En Tabasco parece estarse escribiendo en estos días una nueva intentona del poder público por acotar la libertad de expresión en el país.
Se trata de la versión acaso más refinada hasta ahora de ?ley mordaza?, un dulce envenenado que al tiempo que desaparece los llamados ?delitos de prensa?, abre la vía civil para que se castigue a los periodistas y comunicadores donde duele más que la cárcel: en el bolsillo; a través de la llamada ?reparación del daño moral?.
La solución que encontraron los enemigos de la libertad al dilema de aceptar la crítica o reprimirla, es más bien sencilla: si meto a la cárcel a un periodista, lo hago héroe; en cambio, si hago que un juez lo obligue a reparar un daño moral, aunque por ello el periodista pierda su carro, su casa, su familia, su vida, la connotación que adquiere la represión es otra: ?legalidad?.
El autor de la iniciativa que se cierne amenazante sobre el periodismo tabasqueño es el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el primer gobernador de oposición en la historia del estado, un político a la vieja usanza priista, que no duda en tasar en dos bandos a los medios y periodistas locales:
Los aliados (a quienes, sin embargo, como buen alumno de Fernando Gutiérrez Barrios, hace firmar un contrato leonino, de subordinación inmoral, a cambio de que el gobierno le otorgue contratos de publicidad); y los críticos, a quienes su gobierno simplemente no toma en cuenta en la asignación de recursos públicos.
Durante los primeros meses de su gobierno, según reportes de la agencia de noticias digital Tabasco Noticias, Núñez había declarado una especie de guerra a la prensa tabasqueña en general, a la que había acusado de ?cómplice del saqueo? de Andrés Granier, de recibir millonarios recursos de los gobiernos priistas desde tiempos de Roberto Madrazo, e incluso de chantajearlo durante su campaña.
El miércoles 10 de abril de 2013, Núñez declaró en una entrevista con la televisora oficial tabasqueña, a propósito de sus primeros 100 días de gobierno, que la prensa lo estaba presionando para seguir recibiendo los ?millonarios recursos? que le entregaban los gobiernos del PRI y declaró que ?no me van a doblar a periodicazos?.
Cuando uno de los entrevistadores le preguntó si la prensa tendría garantizada la libertad de expresión aunque no hubiera relación comercial con ella, el ex subsecretario de Gobernación en tiempos de Carlos Salinas de Gortari expuso: ?Garantías hay, lo que no hay es recursos y aun si los hubiera, no los daría?.
?Ahí está el cambio verdadero?, remató para complacencia de sus entrevistados.
Sin embargo, la agencia Tabasco Noticias (que cerró al año de creada, ahogada por deudas y hostigada por la oficina de Comunicación Social del gobierno) descubrió que para cuando decía que no lo iban a doblar, el mandatario perredista ya estaba pagándole a un sector de la prensa tabasqueña cuantiosos recursos económicos del erario, lo que confirma que el mensaje estaba dirigido a medios y periodistas en específico, a los que Núñez simplemente no tolera por la actitud crítica que han adoptado hacia su gobierno. Los mismos que ahora pueden ser blanco fácil de su ?ley mordaza?.
A principios de 2013 en una plática con periodistas, reseñada con valentía por el columnista Rodulfo Reyes, corresponsal de La Crónica, en el periódico El Papiro (http://goo.gl/H8bs7H) el gobernador de Tabasco exhibió el trasfondo de su política de comunicación y de la ?ley mordaza? que ahora promueve en el Congreso local. A pregunta expresa, dijo que no tenía problemas con ningún comunicador, salvo ?con los hijos de su chingada madre de los Rodríguez Castro?.
José e Ignacio Rodríguez Castro son dos periodistas alineados editorialmente a los intereses del PRI tabasqueño, amigos de Roberto Madrazo, el gobernador que impidió que Núñez fuera candidato del tricolor en el año 2000 para imponer a Manuel Andrade.
La estrategia de control de la prensa de Núñez Jiménez (dos veces ex subsecretario de Gobernación) se basa sin embargo, en el sistema de premios y castigos que usaron sus antecesores para según él, ?atacarlo?.
Aunque en campaña ofreció que no habría más derroche de recursos públicos para la prensa y que la publicidad oficial se iba a entregar con la supervisión de un comité independiente de ciudadanos, ya en el gobierno, Núñez lo primero que hizo fue recurrir al pago del ?chayote? a periodistas y columnistas amigos de su gobierno; en ese tema, el único ?cambio? es que hizo firmar contratos, para no pagar el embute en efectivo sino mediante la entrega de facturas. (ver http://goo.gl/d9Agba)
Sin embargo, hasta los periodistas y medios aliados de Núñez tienen andarse con cuidado, porque en los contratos, para confirmar que ?no pago para que me pegues?, se estableció la ?cláusula Núñez?, en la que se asienta que ?en caso de rescisión del presente contrato, el prestador de servicios deberá reintegrar al Ejecutivo estatal la totalidad de la cantidad entregada de acuerdo a lo expresado en la cláusula tercera del presente contrato, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal del estado vigente a la fecha del incumplimiento?. (Ver cláusula quinta de un ejemplo de contrato en este linkhttp://goo.gl/GRplva)
?Sólo un loco va a querer que se enoje el gobernador y le rescinda el contrato; tendrían que devolver la totalidad de los recursos que haya cobrado, más los intereses acumulados, ahí está la forma de agarrar por los huevos a la prensa?, dijo un amigo periodista tabasqueño.
De acuerdo a la información disponible, en el 2013, el primer año de su gobierno, Arturo Núñez ajustó en dos ocasiones el presupuesto que le heredó la administración saliente, para poder aumentar el dinero público que entrega a su prensa, como en su tiempo lo entregaba el PRI.
El año pasado, el presupuesto original de la Coordinación General de Comunicación Social era de 40 millones de pesos, pero terminó siendo de 144 millones 812 mil pesos y este año ronda los 170 millones. (Ver ?Toda la Verdad de la Relación Prensa-Gobierno en http://issuu.com/tabasconoticias/docs/gaceta_13)
Pero además de dinero, el gobierno de Tabasco quiere usar la ley para garantizar que no haya un periodismo crítico a sus intereses. Por eso, personalmente el gobernador hizo enviar al Congreso la iniciativa para reformar el código civil y plantear la posibilidad de que se castigue económicamente a quienes según los jueces cometan difamación o calumnia.
En la nueva ley propuesta por Arturo Núñez se plantea que estarán sujetas a la reparación del daño moral y, por tanto, se considerarán como hechos ilícitos, las siguientes conductas:
I. La divulgación de la imputación que se hace a otra persona física o jurídica colectiva, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien.
II. La imputación a otro de un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa.
III. La presentación de denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido; y
IV. La ofensa al honor, o el ataque a la vida privada o la imagen propia de una persona.
En el nuevo articulado se plantea otro dulce envenenado para la prensa crítica: ?La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información?. Pero hay un añadido: ?siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo?.
Vienen sin duda tiempos difíciles para la prensa en un estado que ha tenido grandes periodistas, como José Pagés Llergo.