“Aparece una política del miedo, del resentimiento y la trinchera, y los demagogos prometen soluciones sencillas a problemas complicados".<br>

Barak Obama

Se ha desatado un fuerte debate sobre la democracia en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, recientemente puso sobre la mesa el pasar de una “democracia representativa” a una “democracia participativa”, misma que conlleva la desaparición de los poderes de la unión, sobre todo el legislativo y el judicial, para pasar a un estilo político ateniense de resolver las cosas "a mano alzada".  

En su homilía de la mañanera leyó y publicitó su exposición de motivos en la que asegura que el grave crimen que cometieron fue el elegir como forma de gobierno el liberalismo económico en lugar del estatismo y que por ello fueron y son corruptos. 

Su ariete de batalla y estrategia es la consulta pública que propone para enjuiciar a los expresidentes por ser “neoliberales”, con la justificación de que por ser neoliberales fueron corruptos, como si en las épocas de López Portillo, Echeverría o Miguel Alemán, por tener un modelo similar al que él propone, no hubiesen robado.  

¿Realmente quiere castigar actos de corrupción?

Si es eso, no necesita una consulta pública, necesita voluntad y decisión para ir al ministerio público y levantar las denuncias en contra de los actos de corrupción que cometieron los expresidentes. Nada se lo impide.

Pero, si lo que busca es cambiar el régimen y modificar la Constitución para pasar de una democracia “representativa” basada en la división de poderes a una democracia “participativa” donde el jefe del ejecutivo decida y organice qué consulta, qué reforma y cuándo, en ese momento los poderes legislativo y judicial serán un simple adorno y el ejecutivo tendrá un poder similar al de cualquier dictador, con la justificación de que el “pueblo” así lo quiere.

Ackerman y sus teorías 

La propuesta de AMLO, se basa presumiblemente, en el modelo recomendado por uno de sus consejeros estrella, el doctor John Ackerman en su texto Organismos autónomos y la nueva división de poderes en México y América Latina”, donde propone, por un lado, el debilitamiento de los poderes legislativo y judicial ,y por otro, la creación de un cuarto poder supuestamente respaldado por el pueblo que se encargue de atender los temas que se requieren, sobre todo los considerados en la rendición de cuentas.

Según señala Ackerman se apoya en la Constitución de Venezuela que creó un poder a cargo de la función de la rendición de cuentas llamado “Poder Ciudadano” que incluye tres organismos: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República y resalta que a la cabeza de este poder se establece formalmente un “Consejo Moral Republicano”. En otras palabras, crean un cuarto poder con plenas facultades sobre los poderes de la unión, que depende directamente del jefe del ejecutivo.

En su exposición de motivos para la consulta pública, AMLO propone la tesis de Ackerman. Busca la reforma al artículo 39 de la Constitución, para que “la soberanía popular, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es soberano, el pueblo manda. La democracia es el poder el del pueblo: demos, pueblo; kratos, poder. Poder del pueblo, eso es la democracia”. 

“Entonces, antes, bueno, y a duras penas, con fraudes se podía practicar con dados cargados, con cartas marcadas, la democracia participativa; ahora tiene que haber democracia participativa, desterrando el fraude electoral por completo y democracia participativa, todos estos mecanismos de consulta a los ciudadanos”.

La consulta en términos llanos debería ser para juzgar actos de corrupción y atrocidades que se cometieron en la “etapa neoliberal”, como los mineros de Pasta de Conchos, la guardería ABC de Sonora, de los desaparecidos de Ayotzinapa y de la corrupción denunciada, como el caso de Emilio Lozoya.

Para que todos estos actos no queden impunes como dice, no se requiere de una consulta púbica, mucho menos de un cambio de régimen, se precisa de voluntad política, de cumplir con las leyes, para que el peso de la ley caiga sobre los responsables sin circos ni manipulaciones.  

En realidad, no existe un cambio de actuar en nada, sólo ha cambiado la manera de cómo quedar impune ante la corrupción de la que nadie se quiere deslindar, ni los de antes ni los de ahora. En breve estaremos pidiendo justicia para los más de 160 fallecidos sólo en Tlahuelilpan, Hidalgo por su combate fallido al huachicol; los Cendis, las estancias infantiles creadas por el PT y señaladas como un modo de blanqueo de impuestos y que fueron subvencionadas por la 4T; los negocios al amparo del poder de banqueros como Ricardo Salinas Pliego o Carlos Hank González; los contratistas del gobierno federal que se benefician de contratos sin licitación, del desabasto de medicamentos para niños con cáncer, los feminicidios, los moches a Pío López Obrador o a sus cuñadas y así... un largo etcétera.

Al final, la estrategia del camarada presidente es concentrar todo el poder en su persona, como hicieron los conservadores del Siglo XIX. 

Sin embargo, los que por años luchamos por la democracia y por un proyecto de izquierda progresista, simplemente no entendemos los desplantes autoritarios ni el conservadurismo de la 4T, pero sí podemos ver con claridad que el peligro está en dar un medio salto al golpe de Estado.