Libertad de prensa. El Estado no puede

El Comité Mundial para la Protección de los Periodistas (CPJ), calificó el homicidio de los reporteros gráficos Gabriel Huge Córdova y Guillermo Luna Varela, como un acto que pone de relieve la grave crisis que hay en México y que vive la Libertad de Expresión.

La muerte de ellos dos en el estado de Veracruz, así como la de Esteban Rodríguez e Irasema Becerra que también estaban vinculados a los medios de comunicación; él como reportero y ella como publicista, no son, ni de lejos, un problema de seguridad.

Su muerte se sumó a la de Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana; a la de Yolanda Ordaz y Regina Martínez Pérez, ocurrida apenas la semana anterior, todos ellos y ellas comunicadores, siete en activo al momento de su muerte, siete asesinados en un lapso de 11 meses.

Y no los victimaron para robarles o por asaltarlos, aunque las autoridades pretendan ingenua y absurdamente manejar esa versión como posibilidad como lo intentaron en el caso de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la Revista Proceso.

Los mataron por realizar su trabajo y es ahí donde la situación de la inseguridad deja de ser el problema principal; Ciertamente existen todos los elementos para creer con certeza que los crímenes son producto de la delincuencia organizada, pero ya dijimos que no fueron víctimas porque intentaran robarles, secuestrarlos o algo por el estilo, sino por ejercer su función; es tan simple de explicar como si dijéramos que a un médico lo asesinaran por curar enfermos.

Algunos podrían comparar la situación con la muerte de un integrante de algún cuerpo de seguridad, pero… no es lo mismo, ni es igual; el reportero vive en la más absoluta vulnerabilidad. El homicidio de los colegas y la forma de ejecución, lo dice así de manera contundente.

Miguel Ángel y Misael López, así como Regina Martínez fueron asesinados en el interior de sus domicilios, en el lugar donde más deberían haber estado seguros; Y el año anterior, el 2011, en Veracruz se contabilizaron 66 agresiones en contra de periodistas, más de la mitad provenían de funcionarios y/o servidores públicos de mediano a bajo nivel, que por su carácter burócrata deberían ser los primeros en cumplir la ley.

Así es que –insisto-, no es un problema de inseguridad, es un asunto de represión, persecución mortal, de venganza.

El estado está rebasado, la “autoridad” no puede; la guerra se perdió, la seguridad es un anhelo y las garantías ya no existen, al menos no en Veracruz, donde desgraciadamente nadie podría decir lo contrario.

Y no es que se adopte una visión catastrofista, pero las cifras no mienten, al menos no en este caso; en lo que va del sexenio gubernamental federal, en los tres estados más peligrosos el conteo es así: Veracruz, 9 periodistas asesinados; Chihuahua 7 y Guerrero 6, pero aunque el número de fallecidos no crezca con la misma celeridad en otros lugares, el panorama no es más alentador en Sinaloa, Baja California, Michoacán o Jalisco; tampoco en Durango o Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas, donde la única protección ha sido la autocensura y el anonimato se ha convertido en un cálido abrigo.

El resultado del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue fatal para las garantías individuales en México; terrible saldo para la sociedad de Veracruz y el país entero.

Organismos internacionales coinciden en que una gran amenaza acecha la vida democrática en México. La verdad es más cruda, “Cuando el Periodismo Calla, la Democracia Agoniza”.

0
comentarios
Ver comentarios