La educación pública en México ha sufrido con motivo de la última reforma; aquélla promovida políticamente por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión. Recordemos la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente -la cual regulaba el ingreso, permanencia y promoción de los maestros- y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, institución autónoma cuya misión consistía en evaluar los componentes y procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional. Adicionalmente, la reforma al tercero constitucional supuso la obligatoriedad de la educación superior, lo cual suscitó cuestionamientos en torno a su pertinencia. Algunos cuestionarían ¿cómo poder asegurar educación superior pública de calidad si la educación básica está supeditada a intereses gremiales y sindicales?
Como resultado de las reformas, la educación privada en México resurge -tal como lo hiciese en la década de los ochenta como consecuencia de la crisis y los recortes presupuestales- como palanca de desarrollo para la niñez y adolescencia de México. Si bien la matricula de alumnos que cursan la educación privada es considerablemente menor, resulta necesaria la articulación de políticas de Estado que prevengan la fuga de cerebros, con miras a que los niños y jóvenes de planteles privados permanezcan en nuestro país y ofrezcan sus talentos y capacidades al servicio de México. Estas políticas de retención de talentos rebasan el tema educativo y pernean sobre un amplio abanico de temas tales como el crecimiento económico, el empleo y la seguridad.
El entorno profesional deviene cada día más competitivo. El incremento poblacional y el magro crecimiento económico hacen imperante una mayor inversión en educación. La emergencia de potencias educativas como Singapur, Finlandia y la República de Corea -tal como lo demuestran los últimos resultados de PISA- exigen que nuestros niños y jóvenes cuenten con todas las herramientas necesarias -profesionales y académicas- para competir en el mundo de hoy. Para ello, la internacionalización de la educación debe ser considerada como la mejor inversión de los padres de familia en el futuro de sus hijos.
En este tenor, iniciativas académicas de excelencia como BEO British English Olympics, programa educativo destinado a potenciar en los jóvenes de primaria y secundaria las competencias y habilidades necesarias para sobresalir en el mundo -la competencia tiene lugar anualmente en Londres- deben situarse al centro del nuevo paradigma educativo. Su alianza con Oxford International Education, organización con sede en Greenwich, Inglaterra, y especializada en la enseñanza del idioma inglés, ha hecho de BEO una herramienta invaluable de superación de miles de jóvenes mexicanos. Su introducción en un mundo multiétnico y multilinguístico les convierte en individuos plenamente competentes para hacer frente a los grandes desafíos del entorno internacional, a la vez que promueve en ellos la práctica de valores como la tolerancia, el respeto y la colaboración grupal, tanto dentro de su escuela como hacia jóvenes de distintos orígenes y credos.
La negligencia del Estado mexicano hacia la educación pública, así como el resurgimiento de los intereses sindicales en detrimento de la calidad de la educación, hacen imperativo voltear hacia la educación privada como opción, y muy particularmente, hacia la oferta educativa internacional. Aquellos jóvenes están llamados a ser el motor del desarrollo nacional. Si bien el Estado es responsable de promover la permanencia de estos jóvenes en México, los padres de familia son igualmente actores relevantes en ofrecer a sus hijos las mejores oportunidades educativas desde temprana edad, en aras de alcanzar la plenitud individual, y de proveer líderes que encaucen al país hacia mayores niveles de vida y bienestar.
