¿Ley contra el outsourcing?

El presidente López Obrador anunció ayer durante su mañanera una iniciativa de ley que contemplará la eliminación del outsourcing o la subcontratación de empleados por parte de terceras personas morales. La iniciativa del presidente, en teoría, es pertinente, y si es bien implementada, contribuiría a la reducción de la pobreza y a atenuar los niveles de desigualdad.

Las empresas mexicanas y extranjeras que operan en México han abusado de las lagunas de la ley  —y la falta de un agente supervisor— para la implementación de un régimen laboral que priva a los empleados de derechos laborales, tales como las prestaciones, la generación de antigüedad laboral, y en algunos casos, del aguinaldo anual. Por otro lado, el régimen del outsourcing permite a los empleadores manipular el sistema de la seguridad social mediante la declaración de los sueldos percibidos por los trabajadores como salario mínimo, muchas veces por debajo de las percepciones reales. Este régimen puede conducir, a la postre, una vez que la fuerza de trabajo haya sido agotada, a una pauperización tras el retiro formal del trabajador.

Si dicha ley es promulgada, nuestro país presenciaría una intromisión sin precedente del Estado en la vida nacional. Ciertamente, reforzaría ostensiblemente el papel del gobierno federal, o en su caso, si procede, de una comisión reguladora encargada de supervisar el actuar de las empresas privadas. Con ello, el presidente López Obrador terminaría con un elemento característico del neoliberalismo, entendido éste como el repliegue estatal de la economía y de la vida pública en diversas materias.

Muchos argumentarán que este nuevo marco jurídico podría conducir a la pérdida masiva de empleos, pues un gran porcentaje de los trabajadores en México se encuentran empleados bajo el régimen del outsourcing. Ello generará un cabildeo de los empresarios vis-a-vis los legisladores bajo la bandera de salvar millones de empleos. Sin embargo, para evitar el desempleo, la ley —y su posterior reglamentación— deberá prever que las pérdidas provocadas por la contratación directa de los empleados sean absorbidas por las empresas vía sus utilidades.

El debate en torno a esta iniciativa de ley se asemejará a la discusión en los círculos intelectuales y políticos sobre el incremento del salario mínimo y sus repercusiones en el mercado, en los precios y en la inflación. Todo dependerá de un buen texto jurídico que proteja el derecho de los trabajadores a la vez que no incida sobremanera en las ganancias obtenidas por los empleadores.

En suma, la propuesta de López Obrador deberá ser revisada muy cuidadosamente, pues si bien en principio es argumentativamente válida, la debilidad del Estado mexicano, la corrupción de los funcionarios y la cultura en los centros de trabajo podrían desembocar en el fracaso de la iniciativa, y quizá, mayores afectaciones para los trabajadores. ¿México preparado para una ley contra el outsourcing? Tengo mis dudas.