Antes de aprobar una iniciativa como la que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados para eliminar la figura de subcontratación, es necesaria la celebración de un ejercicio responsable de consulta y diálogo social.

Las organizaciones del sector privado y las empresas están comprometidas con el cumplimiento de un marco legal que fortalezca el respeto a los derechos de los trabajadores, al mismo tiempo que propicie la creación de empleos y la competitividad económica.

Como lo evidencian las vigorosas acciones de combate a la subcontratación ilegal que ya han emprendido las autoridades, el marco legal vigente resulta adecuado para proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y permitirá terminar con los esquemas agresivos de simulación que vulneran dichos derechos. Es posible que se justifiquen algunas adecuaciones y precisiones para afinar la legislación, pero, en términos generales, hoy se cuenta con los instrumentos legales suficientes. Lo importante es aplicarlos.

Las acciones de inspección laboral y revisiones fiscales, además de proteger a los trabajadores y sus familias, benefician también a las empresas cumplidas que enfrentan competencia desleal por parte de quienes adoptan prácticas abusivas e ilegales. Por ello, las organizaciones del sector privado han apoyado, sin titubeo alguno, este decidido combate a la ilegalidad que se ha emprendido desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador.

Por otro lado, con base en las severas disposiciones derivadas de la reforma sobre delitos fiscales que ya se encuentra en plena vigencia, se pueden generar sanciones ejemplares por parte de la autoridad fiscal para quienes incurran en este tipo de prácticas ilegales.

Existen muchas razones de índole económica, laboral y en general de seguridad jurídica para que las empresas adopten esquemas de subcontratación. Entre ellos, garantizar la operación cotidiana de las empresas, así como lograr una mayor eficiencia en los procesos y costos de las empresas. Pretender la eliminación de esta práctica legal provocaría profundas afectaciones para amplios sectores de la economía y para la creación de empleos.

Según estudios académicos, la subcontratación legal, que es de la cual dan cuenta los censos económicos, representa casi el 25% del personal remunerado total de las empresas y está muy arraigada en algunos sectores de la economía como son los servicios financieros, transportes, medios de comunicación, minería, aeronáutica y la industria automotriz, entre muchos otros.

Esto expresa la necesidad de contar con prácticas modernas, que son comunes en todo el mundo, y que favorecen a los empleados y colaboradores de las empresas, así como a la productividad, la innovación organizativa, la capacitación y la disponibilidad inmediata de personal técnico especializado.

La subcontratación legal representa una alternativa viable para reducir costos asociados a la gestión de personal, es un medio eficaz para reducir los tiempos de selección, contratación y capacitación de personal y es un mecanismo mediante el cual se da cumplimiento a toda la regulación mexicana, contando con el asesoramiento profesional laboral, fiscal y contable que en general acompaña a los servicios responsables de tercerización.

Hoy en día las empresas necesitan modelos de capacitación que permitan disminuir las brechas entre las habilidades que los jóvenes adquieren en las escuelas y las que se requieren en el mercado laboral, y generalmente a este tipo de trabajadores se puede acceder mediante las empresas serias dedicadas a la subcontratación y a la gestión de talento.

Sabemos que uno de los problemas que enfrentan las empresas, que motiva en muchas ocasiones una disminución de su productividad, es la rotación de personal. A través de la subcontratación se accede a personal calificado, de forma inmediata y los empleados cuentan con esquemas de prestaciones laborales que les resguarda su salud, su patrimonio, fomenta su desarrollo profesional y les da seguridad en el empleo, disminuyendo así de forma muy importante la rotación laboral.

Por otro lado, para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México, o bien para los nuevos empresarios, los servicios de subcontratación que prestan las empresas formales constituyen un medio que les garantiza dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, disminuyendo el riesgo de incumplimientos y sanciones, sobre todo considerando la legislación tan complicada que existe en México.

Es decir, la subcontratación responsable es un modelo que impulsa la productividad, permite el desarrollo personal y profesional de las personas y sobre todo, garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral y fiscal.

La regulación establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo no ha terminado de ser implementada a cabalidad y no debería reformarse algo que aún no ha sido probado y medido. ¿Qué se necesita? Que el gobierno junto con las empresas formales de subcontratación y el sector patronal, colaboren para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente, con algunas precisiones que ha previsto la autoridad laboral, como es la de establecer un registro de empresas de subcontratación y transparentar la práctica.

Es importante discutir ampliamente las ventajas y desventajas de las reglas que se propusieron en la iniciativa para frenar y criminalizar el uso de la subcontratación. La discusión sobre los modelos de subcontratación se ha centrado principalmente en el falso argumento de la precarización del empleo. Sin embargo, son pocos los estudios formales que analizan el fenómeno de la subcontratación en México, y aún menor es la cantidad de información recabada por las dependencias del gobierno para describir y caracterizar de forma clara a los servicios de tercerización y su impacto en la economía y en los trabajadores.

Sin un análisis profundo del fenómeno, la regulación propuesta podría poner en peligro numerosas fuentes de empleo. Según estimaciones hechas a partir de las cifras preliminares del Censo Económico 2019, existen más de 4.5 millones de trabajadores que en el 2018 se emplearon bajo el modelo de subcontratación legal en el sector formal de la economía. Es decir, el 25%, así es, la cuarta parte de los trabajadores remunerados, se emplearon bajo el modelo de subcontratación legal en el sector formal de la economía.

Los riesgos de las propuestas de la iniciativa son mayores en un contexto de bajo crecimiento y disminución de la actividad económica durante la pandemia. Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente a efectos nocivos en la economía, no sólo hablamos de los empleos que se perderían, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones ya que los sectores más importantes como son la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación para producir las mercancías que se exportan al exterior.

En suma, más allá de realizar una reforma al marco regulatorio laboral actual —me refiero a la regulación de la subcontratación establecida en el 2012–, es importante que tanto la Secretaría del Trabajo como el IMSS cuenten con los medios y atribuciones suficientes para realizar una adecuada supervisión y combatir la subcontratación ilegal, cuyas prácticas se convierten en medios de evasión o elusión fiscal.

La subcontratación, cuando se apega a la ley, garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social a los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

0-0-0-0

El autor, Javier Treviño Cantú, es director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial.