El reciente arresto del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos ha suscitado un sinnúmero de controversias y debates en torno a la corrupción en el ejército, la pertinencia de su participación en tareas de seguridad, sobre el trabajo unilateral del gobierno estadounidense contra el narcotráfico y la confianza ciudadana en las fuerzas armadas mexicanas.

A la luz de las últimas informaciones aparecidas en la prensa nacional, el patrimonio nada despreciable del general Cienfuegos creció ostensiblemente durante su paso por la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que apunta hacia la culpabilidad del exsecretario, y hacia una posible responsabilidad —y eventual procesamiento— de otros militares en el más alto escalafón de la SEDENA.

Como señala Héctor Aguilar Camín, el caso Cienfuegos no tiene parangón en la historia del Ejército mexicano y puede significar un parteaguas en la relación del gobierno con el estamento militar, así como la percepción ciudadana en relación con el ejército.

Si miramos la historia de México —y de la región latinoamericana— las fuerzas armadas han jugado un papel principal en la vida pública de las naciones. Han sido protagonistas de innumerables golpes de Estado y han sido actores de primera línea en incuantificables casos de violación de derechos humanos.

En el caso mexicano, los sucesos de 1968, la violencia generada tras la militarización de la vida nacional durante el sexenio de Felipe Calderón y los eventos de Tlatlaya, entre otros, han debilitado la confianza del ciudadano vis a vis las fuerzas armadas. Ahora, tras el escándalo de corrupción de Cienfuegos —culpable o no— el Ejército sufrirá un descrédito mayor de dimensiones difícilmente mesurables.

Sin embargo, existen casos exitosos de reconstrucción de la confianza ciudadana en las fuerzas armadas. Miremos el caso de España. Tras el fin de la dictadura franquista, la transición hacia la democracia hizo posible la edificación de acuerdos institucionales que condujeron a la reducción de la presencia del ejército. Con excepción de aquel sobresalto de 1981 —el lector recordará el intento de golpe de ese año— la democracia española fue capaz de restaurar la salud institucional tras décadas de rivalidad entre los órdenes civil y militar.

De vuelta en México, si el presidente López Obrador busca utilizar exitosamente a las fuerzas armadas en tareas diseñadas para las autoridades civiles, deberá investigar muy cuidadosamente las ramificaciones del caso Cienfuegos al interior de la SEDENA. Conviene poner el acento en el adverbio —cuidadosamente— pues un posible encauzamiento de militares de alto rango por el poder civil podría suscitar reacciones adversas en el contexto de un disgustado estamento militar tras su introducción en tareas que no corresponden a su formación.

De no ser el caso, el presidente podría renunciar a sus responsabilidades y dejar la tarea a las autoridades estadounidenses, como en el caso Cienfuegos. Según ha trascendido, la DEA —agencia adscrita al Departamento de Justicia federal— actuó unilateralmente sin previo aviso oficial a la embajada de México en Estados Unidos. Extraoficialmente la embajadora Martha Bárcena fue informada y esta a su vez dio a conocer el hecho a AMLO, de acuerdo a lo comentado por el propio presidente en una de sus mañaneras

López Obrador ha prometido incansablemente el destierro de la corrupción y la regeneración de la vida pública. Las fuerzas armadas no están exentas, y sobre todo, si estas estarán involucradas en tareas que afectan diariamente la seguridad de todos los mexicanos.