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AMLO y el reto de construir una industria eléctrica, soberana, eficiente y de bajo costo. Parte III (última).

Industria eléctricaMargarito Pérez/Cuartoscuro

Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, Diputados aprobaron Dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica.

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley Eléctrica.

Se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley con carácter preferente enviada por el Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Varios son los aspectos en los que se revierten los cambios habidos en ella, en su principal institución la Comisión Federal de Electricidad, una vez desaparecida la compañía de Luz y Fuerza del Centro durante el gobierno del Lic. Felipe Calderón Hinojosa. El conflicto estaba planteado (junto al que involucra a Pemex) desde la asunción al poder del proyecto político de la 4T- 4R.

La cobertura ideológica y propagandística de los opositores al proyecto, que encierra poderosos intereses económicos transnacionales, contrapone el deseo de integrar una industria energética soberana como pivote estratégico para recuperar la rectoría del Estado, para soportar el cambio de modelo de desarrollo económico, social y político, con el “retroceso” en la materia, como parte de un deseo de “presidencia imperial”, como renuncia a la sustentabilidad ambiental energética, así como a la producción de energías limpias y renovables, y a costas de los consumidores, porque implicará –dicen- un alza de las tarifas eléctricas.

El aspecto sustantivo hoy es que la CFE no puede producir toda la energía que se demanda, para lograrlo, la industria debía ser “modernizada y reformada”. De allí las reformas que vienen desde el gobierno de Carlos Salinas hasta EPN, que fueron abriendo brecha con el capital privado en el monopolio que tenía la CFE, que fue quien electrificó a todo el país.

La injerencia externa, sobre todo del gobierno de EUA en defensa de sus inversionistas en este proceso, es decir, del lado de los opositores, altera la correlación de fuerzas nacionales y pretende influenciar en forma determinante el desenlace del conflicto planteado, para frustrar la voluntad del Presidente AMLO en una parte central de su proyecto nacional de cambio para México. Esto es muy delicado. Y no solamente hay quienes lo consienten, sino muchos y destacados personajes quienes lo vienen pidiendo.

Resumiremos los cambios contenidos en la ley aprobada, primero en lo más general: modifica el marco legal constitucional de generación y aprovechamiento de la energía eléctrica en México, con dos repercusiones centrales: sobre la producción de otras fuentes colaterales de energía no convencional (eólica, solar, geotérmica) y sobre las fuentes de energía tradicional (gas, hidroeléctrica, del combustóleo y de carbón), así como en la gravitación del sector energético público-estatal en el conjunto de la economía. 

Si el Presidente AMLO logra rehabilitar la producción, comercialización y exportación de petróleo crudo e impulsar sensiblemente la industria de refinados (gasolinas, parafinas, etc.), podríamos estar hablando al final de este sexenio, de un cambio drástico en la industria energética de México con predominio público-estatal, y de una industria integrada y soberana, mucho más factible de ser estratégica para el desarrollo nacional con rectoría del Estado, que ha sido el frustrado sueño del cardenismo ideológico y político mexicano.

En lo particular:

I) una cuestión central es entender “los criterios de despacho” obligatorios que predominan en México, que significa producir y vender primero la energía más barata dando prioridad a las centrales generadoras del fluido eléctrico en la CFE que son las hidroeléctricas.

En segundo lugar, a las demás centrales de la CFE; posteriormente, a la energía eólica y solar (energías alternas) de los empresarios particulares; y, al último, a las centrales de ciclo combinado(que operan a partir de un ciclo de gas y otro de vapor) en poder de los particulares también. 

La iniciativa aprobada revierte este mecanismo que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) modelo bajo el cual hoy las distintas centrales que producen fluido eléctrico inyectan éste a la inmensa red existente por todo el territorio nacional. 

La iniciativa da prioridad a las centrales hidroeléctricas de la CFE (hoy en segundo lugar) que generan energía eléctrica usando una parte de combustóleo y carbón para ello, que deberán reconvertirse hacia otras energías menos contaminantes, lo cual reduce el espacio en el mercado de las energías sustentables como solar y eólica (predominantemente privadas), a quien les paga la CFE, pero no funcionan todo el día y la noche por el tipo de energía que usan, y CFE entra a complementar el servicio con sus propios costos.

