propia Constitución (supongo) y que además utilizan el bajo recurso de las leyes e instituciones para defender sus intereses, en lugar de mecanismos verdaderamente democráticos y legítimos, como las consultas a mano alzada, los mayoriteos legislativos o las asignaciones directas sin problemas de conciencia. El conocimiento de la ley y los instrumentos jurídicos nunca han sido puntos fuertes de López Obrador. Basta con recordar los camiones repletos de papeles incoherentes que presentaba como "alegatos" para impugnar elecciones, o todos los juicios que promovió y resultaron improcedentes por no presentar las copias certificadas que facultaban a sus propios abogados.
En suma, se entiende que Andrés Manuel le tenga coraje al juicio de Amparo, que lo vea desde su filtro maniqueo y moralizante, donde lo que importa son los fines (esos sí, solamente los suyos) y las formalidades legales sean un estorbo para la verdadera transformación del país. Pero no se entiende esa actitud por parte de un presidente de la República que lo primero que hizo para asumir el cargo fue jurar hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de ella y que en su campaña tanto habló de que la ley debía respetarse en este país.
La historia política del presidente tampoco ayuda. Hay que recordar que su paso definitivo al primer plano de la vida nacional ocurrió a causa del torpe proceso de desafuero que contra él se enderezó durante el sexenio de Vicente Fox, mientras él era jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se presentó en el Congreso de la Unión y dio un plañidero discurso, con hombros encogidos y tonito de Macario, de que él era una víctima de los poderosos. El resto es historia. La causa de ese proceso era, ni más ni menos, el incumplimiento reiterado de una sentencia de Amparo. Así pues, la primera vez le resultó bastante bien su estrategia de despreciar la orden de un juez, ¿por qué habría de ser diferente ahora, cuando tiene un micrófono más grande?