Hace tiempo conocí el caso de una mujer que era madre sola y hacía lo posible para darle lo necesario a su pequeño hijo de 6 años. Decía que el papá no le ayudaba en nada y ella no le exigía porque sentía que estaba pidiéndole dádivas. Nada más lejano a la verdad.

La pensión alimenticia es un derecho de los menores y su bienestar y pleno desarrollo deben estar por encima de todo. Pero la conducta de muchos padres los deja en estado vulnerable y las madres son quienes tienen el valor de criarlos con sus recursos.

Las madres que están a cargo de sus hijos no tienen que andar persiguiendo al padre para que se haga cargo. El Estado debe garantizar por todos los medios a su alcance que los hombres se hagan responsables de su paternidad. Por eso estoy proponiendo endurecer las penas a los irresponsables que dejan de dar su pensión alimenticia a partir de un mes.

Las sanciones propuestas son: sancionar con cuatro a seis años de prisión a quien renuncie o pida licencia sin goce de sueldo en su trabajo para no pagar la pensión alimenticia y si no tiene otro ingreso para hacer frente.

Al que incumpla, se le impondrá de tres a seis años de prisión y de quinientos a novecientos días multa, además de las otras sanciones que prevé el Código Penal local. Y si tienen cuentas de banco, casas y otros bienes, también podrán asegurarse a criterio del juez, con el fin de que den la garantía suficiente

Para quienes los solapen en sus trabajos, también habrá sanciones de dos a seis años de prisión y entre 500 y 800 días de multa. Y si no pagan pagar puntualmente, al primer retraso de 30 días, el Juez ordena su ingreso al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Hay que ver la cantidad de artimañas de las que se valen para no pagar la pensión alimenticia. Se dan de baja del trabajo, piden licencia, ocultan su sueldo. Incluso hay personas de las áreas administrativas que los solapan.

Se da en todos lados, en todos los niveles socioeconómicos y áreas de trabajo. La administración pública no es zona de excepción. Por eso estoy proponiendo que también inhabiliten hasta por tres años al funcionario público que se le ocurra “renunciar” o solicitar licencia sin goce de sueldo para evadir su responsabilidad.

Sus hijos comen diario, se bañan, van a la escuela, necesitan ir al médico y tienen necesidades recreativas. Debemos de impulsar sanciones más estrictas a los padres que no cumplen con su deber.