Ayer entró en vigor una importante reforma a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y diversas leyes locales (como códigos penales y leyes orgánicas judiciales): la llamada reforma de narcomenudeo.
El nuevo marco jurídico para la farmacodependencia, el narcomenudeo y el narcotráfico genera más dudas, temores y recelos que confianza: ¿es una claudicación de las autoridades federales en la lucha contra el crimen organizado? ¿Las autoridades ministeriales y judiciales locales están preparadas para enfrentar este reto? ¿Hay una estrategia de inteligencia en cada una de las entidades federativas para combatir este tipo de delitos? ¿Se va a estigmatizar –aún más- al farmacodependiente?
Desde la Presidencia de la República, pasando por la Procuraduría General de la República, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, los gobiernos, congresos y tribunales locales, se ha reconocido una y otra vez que el narcomenudeo es uno de los principales motores de la riqueza y violencia generadas por el crimen organizado. Con tribunales locales que pagan mucho menos a sus funcionarios, quienes además están impreparados no sólo en la materia penal, sino en los más mínimos rudimentos jurídicos –con excepciones muy dignas, como el Distrito Federal-, procuradurías estatales que son sucursales de las bandas delictivas y policías municipales que son trabajadores de las organizaciones criminales, el panorama es desalentador.
Es más, suponiendo que, mientras escribía el párrafo anterior, todas esas deficiencias estructurales y humanas de las autoridades locales desaparecieron, esta reforma tiene un problema que no es tan urgente ni inmediato, pero sí mucho más grave en cuanto al fondo: la criminalización del consumidor de estupefacientes a causa de las políticas de seguridad pública –confundidas y guiadas por las políticas de seguridad nacional, regional e internacional-.
Ahora, si se suma la ineficacia y la corrupción a la ignorancia y prejuicios relacionados con la criminalización del consumidor, sólo puede esperarse un resultado terrible: esta reforma es el escenario ideal para que el narcomenudeo crezca aún más al amparo de las autoridades estatales, usando como chivos expiatorios a todos aquellos que tienen un padecimiento adictivo.
Es una perspectiva lamentable y espero estar equivocado.