Opinión

    Las reformas del Pacto por México

    La presunta corrupción de los legisladores que integraron el Pacto por México deberá ser investigada y perseguida: y sus actores, procesados.
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    Por José Miguel CalderónAugust 21, 2020 at 5:52 am CDT

    El escándalo de corrupción provocado por las declaraciones de Emilio Lozoya, y la difusión de vídeos que comprometen a individuos ligados a senadores panistas refleja nuevamente la descomposición que azota a la clase política mexicana.

    Los supuestos sobornos de Odebrecht parecen apuntar hacia la formación del Pacto por México: alianza legislativa conformada por el PRI-gobierno encabezado a la sazón por Enrique Peña Nieto, y por las principales fuerzas de oposición en el país: PAN, PRD y PVEM. El Pacto por México -rechazado por muchos por tratarse de una alianza cupular- dio lugar a una serie de reformas constitucionales que permitieron, a la postre, la promulgación de leyes secundarias que definirían el sexenio de Peña Nieto, y a la vez, reforzarían la voz opositora de López Obrador con la fundación de Morena.

    El Pacto hizo posible las reformas energética, fiscal, de telecomunicaciones y educativa. La reforma fiscal (PRI gobierno -PRD con la oposición del PAN) fue tremendamente impopular pues revolucionó el sistema de recaudación nacional (normalmente ninguna reforma fiscal suele ser popular) Esta reforma fue aplaudida por organismos como la OCDE pues hizo posible la despetrolización de los recursos del Estado, y el aumento en 3.4 puntos porcentuales la recaudación en relación con el PIB: nada negativo para un Estado que recauda apenas el 16% del Producto Interno Bruto. Reforma cuestionable que ha sido objeto de debate pues parece apuntar exclusivamente hacia las clases medias.

    La reforma educativa – a diferencia de las otras - contó con los votos de toda la mayoría opositora, con la excepción de un puñado de legisladores radicales del PRD quienes abandonarían eventualmente el partido. La reforma supuso el enfrentamiento con los anquilosados intereses del SNTE e hizo posible el inicio de la recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado. Esta reforma contó con una gran legitimidad legislativa y aceptación popular. Hoy es historia.

    La reforma en las telecomunicaciones, por su parte, hizo posible una mayor competencia en el mercado, el fortalecimiento de instituciones reguladoras, y con ello, la reducción de los precios de la telefonía fija y móvil.

    Finalmente, la reforma energética, asiduamente promovida por el PAN durante los gobiernos de Fox y Calderón – y apoyada por los panistas en el seno del Pacto por México- permitió la inversión privada en la exploración y extracción del crudo. Esta reforma ha sido la más controvertida, debido a la transformación de paradigmas relacionados con la propiedad del petróleo desde 1938, por tratarse de la reforma que trastocó el emblemático artículo 27 constitucional de la herencia revolucionaria, y por ser, hoy día, el centro del escándalo provocado por las declaraciones de Lozoya.

    En suma, la presunta corrupción de los legisladores que integraron el Pacto por México deberá ser investigada y perseguida: y sus actores, procesados. Sin embargo, las reformas emanadas de la coalición legislativa, así como sus resultados en materia de política pública, merecen una lectura aislada. La reforma educativa – la que contó con el apoyo de toda la oposición en el Congreso- fue desmantelada, con argumentos ajenos a la calidad de la educación, por López Obrador y por la mayoría morenista durante los primeros meses de la administración.

    El resto de las reformas deberán ser revisadas, pero no desde la óptica política acendrada por los escándalos de Lozoya, sino con base en criterios objetivos, con el propósito de contar con un justo marco jurídico que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos y del interés general. En este tenor, suscribo la opinión de Leo Zuckermann: una cosa es la corrupción y otra las reformas.