Los organismos constitucionales autónomos forman parte de la democracia mexicana. Su origen, iniciado en la década de los noventa como resultado de la pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado mexicano, echa raíces en la elección de 1988, cuando el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, obtuvo la mayoría de votos en el marco de la primera elección presidencial en la que el abanderado oficial se enfrentó a dos personajes destacados de la oposición: Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier.
Salinas obtuvo eventualmente la constancia de mayoría en el contexto de un clima político sumamente polarizado, y bajo la acusación de fraude electoral perpetrado por el PRI-gobierno contra el candidato del Frente Democrático. A partir de aquel momento, gobiernos y legisladores priistas y panistas iniciarían una serie de reformas que a la postre devendrían elementos de nuestro derecho constitucional.
Tras el IFE, siguió el Banco de México y la hoy convulsa Comisión Nacional de Derechos Humanos; y durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se sumarían el INEE, COFECE, INE —heredero del acervo jurídico del IFE— e IFT.
El desarrollo de estos organismos es sintomático de la ausencia de confianza de la ciudadanía en el gobierno federal. Debido a ello, el legislativo, con miras a recobrar la legitimidad perdida, cercenó competencias del ejecutivo, y las transfirió a organismos independientes de toda injerencia externa, tanto del presidente como de las Cámaras.
Si miramos la organización de los comicios electorales en las democracias liberales comprobaremos que son regulados por los ministerios del interior de los gobiernos, pues la ciudadanía goza de la certidumbre de su legalidad y transparencia. En otras palabras, no existen INE's autónomos responsables de conducir las elecciones en países como Estados Unidos, España o Francia.
En materia de Derechos Humanos, la CNDH surge como resultado de un reclamo ciudadano ante los abusos de autoridad cometidos por las fuerzas del Estado mexicano. El recuerdo de los atroces hechos de 1968, entre otros, hizo posible sumar a este organismo a la lista de instituciones independientes de los poderes del Estado. Los recientes hechos violentos acaecidos en la sede del CNDH han puesto contra las cuerdas a Rosario Piedra, quien tendrá que legitimar la razón de su nombramiento, y deberá desmentir a los que acusaron su nominación de ser contrario a la ley, con motivo de su pasada afiliación a Morena.
Si bien los organismos autónomos “oxigenan” la democracia de mexicana, al presidente López Obrador parecen no agradarle. Se deshizo del INEE en unos meses y ha atacado políticamente -y presupuestalmente- a los otros.
En suma, los organismos autónomos son costosos y anómalos —en comparativa con otras democracias—, pero necesarios en un México que no cree en la transparencia del gobierno federal ni de sus funcionarios. Quizá el recuerdo del entonces secretario Manuel Bartlett jugando con un lápiz en Bucareli —mientras caía el sistema de cómputo— parece pervivir en el imaginario colectivo mexicano.