Sin información pública suficiente, el pleno del Senado le cumplió al gobierno y ratificó el protocolo modificatorio del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El aval fue prácticamente unánime (107 votos a favor y solamente la negativa del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza) y compromete al país a mantener y reforzar las estructuras neoliberales construidas por las administraciones públicas del pasado, aunque por pudor, los legisladores establecieron el compromiso de crear una comisión especial de seguimiento a la instrumentación del Tratado.

Los acuerdos que incorpora cambios al documento original en materia laboral, medio ambiente, biomedicamentos, acero y aluminio, junto con nuevos objetivos para el Banco de Desarrollo de América del Norte, también involucra derechos sobre propiedad intelectual.

El tema de la propiedad intelectual es otro de los temas esenciales para definir el horizonte de México como una potencia económica o continuar como procesadores de bienes intermedios.

Contenido en el capítulo 20 del T-MEC ratificado hace un año por los senadores, los Derechos de Propiedad Intelectual se planteaban asegurar que la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual favorezcan la promoción de la innovación tecnológica, la transferencia y difusión de tecnología, con la finalidad de asegurar el equilibrio entre derechos y obligaciones para alcanzar el bienestar social y económico.

Sin embargo, las autoridades mexicanas modificaron los términos planteados a partir de las exigencias estadounidenses y, ante la premura de la ratificación, pero sobre todo por la falta de información, las cosas cambiaron.

A partir de que entre en vigor el T-MEC veremos cambios importantes en instituciones como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), así como en los criterios de las instancias judiciales encargadas de atender estos temas, incluida la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la Fiscalía General de la República.

Una gran cantidad de tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, patentes y marcas o de tecnología no habían sido ratificados, revisados o incorporados por sus beneficios por nuestro país.

La apresurada ratificación de los cambios sustanciales al T-MEC por los senadores mexicanos, cuando en Estados Unidos y Canadá no forman parte de sus agendas legislativas, puede ser constitutiva de obstáculos y problemas para el progreso de nuestro país.

En consecuencia, cualquier paso que hayan dado en falso nuestros legisladores será un factor de retroceso científico, tecnológico y cultural, con las gravísimas consecuencias económicas y sociales que eso significa porque las afectaciones pueden ir desde el bloqueo al acceso de innovaciones tecnológicas a eventuales temas de censura en la Internet.

Pero también involucra problemas en materia alimentaria que llevarían a modificar, ya no en función de los intereses nacionales sino de nuestros socios de Norte América, documentos como la Ley Federal de Variedades Vegetales, con lo que eventualmente se podría obstaculizar el derecho de los agricultores para conservar una parte de su cosecha a fin de volver a sembrarla en el siguiente ciclo agrícola.

Otra vez, las artimañas basadas en la desinformación de los temas públicos, más la ignorancia y apatía opositora de los partidos políticos, pueden ser otro obstáculo para el desarrollo.

La premura legislativa con la que se pretende que el T-MEC asegure certidumbre a la inversión, no garantiza necesariamente avances en competitividad ni el inmediato repunte económico de México que se traduzca en bienestar social.

El proceso es más complejo y exige democratizar con información todas y cada una de las decisiones de gobierno.

@lusacevedop