El día de ayer, durante su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que dará apertura a todos los expedientes del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –ahora Centro Nacional de Inteligencia-, a fin de que todos sus documentos puedan ser consultados a nivel público, que hasta hoy están clasificados como confidenciales por el simple hecho de contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.
Por otro lado, el artículo 6° de la Constitución, garantiza el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos, misma que debe ser garantizada por el Estado. Estamos claros hasta ahí. El problema es que es muy complicado que los archivos puedan ser abiertos en su totalidad debido a las restricciones que la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 113, que como información reservada toda aquella que “Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.”
Siempre he estado de acuerdo con los archivos abiertos, tema complejo que tiene mucho para el análisis. Un elemento esencial de la democracia es la transparencia del ejercicio público, sin embargo, las leyes son las leyes y hay que cumplirlas. En ese sentido, la complejidad en el tratamiento de la información referente a la seguridad nacional es algo en lo que hay que ser moderado; se pueden tocar fibras sensibles.
Me parece que antes de firmar el decreto para la desclasificación de la información contenida en los archivos del CISEN, se debe realizar, propiamente, una evaluación archivística minuciosa que ayude a determinar el estado que guardan los documentos, no solo en el plano de la conservación, sino en sentido estricto de su organización, así como verificar la clasificación, instrumentación y correcta organización y demás aspectos técnicos que garanticen la identificación y recuperación de la información. Estas acciones ya debió haberlas implementado el Archivo General de la Nación (AGN).
Durante la XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, efectuada el 3 y 4 de mayo de 2018 en la ciudad de Antigua Guatemala, 2019 fue declarado como “Año iberoamericano de los archivos para la transparencia y la memoria”. Mientras tanto, me sumo a los esfuerzos por mantener archivos en correcto funcionamiento, y ayudar a conservar y difundir la memoria del país.
Veremos hasta dónde llega esta iniciativa de López Obrador de transparentar los archivos secretos y, a ver que arroja una vez que los documentos estén disponibles a la luz pública. En ese sentido, el trabajo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, junto con el AGN y la correcta aplicación de la Ley General de Archivos, que entra en vigor el 15 de junio, será trascendental para lograr un resultado satisfactorio.
