En medio de la carrera frenética por contar con la vacuna contra la covid-19, el gobierno británico finalmente anunció hace unos días que sería el primer país en aprobar el compuesto desarrollado y comercializado por la farmacéutica estadounidense Pfizer. Según informó el primer ministro, Boris Johnson, la distribución de la vacuna a lo largo de todo el Reino Unido comenzará la próxima semana, lo que conllevará un desafío sin parangón en términos de la capacidad administrativa de los servicios públicos de salud.

La distribución de la vacuna, a pesar de representar la segunda noticia esperanzadora del 2020 (la primera fue la derrota de Trump en noviembre) ha levantado un buen número de cuestionamientos. Por un algo, algunos escépticos han argüido que la sustancia no cuenta con los más altos estándares de seguridad derivado del apresuramiento en su experimentación. Por el otro, se ha puesto en el centro del debate público la pertinencia de la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna.

¿Deben hacer los Estados obligatoria la vacuna contra el covid-19? Ciertamente, desde el punto de vista de la salud pública, y una vez que su seguridad y eficacia ha sido comprobada, la respuesta debe ser afirmativa, pues el propósito central es la generación de una inmunidad colectiva que detenga la propagación del virus, y con ello, el fin de la pandemia. Para ello es necesario la vacunación efectiva de un gran porcentaje de la población nacional, sumado a aquellos individuos que han generado inmunidad naturalmente.

Sin embargo, a la luz de las constituciones y de las leyes que rigen en las democracias liberales, los Estados no pueden forzar a un ciudadano a aplicarse la vacuna. Esto debe ser un acto libre garantizado por el derecho vigente. En este contexto, el primer ministro Johnson, ante pregunta expresa por parte del líder de la oposición, aseveró que la vacunación será un acto voluntario. Entiéndase que se trata del Reino Unido, desde luego. Otras historias contarán eventualmente los chinos, los rusos u otras nacionalidades gobernadas bajo regímenes autócratas.

En el caso mexicano, el lector recordará que el secretario Alcocer anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de 34.4 millones de vacunas. Buena noticia, sin duda (pues olvidemos por un momento que los recursos para tales fines no están etiquetados en el Presupuesto 2021) ¿Cómo deberá el gobierno mexicano promover la aplicación de la vacuna? Ciertamente, el Estado no estará facultado para implementar su obligatoriedad, pues según recuerdo, nos regimos bajo una democracia liberal. En este sentido, deberemos emular primero a los británicos, antes que a los rusos o los chinos.

En suma, una vez que México tengo la vacuna, el presidente López Obrador deberá hacer uso del efectivo púlpito presidencial, ya no para la promoción de su visión moral y ética del comportamiento de los mexicanos, sino para convencer a la población de la importancia de la vacuna, así como de la seguridad de la misma; a reserva de que Pfizer y/o AstraZeneca nos convenzan de su garantía.