Opinión

AMLO, transición democrática y reforma administrativa. Parte II.

La oposición no quiere transigir sino pelear, contender y ganar la próxima mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas.
AMLO
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mayo 12, 2021 a las 05:00 CDT

“Auditorías de Desempeño”

Dijimos en nuestra disertación de la semana pasada, que son dos los grandes espacios de la vida pública en México en los cuales transcurre la disputa ideológica y política en la coyuntura electoral y lo serán hasta 2024: las insuficiencias y retrocesos de la transición democrática en México y los contenidos de la transformación hacia una vía alternativa de desarrollo que el Presidente AMLO ha denominado 4T-4R, explicitada ahora en su promesa de reforma administrativa.

El Presidente AMLO como líder de un movimiento transformador y actualmente como Jefe del Estado mexicano, tiene todo el derecho constitucional de proponer una reforma a la administración pública federal como su titular que es y de criticar la descentralización administrativa desarrollada en sexenios anteriores mediante la creación de diferentes organismos constitucionales autónomos (OCA) que absorbieron funciones previstas para determinadas secretarías de Estado, y otras nuevas que fueron creadas para ellos ex profeso, lo cual, ha impugnado políticamente en su diseño, funciones y resultados. Los “frentes de defensa de la Constitución” son una patraña y simulación ideológica y electoral, una maniobra política para pasar a la oposición al programa reformista encabezado por el Presidente, integrándose a una alianza opositora con quienes antes se ha defenestrado. Cualquiera tiene derecho a arruinar su historia si lo desea, incluyendo a Porfirio Muñoz Ledo, lástima.

Pero también hemos criticado la falta de precisión del Ejecutivo Federal que da la falsa impresión de que se opone y desea que desaparezcan todas las entidades públicas autónomas existentes, cualesquiera que sean las atribuciones constitucionales y administrativas que le sean inherentes. Falso. El planteamiento del Presidente, estimo, se orienta esencialmente a los organismos autónomos que el pensamiento y gobernantes neoliberales construyeron para hacer irreversible el modelo económico mismo. Es muy lógico que quiera ir contra ellos, es parte de su proyecto de transformación el revertir esos procesos institucionales.

El neoliberalismo mexicano planteó la descentralización administrativa sin atacar la corrupción ni la captura del Estado por mafias transnacionales empoderadas, sino fortaleciéndolas, integrándose funcionarios de alto nivel como el propio Lozoya a las redes de crimen organizado de “cuello blanco”, y en tal contexto, las entidades autónomas entraron al engranaje de corrupción e impunidad, de servicio a intereses privados, los casos son conocidos, desde lo electoral (el fraude de 1988, 2006 y la estructura de financiamiento paralelo de 2012) hasta los casos de la energía, el petróleo y la electricidad, sectores casi entregados por completo al capital nacional y extranjero con todo y “organismos autónomos”, incluso, fraudulentamente, como hemos conocido con los “casos Emilio Lozoya” y otros”. ¿En dónde estuvieron para impedirlo o denunciarlo?

Para el Presidente, el tema de las fallas graves de y en la administración pública se resuelven, no haciendo proliferar los organismos autónomos sino atacando en y dentro de ella, la corrupción, la impunidad y abriendo paso a la democracia participativa, al impulso de una nueva moral de servicio público, posicionando la reforma laboral y sindical dentro de ella, y no permitiendo el predominio de los intereses corporativos privados en las funciones constitucionales de la Administración Pública Federal, además de tener reforzados poderosos organismos públicos como la propia ASF y secretarías de despacho del Poder Ejecutivo como la Secretaría de la Función Pública, bien profesionalizados. Entonces, que tampoco nos vendan la hipótesis como “única vía” de que si tales funciones no las desarrollan organismos autónomos son imposibles de realizarse con eficacia. No es así.

Estamos hablando de dos enfoques, visiones o concepciones distintas. No cabe la estigmatización sino el debate de altura de frente a la sociedad que es quien paga la APF y los organismos autónomos, con los sueldos y emolumentos tipo “casta privilegiada” de sus funcionarios directivos, y quien ha resentido y condena el saqueo y la corrupción impune de las últimas décadas.

No obstante, son imperativas las “Auditorías de Desempeño”, no basta la voluntad política y la proyección programática del gobierno actual, tiene que haber evidencia preclara de su disfuncionalidad, inoperancia, bajos resultados, y de existir, de la propia corrupción, contrastado todo ello con su enorme costo financiero y la casta burocrática privilegiada que domina en ellos.

En los medios de prensa se difundió que acuerdo con datos de la ASF, el OCA que ha dejado mayor cantidad de recursos sin comprobar hasta la fecha es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tiene observaciones por $25.0 millones de pesos aún no solventadas. En uno de los estudios donde se señala una posible falla del mencionado organismo, se indica que en la Cuenta Pública de 2012 “incumplió los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al adjudicar un contrato sin buscar las mejores condiciones disponibles en el mercado”. (La Jornada, 18 de Enero, 2021)

La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene señalamientos del organismo revisor del gasto público por $24.3 millones de pesos, debido a irregularidades como pagos excesivos y extemporáneos a prestadores de servicios, así como por penalizaciones que no le aplicó a empresas que incumplieron contratos. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual tiene observaciones por $19.1 millones de pesos, en particular de la Cuenta Pública 2018, cuando pagó esa cantidad por módulos petrolíferos y de gas natural, sin que dichas instalaciones estuvieran en funcionamiento. Otros no han recibido ninguna observación o no han sido auditados.

Esperamos de buena fe que no se vaya a aplicar en estas observaciones la norma del Presidente Municipal y luego candidato “independiente” en San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva “Layín” de “que si robaba, pero poquito”, dado que los montos son casualmente muy similares. Esperamos sean solventadas las observaciones. La rendición de cuentas y la fiscalización superior se han convertido en un tema recurrente para los interesados en el análisis y la construcción de una democracia moderna. 

Efectivamente, si los gobernantes funcionarios de los OCA no responden a la sociedad por medio de los órganos autorizados para ello, si el uso de los recursos públicos no es transparente, económico, eficaz y eficiente; dicha conducta es sancionable conforme a la Ley Federal de los Servidores Públicos, porque la llamada “visión patrimonialista del Estado”, abusiva, en donde los funcionarios actúan como si lo que hay a su alrededor fuera de su propiedad o pudieran hacer lo que les plazca desde los cargos públicos, reducen de manera sustancial las posibilidades de un ejercicio democrático de los asuntos públicos. Esa es la relevancia de los ejercicios que desarrolla la Auditoria Superior de la Federación (ASF). La famosa visión de “los pesos y contrapesos” puede ser vista desde esta óptica, pero dentro de la APF puede ser aplicable esta máxima, no necesariamente solo con los OCA.

En todos los procesos de transformación social y política, o de transición siempre existe una etapa inicial de cierta concentración de atribuciones y poder en los gobernantes o en el líder, jefe de Estado o de gobierno. Hay muchos casos a los que puede acudirse, el propio caso de México. Lo inaceptable es que se prolongue dicha etapa indefinidamente, como sucedió con los líderes revolucionarios en México o los Jefes de Estado del Presidencialismo despótico en México.

Por ello las transiciones a la democracia son procesos de cambio político y social amplio y pactados. En México no concluyó con la llegada de la oposición de derecha ni de izquierda al poder presidencial. Sigue habiendo tareas centrales pendientes. Pero aquí la oposición no quiere transigir sino pelear, contender y ganar la próxima mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas, no quiere influir en el contenido de las reformas en curso, sino, detenerlas y revertir todo el proceso, es su apuesta máxima, bueno, entonces así estamos.