Un informe del Instituto Igarapé y del Instituto transfronterizo de la Universidad de San Diego denominado: “El camino del arma: estimaciones del tráfico de armas a través de la frontera entre México y EU”, concluían hace unos años, que el flujo de armas estadounidenses hacia México y Centroamérica, es el principal factor que alimenta la violencia en nuestro país.
Al respecto del número de armas que ingresan y circulan en México, se calcula que es de alrededor de 2 mil armas de fuego, asimismo que el 85% de las armas que transitan en nuestro país son de procedencia ilegal, las cuales tienen como origen los EUA.
Otro informe que confirma la hipótesis inicial fue realizado por la organización Amnistía Internacional, en este señala que “sin el flujo de armas de los Estados Unidos a México, las agrupaciones delincuenciales mexicanas no habrían tenido la oportunidad de dotarse del armamento para confrontar a otras facciones criminales, enfrentarse con el Estado y poner en juego la seguridad de los ciudadanos”.
Como ya vimos estas armas no fueron introducidas al país de forma legal, son traficadas ilegalmente a México, pero además en los estudios se ha revelado otro dato significativo: que un gran porcentaje de estas armas son producto de decomisos hechos por las propias autoridades mexicanas.
Si estas armas fueron decomisadas, ¿por qué entonces están en circulación?
Entonces: ¿El gobierno mexicano y estadounidense tienen verdaderas intenciones de reducir el número de armas que ingresan a nuestro territorio?
El mercado negro de armas en México no sólo proviene de las armas introducidas ilegalmente a nuestro país desde los EUA, sino que también se abastece de las que ingresan legalmente, hipótesis que se confirma al conocer el número de armas que han “desaparecido” de las propias corporaciones de seguridad.
Aunado a los indicios de que algunos de estos grupos delincuenciales podrían incluso estar fabricando sus propias armas, ya que las autoridades mexicanas han logrado desmantelar varios sitios de fabricación de armas caseras en entidades como Jalisco y Michoacán.
No solamente se trata de la falta de decisiones de algunos niveles de gobierno de nuestro país o de la ausencia de propuestas contundentes que ataquen el problema de fondo, indudablemente, también influyen las legislaciones y políticas de otras naciones, sobre todo de los EUA, nuestro mayor proveedor de armas de fuego legales e ilegales.