Colombia: justicia y paz

Paz en Colombia
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"La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa."Erasmo de Rotterdam

Colombia, después de más de medio siglo de conflictos y de 4 años de intensas negociaciones, ha logrado firmar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dicho conflicto ha dejado por lo menos 220 mil muertos de los cuales 81% ha sido población civil, además de 27 mil desaparecidos y 5 millones de desplazados.

Ha habido intentos por lograr una paz negociada con las FARC, que si bien no es la única guerrilla en ese país, sí es la más grande y la más antigua, pero tales intentos habían fracasado.

El acuerdo deberá ahora ser refrendado por los colombianos en un plebiscito que se celebrará el próximo domingo. En el supuesto de que gane el SÍ, iniciará el desarme y las FARC deberán prepararse para su reintegración a la vida civil.

En los intentos por lograr una tregua con las FARC, prima facie se observan fallas. Por ejemplo, lo sucedido en el gobierno de Belisario Betancur en los años ochenta, cuando se instaló la idea en un sector del país de oponerse a un acuerdo debido a que el partido Unión Patriótica (UP) -por el cual pretendían las FARC entrar en la legalidad-, sería una bifurcación del grupo armado. En ese contexto tuvo lugar la masacre de la UP, en la que se estima que 4 mil de sus militantes fueron asesinados. A partir de ese momento, inició un largo periodo de guerra sucia. Los presidentes Barco, Gaviria y Pastrana también intentaron infructuosamente terminar con el conflicto a través del diálogo.

Ulteriormente, vinieron los ocho años de Uribe en los que combatió a la guerrilla con toda la fuerza del Estado y con el arrojo de saber que su padre había sido asesinado por las FARC, logrando disminuir los secuestros y haciendo regresar a las FARC a la selva. Como corolario se dio un debilitamiento de la guerrilla; pero lo que no se logró, fue negociar la paz, en parte por la “tensa” relación de Uribe con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

A su llegada, el Presidente Santos emprende una labor de distensión con Chávez y da inicio una etapa de construcción de diálogo con las FARC. Para esta negociación, el gobierno impuso como cortapisa que las FARC suspendieran los secuestros, lo cual fue aceptado por la guerrilla. Solo por este hecho se puede decir que las negociaciones en sí ya han sido positivas.

Dentro de los puntos del acuerdo, es interesante reflexionar sobre el referente a las víctimas, en el que se define la forma en que la guerrilla y el resto de la sociedad, incluyendo al Estado, confesarán sus crímenes para lo cual se creará un Tribunal de Paz.

Los uribistas, comandados por el expresidente Álvaro Uribe, argumentan que el Tribunal de Paz otorgará impunidad. Idea que se presume ya que las penas de cárcel no podrán exceder de los 8 años y no serán compurgadas en cárceles ordinarias. Sin embargo, para obtener tales ventajas, será necesario que confiesen la verdad.

Es una justicia indulgente, pero esta es necesaria si se pretende alcanzar una paz negociada y conocer la verdad; la cual es esencial en un proceso de reconciliación y que traerá “cierta tranquilidad” a los familiares de las víctimas al saber qué fue lo que sucedió con sus seres queridos.

Paralelamente, hay civiles o miembros del ejército involucrados que ahora gozan de impunidad y que no están interesados en que la verdad se conozca. En dado entorno, se ha instalado una división entre quienes promueven el NO al plebiscito -los uribistas-, y quienes promueven el SÍ -el gobierno.

Huelga enumerar las ventajas de un pueblo unido y una tregua con las FARC; en este contexto, el gobierno se encuentra en la recta final de una lucha hacia la paz que implica amnistía e inclusión del enemigo, que se convirtió en enemigo por cuestiones que no nos corresponde enumerar ahora. Lo que sí es pertinente precisar, es que un Tribunal de Paz no significa impunidad, sino una justicia basada en un acuerdo; es decir, una justicia transicional que permitirá transitar del conflicto hacia la paz.

Saber la verdad de lo sucedido, extraer al enemigo del anonimato e integrarlo; representan grandes retos hacia la gobernabilidad.

Un NO al acuerdo, lo único que NO traerá, será la tan buscada y necesaria PAZ.

*Ernesto Elizondo es abogado egresado de la UANL y posgraduado en la Universidad de Paris-I-Sorbonne; ha sido profesor de la UANL y ha realizado un doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad. Actualmente escribe su tesis doctoral y colabora en la Misión de México ante la Unión Europea. La opinión aquí expresada es exclusiva de quien lo escribe.

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