Desde hace varios años, el campo mexicano ha sido el centro de los discursos más encendidos de la política y desde el inicio del régimen actual se le colocó como uno de los puntales del cambio moral y de la transformación nacional, lo que albergó grandes esperanzas porque parecía que se reconocería que, por encima del abandono social y la demagogia, es el sector más dinámico de nuestra economía.
En medio del estancamiento del año en curso, el sector agropecuario no ha dejado de crecer y México es el décimo exportador mundial, con lo que se alcanzó un superávit agroalimentario por más de 6 mil millones de dólares, genera alrededor de 15 por ciento del empleo formal del país y representa 8 por ciento del PIB.
Todo esto se ha logrado a pesar del sistemático recorte presupuestal que se intensificó desde 2016 pero que no se revirtió en el primer paquete económico elaborado plenamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien había ofrecido que como el campo ahora sí sería su campo, destinaría los recursos directamente a los productores para eliminar las corruptelas de intermediación de las organizaciones campesinas y llevaría al país a la autosuficiencia alimentaria. Pero no se ve claro.
El presupuesto agropecuario para 2020 se estableció en 46 mil 253 millones de pesos, unos 20 mil millones de pesos menos frente a los 65 mil 434 millones de pesos que se aprobaron para este 2019 y que en términos nominales el monto a discusión es similar al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. Como se observa, hay un marcado retroceso.
Hace unos meses se había dicho oficialmente que el gasto para el campo podría llegar a 65 mil millones de pesos el próximo año, pero el desplome de la economía hizo que se recortaran diversos programas como el de Concurrencia y Actividades Productivas, el de Competitividad Agroalimentaria, de Fomento Ganadero y el Programa de Sanidad e Inocuidad, además del recorte al seguro agrícola, con la que se solventan los problemas de sequía y otras contingencias ambientales que, junto con otros, representan una reducción de casi 30 por ciento efectivo.
De esa manera se desvanecen los ofrecimientos gubernamentales de apoyar directamente a los pequeños y medianos productores, especialmente los pobres, y si bien se mantiene la estrategia de proporcionar recursos públicos, se hace como en el pasado, sin mejorar el ingreso rural ni romper el estancamiento de la productividad agropecuaria y se continúa con la dependencia de importaciones de cultivos básicos.
La realidad económica con cero crecimiento durante este año, cerró el margen de maniobra financiero tanto por la complejidad y limitaciones de las fuentes de ingresos tributarios y por los compromisos de gasto no programables, como la deuda de Pemex, entre otros.
Sin apoyo racional al campo, en 2020 se desplomarán los avances y se aumentarán las importaciones de maíz, trigo, soya y arroz, que actualmente significan 30, 46, 94 y 180 por ciento, respectivamente. Además, será casi imposible alcanzar la autosuficiencia agroalimentaria, una de las promesas de la Cuarta Transformación.
En los hechos, se observa un doble discurso gubernamental porque, por una parte, habla de moralización de la vida pública y acciones para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, pero sus decisiones se concentran en construir organizaciones sociales subsidiadas, en lugar de promover producción, en este caso, agropecuaria.
Las inconsistencias laberínticas entre los dichos y los hechos en materia presupuestal han puesto en crisis a la Cámara de Diputados y al país en riesgo; porque si no se logra un acuerdo a más tardar en la medianoche de este viernes 15 de noviembre, por ley se repetiría el gasto público que se aprobó para 2019 pero que, por el estancamiento económico actual, no será posible financiarlo como no sea con endeudamiento que tendrá que pagar con más sacrificios la población.
@lusacevedop
