En antaño, el reto de los sistemas de justicia alrededor del mundo, era contar con suficientes normas y leyes para reglamentar la acción de hombres y mujeres, reducir el grado de incertidumbre presente en la vida en sociedad y colocar una serie de incentivos negativos a la existencia de conductas y acciones antisociales y, de manera contrapuesta, positivos al cumplimiento de lo señalado en la ley como un deber ser. Sin embargo, ese reto, hoy parece un arcaísmo –algo ya superado- por lo que el desafío contemporáneo para los sistemas de justicia es acabar con la impunidad, aquel fenómeno de no aplicar la ley frente a las violaciones de estas, o la comisión de delitos que atentan contra los derechos y libertades de otras personas.

En la actualidad, se asume la impunidad como una anomalía, porque su normalización, en cualquier plano, constituiría el peor de los escenarios posibles; la claudicación del progreso social. Por esta razón, las instituciones encargadas de la procuración de justicia deben ser las primeras en formular estrategias para la eliminación de la impunidad y, consecuentemente, que todos los delitos que se cometan efectivamente sufran la carga punitiva impuesta por la ley. El compromiso en este sentido tendrá innumerables efectos benéficos: la desincentivación de los comportamientos delictivos, el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho y la garantía del derecho de acceso a la justicia para hombres y mujeres.

Dicho lo anterior, es relevante segmentar el análisis del tema para focalizarnos en un contexto en que su efecto negativo es multiplicador: los niveles de impunidad presentes en los casos de mujeres víctimas de violencia en México. Para el caso, seis de cada diez mujeres dicen haber sido víctimas de violencia, de las cuales sólo un 12% emprenden acciones legales y, entre los casos que dan lugar a una investigación, sólo un 2% concluyen con una sentencia condenatoria, esto puede tener varias explicaciones, por ejemplo: los bajos niveles de denuncia entre la población de mujeres víctimas de violencia; la percepción errónea de que denunciar la comisión de delitos no logra resarcir el daño a la víctima; la presunción de corrupción en las agencias del ministerios público; las afectaciones psicológicas/emocionales en la víctima de violencia, que logran impedir que emprende acciones legales en contra de su agresor o de la persona que cometió el delito.

Esta enumeración de posibles razones que impulsan la impunidad, también se ven complementados con el deficiente tratamiento judicial de algunos casos.  Sucintamente, los niveles de impunidad se verán reducidos cuando todas las instituciones y procesos involucrados en la procuración y administración de justicia, aumenten su eficacia. Desde cualquier trinchera, la justicia pronta y expedita debe asumirse como una deuda para con a sociedad mexicana.

En este marco de ideas y reflexiones, quiero destacar la realización del Seminario franco-mexicano “El Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia”, organizado por la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés de América Latina (IFAL) y ONU Mujeres, que tuvo lugar en el Museo Memoria y Tolerancia el día 27 de marzo de 2019. Fue un evento, en el que tuve la fortuna de participar y que cumplió precisamente con el objetivo de compartir experiencias con autoridades francesas, sobre cómo lograr garantizar el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.

El acuerdo general fue que la violencia de género contra las mujeres, es un fenómeno insoportable que afecta a todos; bajo esta premisa se entiende la necesidad de altura de miras para la búsqueda de soluciones más allá de las fronteras nacionales, como una acción fundamental. Proyectos donde se pueda hallar cooperación e intercambio de buenas prácticas para su aplicación en México, siempre teniendo en cuenta la contextualización necesaria.

La realidad es que la violencia contra las mujeres está presente en muchos países del mundo; eso vuelve un problema global apremiante la generación de proyectos y soluciones aplicables; sobre todo por que los compromisos del Estado mexicano también comprenden aquellos incluidos en los Tratados y Normas Internacionales de los que nuestro país es parte: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Toda las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otras; dicho marco normativo marca  la pauta de acción y obliga a todas las autoridades en todos los ámbitos.

Algunas de las aportaciones, por demás interesantes, generadas para el caso mexicano fueron las de crear áreas de atención ajenas a la policía para las mujeres víctimas de violencia, implementar un plan para castigar los ilícitos, estimular la denuncia y, por supuesto, garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia.

El camino hacia la justicia y la reducción de la violencia contra las mujeres, está en la reducción y eliminación del fenómeno de la impunidad en el sistema de justicia, por lo que la permanente capacitación de funcionarios, la adecuación de las leyes y una política firme centrada en la dignidad de las víctimas, son acciones indeclinables de los gobiernos y de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.