Sería interesante conocer hasta dónde piensan llegar la autoridades en el caso Lozoya, porque está visto que no es él el objetivo de este gobierno, y siendo un personaje de alto nivel en el sexenio pasado, el contexto obliga a elucubrar que la pretensión es ir tras alguien de mayor peso, un pez gordo, como se suele decir. Inocentemente pudiéramos pensar que toda esta trama podría estar dirigida a lograr la detención del ex presidente, Enrique Peña Nieto, lo que sería algo así como la joya de la corona del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero habrá que dejar de lado el romanticismo para poner los pies en la tierra y darnos de una vez por enterados de que no será en esta administración cuando algún ex presidente termine tras las rejas; ni Peña ni Calderon llegaran a pisar la cárcel, así que tendremos desde ahora que esperar que si acaso algún segundón sea el chivo expiatorio.
Después de todo el tipo de privilegios y canonjías que ha recibido Emilio Ricardo Lozoya Austin, el ex director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), detenido en febrero en España y supuestamente extraditado a México el 17 de julio pasado, ya tenemos por cierto que no es el trofeo que busca López Obrador, sino un distractor para las múltiples aristas que tiene abiertas la Cuarta Transformación, principalmente en temas como la pandemia, la violencia y la economía.
Un circo más es lo que hemos observado en medio del presunto proceso que se le sigue a Lozoya, a quien por cierto nadie ha visto en México desde su supuesta extradición, pues habrá que recordar se armó todo un montaje para evitar que pisara el Reclusorio Norte, y se urdió una faramalla para llevarlo a un hospital donde supuestamente permanece desde hace casi 15 días a causa de una anemia que ni siquiera ameritaría un día de hospitalización.
El caso es que no llegó a la cárcel y no va a tener que vivir esa desagradable experiencia estando como está, colocado entre algodones por el gobierno de AMLO, pues habrá que recordar que tras sus declaraciones frente al Ministerio Público, el juez del caso Odebrecht le concedió libertad condicional y solo deberá llevar un brazalete electrónico y firmar cada 15 días en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Para evitar la fuga, -que seguramente no pasa por su cabeza dado que goza de total protección y privilegios-, el ex director de Pemex entregó su pasaporte y su visado estadounidense. En tanto el juez concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) 6 meses más para la investigación complementaria, tiempo que el imputado podrá disfrutar tranquilamente y con todas las comodidades de su hogar, ya que aún cuando está acusado de varios delitos y ha sido vinculado a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita, producto de la compra a sobreprecio de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados, y se le vinculó a proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho en el caso Odebrecht, no le fue dictaminada prisión preventiva –porque la Fiscalía no lo solicitó-, pero eso sí, tendrá la terrible molestia de presentarse a firmar quincenalmente.
Sería interesante saber qué está pensando Rosario Robles sobre este proceso, siendo que la ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio anterior, lleva casi un año en prisión en espera de juicio, desde el 13 de agosto en que acudió voluntariamente a declarar -tras ser acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma- y el juez de control le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga al detectar que poseía una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al declarado.
O qué pensará el doctor chiapaneco, Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fue detenido y encarcelado luego de ser acusado por la hija de un exdiputado y exlíder de un partido político local luego de su fallecimiento derivado de coronavirus.
El galeno está acusado de “abuso de autoridad” por haber pedido a los familiares del paciente medicamentos para su tratamiento con los que no contaba el hospital, siendo que se le brindó atención cuando incluso, el enfermo no contaba siquiera con seguridad social.
El médico no tuvo derecho de audiencia y durante los cuatro meses que el juez determinó para la investigación complementaria permanecerá en reclusión.
La justicia selectiva que rodea el caso Lozoya recae en lo vulgar, en lo opaco, en lo aberrante, en lo que ya no queremos ver en este país.
¿A dónde se quiere llegar?
Porque pareciera es mucho lo que el gobierno está concediendo al ex director de Pemex, quien pese a los delitos que se le imputan no va a estar en prisión ni él ni su prole, llámese su mamá, hermana y esposa, involucradas todas en sus fechorías.
Además, lo más seguro es que no veamos que devuelva un solo peso de los tal vez cientos de millones que obtuvo producto de esas transacciones que dice fue obligado a cometer “bajo presión e intimidaciones”, por las que se declaró inocente.
Y lo más importante, ¿a quién va a entregar y quiénes realmente caerán? Porque ya hemos escuchado no pocos nombres que ha comenzado a involucrar en sus declaraciones, muchos de los cuales también se han comenzado a deslindar de forma enfática.
Emilio Lozoya tiene por lo pronto seis meses para seguir maquinando su estrategia, para seguir poniendo nombres, para seguir entregando cabezas, solo falta que presente pruebas, que se lleven a cabo las investigaciones, que las instancias correspondientes las documenten, y si es que se llega a juicios -en un tiempo seguramente muy lejano-, estos estén apegados a derecho y haya castigos ejemplares.
Por lo pronto, él seguirá entre algodones, disfrutando de su libertad, de sus privilegios, de su inmensa fortuna y de dar el pueblo mexicano atole con el dedo.
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