II) Una de las formas más eficaces en que se abrió espacio a las empresas privadas fue permitiéndoles ser “auto-generadores” de su propia energía, pero estos se desarrollaron y al tener excedentes más allá de su consumo, empezaron a venderla a la CFE para que la “revendiera” a los consumidores. Se les dio una pauta de expansión en el mercado. 

La CFE está obligada a comprar electricidad a través de subastas, para elegir el precio más barato, lo que los cambios legales revierten y le da potestad para comprar sin subastas a cualquier planta o fuente, de acuerdo con el nivel de prioridades que tenga. 

La orientación es que la CFE produzca esa energía que hoy no tiene y por lo tanto el esquema de subastas no debe permanecer, libertad que no tiene que implicar alza de las tarifas, las cuales han venido subiendo desde hace varios años sin estos cambios legales y operativos.

III) Existen hoy los llamados Certificados de Energía Limpia (emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias) los que serán otorgados por la CFE al productor de energía que ella designe.

IV) El punto de mayor tensión política y jurídica es la iniciativa de dar opción a revocar permisos que se habían dado bajo la anterior ley a productores de autoabastecimiento o cogeneración, que han funcionado como una alternativa propia para cubrir necesidades propias también, que pueden ser revocados por una revisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ello rompe las expectativas de continuidad bajo el mismo estatus de estas empresas dentro del modelo de mercado creado antes, lo que les hace oponerse con todo.

En suma: se revierten las prioridades empresariales, se da nuevo posicionamiento a la CFE, se reducen espacios de mercado para la empresa privada y pueden cancelarse contratos de ella con la CFE hoy vigentes que atan a ésta última para los próximos 15-20 años, al propiciar que las centrales hidroeléctricas de la CFE despachen primero su energía al sistema eléctrico, seguidas de su central nuclear, plantas geotérmicas, la de ciclos combinados y de las termoeléctricas. En segundo lugar, las plantas de ciclo combinado de productores independientes de energía (PIE). En tercer orden, las centrales eólicas y solares de iniciativa privada, y al final los ciclos combinados privados.

Técnicamente, predomina un esquema de “costos variables” que al ser la CFE compradora a la empresa privada y suministradora del servicio al consumidor popular, le obliga a comprar a mayores costos y no poder reflejarlo en el precio de la tarifa al consumidor, ni tampoco expresar el “costo de servicios conexos”, que la creación de consorcios empresariales privados sí absorbe porque los que producen se asocian o son los mismos que consumen en gran escala, y ello desplaza a la CFE del mercado propiciando pérdida de una parte muy significativa de los grandes clientes privados que más consumen (se llama “Mercado Eléctrico Mayorista”).

La estructura actual nos ofrece algunos resultados fundamentales: Entre 2016 y 2018 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo menos ganancias, pues la utilidad neta acumuló una baja de 49.15 %, con lo que dejó de generar $46 mil 300 millones de pesos (falso que la caída de ganancias sean durante la presente administración), debido a mayores costos operativos y otros gastos; esta tendencia continuó reflejándose en el tercer trimestre de 2019. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró en todo 2019 una utilidad neta de $25, 673 millones de pesos, una caída de 58.3% en comparación con 2018, de acuerdo con su Informe Anual auditado presentado a la Bolsa Mexicana de Valores. 

En 2018, la utilidad neta (después de impuestos) registrada fue de $61,625 millones de pesos, por los efectos de impuestos diferidos (impuestos no pagados antes sobre la utilidad, y participación de los trabajadores en la utilidad, pagados) registrados y pagados durante el ejercicio 2019. (El Financiero, 03/07/2020).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ganancias por 25,000 millones de pesos (mdp) de abril a junio de 2020. Esta cifra representa un incremento de 114% con relación al mismo periodo de 2019. Uno de los factores que empujó este resultado fue la caída de los precios de combustibles que utiliza la empresa estatal para generar electricidad: cayeron en 41% respecto al periodo enero-junio 2019. 

La empresa mejor posicionada hoy en la industria eléctrica nacional, Ibedrola obtuvo un beneficio neto récord de $3.610,7 millones de euros en 2020 ($90,000 millones de pesos, aproximadamente), un 4,2% más de las ganancias obtenidas en 2019.

La palabra es de los mexicanos.