Cuando llegó Enrique Peña a la presidencia de la república, en el estado de Hidalgo casi hubo fiesta porque significaba que habría al menos dos grandes proyectos: el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en Tizayuca y la puesta en marcha de la cacareada pero frustrada refinería Bicentenario.
Hoy, casi dos años después que entró la nueva administración priísta al poder, la única certeza es que ambos proyectos están cancelados. El nuevo aeropuerto será finalmente construido en tierras mexiquenses y la nueva refinería, aunque no de manera oficial, está sepultada.
El problema es que la cancelación de ambos proyectos no es gratuita: el estado de Hidalgo quedó no solamente endeudado, sino que perdió inversiones, quedó con un par de terrenos ociosos y además con una calificación crediticia a la baja.
El analista de Moody?s Investors Service Francisco Urióstegui reveló en entrevista con El Financiero que desde que se hizo público que la nueva refinería Bicentenario sería suspendida, se supo que habría consecuencias para la perspectiva crediticia de la entidad. De acuerdo con el analista, La calificación de Hidalgo pasó de positiva a estable desde el pasado 24 de julio, lo que significa una degradación de su evaluación crediticia.
El gobierno de Hidalgo debería reclamar apoyo al gobierno federal, sea para atraer nuevos proyectos en los terrenos y espacios que estaban reservados para el aeropuerto y la refinería, o para obtener una condonación de la deuda que adquirió para comprar los terrenos donde sería instalada la nueva planta y que el gobierno de Felipe Calderón exigió ilegalmente como requisito.
Es importante recordar que Pemex recientemente licitó a la empresa española ACS (Actividades de Construcción y Servicios) un proyecto para la construcción de varias plantas en la actual refinería Miguel Hidalgo en Tula, lo que significará una inversión de unos 560 millones de dólares.
No obstante, el proyecto no se construirá en los terrenos destinados originalmente a la refinería Bicentenario sino que se hará en la actual planta Miguel Hidalgo de Tula. De ese modo, el gobierno federal no puede argumentar que con ese proyecto queda saldada la deuda que tiene con el estado de Hidalgo.
Por otra parte, el gobierno estatal está impulsando el desarrollo de la denominada Plataforma logística de Hidalgo (Platah), que pretende ser una zona tanto de distribución como de producción industrial, y que se ubica precisamente en una parte del polígono que la entidad compró pensando en la posibilidad de que el nuevo aeropuerto de la capital del país se instalara en él.
El problema es que el propio gobierno federal, con el anuncio del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, dijo que promoverá que la nueva terminal aérea se convierta en el nodo logístico e industrial más importante del centro del país, lo que de inmediato se convierte en competencia directa para el proyecto Platah.
¿Vive Hidalgo una especie de maleficio que impide que los grandes proyectos sean desarrollados en su territorio? La respuesta es que ni el gobierno estatal ha desarrollado la infraestructura para competir con las entidades que tienen una fuerte vocación industrial (desarrollada desde hace décadas) ni tampoco hay voluntad del gobierno federal actual, debido a que el presidente Enrique Peña está obligado a apoyar a los grupos de poder que lo llevaron a la presidencia de la república y que están ubicados precisamente en el Estado de México.
La paradoja es que, pese a que hay decenas de funcionarios de alto nivel en el actual gobierno federal de origen hidalguense, poco pueden hacer para favorecer a su entidad.
Pese a todo, el gobierno estatal actual y quienes ocupan cargos en la administración federal están obligados a pelear al menos por disminuir la pesada deuda que tiene Hidalgo y que tiene origen en la promesa de dos proyectos cuya ejecución no tendrá lugar en su territorio y que, no obstante, son parte de los compromisos firmados por Peña Nieto ante notario público.
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