*La traición juega un papel preponderante en esta trama

Como ya lo había advertido, el círculo se sigue cerrando en torno a Enrique Peña Nieto (EPN), y ya no se ve tan lejana la posibilidad de que en México se pueda vivir un juicio sin parangón en la historia reciente para que finalmente se llame a cuentas al ex presidente por el caso Odebrecht y La Estafa Maestra, a través de los cuales se habrían cometido delitos como cohecho, lavado de dinero y crimen organizado. Si bien se presume la existencia de un Pacto de impunidad entre el ex mandatario y su sucesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y este último ha reiterado que en el quehacer de la Fiscalía General de la República (FGR) no hay una persecución ni venganza política, parece que la traición está jugando un papel preponderante y todo apunta en una misma dirección. En tanto, Enrique Peña Nieto, quien permanece en España quizá debiese poner sus barbas a remojar, cuando se tiene como antecedente que en el particular caso de la empresa constructora brasileña, ex presidentes y ex funcionarios de otros países han terminado en prisión, algunos llegado al suicidio, al exilio y/o padecido la muerte política.

La traición llegó de la mano de personajes del ambiente más cercano a Peña Nieto. El primero de ellos Emilio Lozoya Austin, quien fuera Director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante su sexenio. La vida dio un vuelco monumental para quien fuera Director en Jefe para America Latina en el Foro Económico Mundial de 2006 a 2009. Luego de ser aprehendido por la Interpol en España, fue extraditado en julio pasado a México por cargos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado. Para salvar su pellejo, como se dice coloquialmente, acusó a Enrique Peña Nieto y al ex titular de Hacienda y ex canciller Luis Videgaray Caso, de haber utilizado pagos de Odebrecht para la campaña electoral presidencial de 2012 y posteriormente para sobornar a legisladores a fin de que aprobaran las Reformas Estructurales.

De acuerdo con la denuncia de Loyoza Austin, quien ahora goza de la protección gubernamental al convertirse en testigo colaborador, se pueden configurar delitos electorales, corrupción, y crimen organizado.

Lozoya también acusó a Luis Videgaray de desviar recursos públicos para lo que pretendía fuera su campaña electoral a fin de suceder en la presidencia a Enrique Peña, y de pagar asesores electorales que implantaban estrategias para desacreditar a los ex candidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador.

A finales del mes pasado, la Fiscalía General de la República, intentó obtener una orden de aprehensión en contra del ex secretario Videgaray por el delito de traición a la patria y otros de tipo electoral y de corrupción, pero terminó por desistir luego de que el juez pidiera más información para sustentar el caso, quedando de momento cancelado el proceso, aunque es un hecho que el ex funcionario está en la mira de la FGR y podría presentar nuevamente la solicitud de orden de aprehensión por estos u otros delitos.

Hay que mencionar que a los señalamientos vertidos por Emilio Lozoya en contra de Videgaray, se sumaron recientemente los de Emilio Zebadúa González, quien fuera Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU.). Ante la FGR, declaró que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ordenó el desvío de recursos públicos de una docena de dependencias federales a través del mecanismo conocido como La Estafa Maestra para el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con lujo de detalle, narró en 18 páginas el modus operandi de La Estafa Maestra, del que se deslinda de cualquier participación, aunque él fue apoderado legal de las cuentas bancarias y encargado de administrar el presupuesto de ambas dependencias.

Por otro lado, a mediados de agosto pasado un video difundido en YouTube exhibía a dos ex trabajadores del Senado recibiendo fajos de billetes, presuntamente como parte de los sobornos que el ex director Emilio Lozoya, hizo a legisladores para la aprobación de reformas estructurales.

Al ser citado a declarar al respecto, Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, declaró ante la Fiscalía General de la República que sí recibió sobornos por parte de funcionarios del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, los cuales afirma que fueron entregados a políticos del PAN.

De acuerdo con la declaración ministerial de Caraveo ante la FGR, a la que tuvo acceso el diario Reforma, el ex servidor público del Senado señaló que acudió en siete ocasiones a recoger 15 maletas llenas de dinero.

En tanto, Norberto Gallardo Vargas, jefe de escoltas de Emilio Lozoya Austin, relató que personajes como José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, y Ricardo Anaya Cortés, entre otros, recibieron dinero como parte de los supuestos sobornos para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso el periodista Abel Barajas, el también integrante del Estado Mayor Presidencial fue el encargado de entregar el dinero a los involucrados; además de conocer el lugar donde se guardaba el dinero de los sobornos: un baño de las oficinas alternas de Lozoya Austin, en Montes Urales 425, en Lomas de Chapultepec.

Gallardo Vargas habría declarado ante la Fiscalía General de la República que solo tres personas tenían la llave del baño: José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya; Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, y una tercera persona cuyo nombre no fue revelado.

El jefe de escoltas señaló que una vez que entregaba la maleta o maletín con el dinero, tenía la obligación de decirle a los destinatarios que el contenido era de parte “del Jefe Videgaray”.

Se han estado conociendo las declaraciones ministeriales de personajes involucrados en actos ilegales relacionados con la administración gubernamental anterior, y en este sentido habrá que revisar en qué parte del proceso se encuentra la trama Lozoya-Peña-Videgaray, para elucubrar lo que puede devenir en las subsecuentes semanas o meses.

De entrada, tenemos que, como resultado del perdón a Lozoya y conocer que goza de libertad y privilegios, cada vez se están sumando más ex funcionarios y personajes dispuestos a cargar con el estigma de traidores antes que vestir uniforme y pasar un buen tiempo tras las rejas. De tal suerte que han decidido presentar su declaración ministerial y decir lo que vivieron a cambio de convertirse en testigos protegidos.

Caso aparte es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pero la semana pasada se pronunció dispuesto a declarar en contra de Peña Nieto, aunque aseguró que de su parte existe solo un interés genuino porque se conozca la verdad y no busca algún beneficio o condonación.

El corrupto ex mandatario, aseguró que Peña sí recibió recursos para su campaña presidencial en 2012, por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Ahora bien, a partir de la declaración ministerial de 63 páginas de Emilio Lozoya, se cuenta con un hilo conductor en que la Fiscalía habrá de corroborar los dichos de su testigo colaborador. Deberá entonces recabar los testimonios de sus cuatro testigos; verificar recibos; revisar movimientos bancarios; citar a declarar a otros implicados; y comprobar su dicho; antes de iniciar procesos penales por desvío de recursos, delitos electorales, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Y seguramente entonces, sabremos hacia dónde y hasta dónde el actual régimen está dispuesto a llegar en esta investigación que por lo demás apunta con mayor fuerza a una estrategia política que jurídica.

Sabremos si se está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias e iniciar un procedimiento jurídico en contra del ex presidente Peña Nieto, que quizá ya podría iniciar con las acusaciones derivadas de los señalamientos que hay en su contra por parte de varios testigos. O si todo es parte de un circo político para ganar simpatías y al final acabará con algunos mandos menores en prisión, siendo quizá una de las sacrificadas la ex titular de SEDESOL y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y se respetará el Pacto de impunidad.

A lo lejos, da la impresión que la cuerda se está ajustando al cuello de Enrique Peña Nieto, algo que electoralmente puede ser redituable para quien así lo pretende pensando en 2021, pero de cerca, todavía quedan muchos pasos por cumplir y llama la atención que las filtraciones en la FGR están a la orden del día. Piensa mal y acertarás.

Muchos personajes sujetos a investigación y todavía nadie ha sido exonerado, solo Pío López Obrador.

Opinión.salcosga@hotmail.com