¿Cuánto mide el desorden de la administración anterior en la capital nacional? ¿Cuánto el componente electoral del naufragio político del 2018? ¿Cuánto lo político y cuánto lo legal?

Va a ser muy difícil determinarlo exactamente. 

Lo que sí está a la mano de la administración actual -a partir de su decisión de combatir la impunidad administrativa y habiendo sido ésta demostrada- es la probabilidad de sancionar el desorden y la impunidad en algunos casos. 

La reputación de quienes tienen fuero también es importante y el daño simbólico pega. 

La inhabilitación es periodísticamente relevante. Lo es la manifestación de una voluntad para hacerle recordar a él y a la opinión pública que hay un temple dispuesto frente a Mancera y de cara a los personajes de su administración que mantienen su preocupación en alerta rojo vivo o han decidido ausentarse como parte de sus cautelas.

La conversación sobre el desaseo que se atribuye a la gestión del ex Jefe de Gobierno de la CDMX, se reactivó tras la decisión de la Contraloría de la Ciudad de México para inhabilitarlo un año.

La resolución se deriva de un fallo de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la actuación de Mancera de poner en riesgo la equidad de la contienda presidencial en 2018, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad en el proceso.

El fallo sobre la acusación promovida por el PRI indica que apenas un par de días después de tomar licencia al cargo de Jefe de Gobierno, Mancera tomó parte en la difusión masiva de spots a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya. 

A pesar de tratarse de un fallo aprobado por los tres magistrados de la Sala, que es la autoridad electoral de última instancia, la Contraloría del Gobierno, en ese momento próximo a terminar su gestión en la Ciudad de México, a cargo de Eduardo Rovelo Pico, negó responsabilidad de Mancera y desechó el asunto. 

Pero la Sala Especializada anotó el incumplimiento e hizo las gestiones para obtener el cumplimiento cabal conforme a la ley.

La sanción se añade a las aplicadas a mil 680 servidores públicos, de los cuales, mil 613 son precisamente de la administración del ex Jefe de Gobierno, correspondientes al periodo enero de 2019 a febrero de 2020, de acuerdo con la información pública disponible; además de diversas sanciones administrativas a otros servidores públicos, impuesta por la Contraloría encabezada por Juan José Serrano Mendoza.

Ya el Senador por el PRD —partido al que representa pero no está afiliado—, ha dicho que impugnará. Seguramente reutilizará los argumentos que se pueden ver en la sentencia, según los cuales realizó el apoyo al candidato panista cuando ya no era servidor público de la CDMX. 

¿Cuántas veces el amparo o la impugnación de resoluciones judiciales es un ejercicio de relaciones públicas y cuántas es evidencia de verdades materiales o jurídicas?

Cuánto nos falta por conocer.