Si en verdad se entendiera el peso político que tienen las palabras en boca de los gobernantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca habría citado a Cicerón para advertir, con la mirada entornada y el índice señalando al cielo, que la historia es la maestra de la vida.
Y no lo habría hecho porque la oferta de recorte de los tiempos oficiales hecha a los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) no solo lo coloca en una decisión idéntica a la que ejecutó el expresidente Vicente Fox al inicio de su mandato, sino que plantea un ominoso retroceso de 17 años para la historia de México.
Los hechos manifiestan varios asuntos de importancia capital, pero entre los más relevantes por ahora sobresale en primer lugar, que el presidente López Obrador “mordió el anzuelo” que le lanzó José Luis Rodríguez Aguirre.
Aunque fuera de contexto, este líder de los concesionarios de la radio y televisión lo persuadió de que cargan con un tributo “impuesto por un abuso de poder” que se le conoce como “decreto mordaza”, impuesto por el presidente Díaz Ordaz para hacer frente “a los lamentables y trágicos sucesos de 1968”.
Con la seducción que significa hablar del pasado, también expuso su desacuerdo por los tratamientos fiscales y regulatorios que -además de no resultarles más rentables- los obligan a competir en un mercado globalizado.
Y a cambio de un cambio de reglas favorables, le ofrecieron su “amor y vocación” para trabajar unidos por México.
En un segundo punto, como Vicente Fox en 2002, el presidente López Obrador y la corte de sus asesores no entienden el valor social de los Tiempos Oficiales, que jurídicamente pertenecen al Estado y no al gobierno, como cándidamente expresó el jefe del Ejecutivo, quizá por la manera en que fueron pervertidos por los usos y las costumbres.
Para que nos entendamos, porque así está en la normatividad y en la literatura oficial del gobierno de la 4T, los Tiempos Oficiales son espacios de transmisión con los que cuenta el Estado mexicano como garante del espacio radioeléctrico nacional, tanto en la radio como en la televisión abierta, para difundir temas educativos, culturales y de interés social.
Están constituidos por Tiempos del Estado y Tiempos Fiscales. Los Tiempos de Estado son transmisiones gratuitas diarias de hasta 30 minutos, disponibles en cada estación de radio y canal de televisión abierta.
Los Tiempos Fiscales se establecen mediante un decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda a recibir de los concesionarios el “pago en especie” una parte proporcional de los impuestos que les corresponde.
Desde su origen, se estableció que el tiempo oficial puede ser empleado por los gobiernos de los estados y los municipios; sin embargo, en la práctica ha sido acaparado por el gobierno federal, aunque luego se abrió a los poderes Legislativo y Judicial.
Con la reforma en las telecomunicaciones, el espectro se abrió en favor de los organismos autónomos que, como contrapesos del Ejecutivo, se avanzó en la democratización del país.
La confusión y el desconocimiento de estos tiempos no es nueva, prevalece desde 1960 cuando estos conceptos se incorporaron en la Ley Federal de Radio y Televisión, pero quizá su relevancia recae en el hecho de que fue en 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y ante la escasez de recursos para financiar la propaganda de los Juegos Olímpicos, que se estableció a los concesionarios que cubrieran con tiempo de transmisión un gravamen de 12.5 por ciento de impuesto.
Hace 19 años, con la llegada de Vicente Fox se rompieron siete décadas de dominio político bajo la mano del PRI e inició, como ahora, un gobierno basado en la propaganda y en una relación compleja con los medios de comunicación que se agravó a lo largo de dos años y que en medio de diversos disparates llevó al presidente a pagar para que se transmitieran los mensajes del gobierno.
Pero la presión de los concesionarios no lo dejó ahí. Presionaron hasta que Fox emitió el 10 de octubre de 2002 un decreto con el que recortó el tiempo fiscal que le permitía al Estado mexicano disponer de manera gratuita del 12.5 por ciento del tiempo de transmisión en todas las estaciones de radio y TV abierta y que equivalía a unas tres horas diarias.
Desde entonces, apenas ya nos queda alrededor de media hora al día.
Como entonces, el desconocimiento o la ignorancia estrechan los márgenes de maniobra del Estado y obliga al gobierno a doblegarse ante los grupos de poder, siempre en condiciones que parecían inéditas pero que la historia, cuando se entiende en función del contexto, refleja errores gravísimos que siempre deterioran a la sociedad.
Y lo peor, cuando los ciudadanos nos empeñamos por el cambio, los líderes se empeñan por repetir lo peor de la historia.
Gatopardiano. Hace muchos años, antes de que la “aldea global” se impusiera, había una marca de aparatos de radiodifusión cuyo logotipo se distinguía por un fonógrafo que a su lado tenía a un perro que fielmente atendía lo que se difundía desde la bocina. La frase que remataba la imagen decía: La voz del amo.
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