El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de investigar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha perdido credibilidad.

Y la ha perdido no tanto por la campaña mediática que se lanzó contra la agrupación desde un inicio, sino porque sus mismos integrantes se han encargado de demostrar que los mueve más el protagonismo y satisfacer intereses políticos predeterminados que llegar a la verdad.

Los expertos han caído, exactamente, en lo que han venido criticando a las autoridades mexicanas: la imposición de “verdades históricas” parciales, carentes de bases técnicas y científicas.

En su más reciente informe, el GIEI sostuvo que, de acuerdo a una fotografía satelital, se pueden comprobar dos cosas: que no hubo incendio alguno en Cocula y que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 llovió de tal forma que hubiera hecho imposible llevar a cabo la incineración de los cuerpos. El GIEI tenía prisa por concluir: en el basurero de Cocula no hay nada que investigar.

Sin embargo, el  registro satelital de los expertos ha sido puesto en duda por diversos meteorólogos quienes cuentan con otras fotografías donde una espesa capa de nubes hace imposible saber si en la zona hubo o no incendios.

El 9 de octubre de este año, la procuradora general de la República, Arely Gómez, declaró que uno de los acuerdos a los que se había llegado con el GIEI era llevar a cabo en el basurero un tercer peritaje, con la participación de siete especialistas de cinco países, entre los que estaría el peruano, experto en fuego, José Luis Torero.

¿Por qué, de pronto, a partir de una polémica fotografía satelital y de una versión unilateral, sin tomar en cuenta otros estudios técnicos, se nos dice que Cocula queda fuera de la investigación?

Posición que coincide totalmente con lo expresado por Vidulfo Rosales, quien ha hecho el negocio de su vida representando en diferentes ventanillas, cajas grandes y cajas chicas, a los padres de los 43.

Como si la búsqueda de la verdad fuera un asunto espírita, Rosales apoyó a los expertos diciendo que “Cocula ya es intrascendente porque los padres de familia tienen la convicción —por no decir mero deseo o intuición— de que ahí no fueron incinerados sus hijos”.

El abogado pater familias poco ayuda al prestigio de los investigadores porque viene a comprobar lo que varios han señalado: que el grupo de expertos anda más en busca de una verdad política que de una verdad científica.

Han excluido Cocula de su hoja de ruta porque, tal vez,  les llevaría a conceder, si no toda, algo de razón, a la “verdad histórica” del exprocurador  Jesús Murillo Karam.

Para cuadrar la verdad que a ellos les interesa cuadrar, insisten en entrevistar, a su manera, claro, a los integrantes del 27 batallón con la obvia intención de responsabilizar al Ejército mexicano de lo que sucedió en Iguala.

Nada dicen los expertos, cosa extraña, sobre lo que hizo y dejó de hacer el entonces gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, a quien, por cierto, dicho por él mismo, ni siquiera lo han buscado.

Tampoco, hasta donde se sabe, los expertos han tenido algún tipo de encuentro con el exprocurador Murillo Karam simplemente para saber por qué habló de una “verdad histórica”.

Cada vez se duda más sobre la imparcialidad del GIEI. Da la impresión de que quiere buscar elementos para hacer ver a México como el Chile de Augusto Pinochet o la Argentina de Rafael Videla.

Y, por lo visto, está dispuesto a todo para conseguirlo. Incluso a hacer coincidir el monitoreo meteorológico, el estado del tiempo, a su verdad política.