Comencemos por decir que el acuerdo de asistencia técnica firmado por el Estado mexicano con el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) es anticonstitucional. Va en contra de varias de las leyes y reglamentos dispuestos en la Carta Magna, además de vulnerar la soberanía y pisotear la dignidad de las instituciones nacionales.

El gobierno mexicano, hay que decirlo, no sólo actuó de buena fe al firmar este tipo de convenio con los llamados expertos, sino que actuó con una profunda ingenuidad al ignorar las consecuencias que tendría para el país abrir las puertas  a un grupo de activistas que, lejos de estar interesados en llegar a la verdad, buscan convertirse en héroes internacionales de los derechos humanos.

La institución más afectada por la inconstitucionalidad del convenio es el Ejército mexicano.

Lo es porque el GIEI pretende hacer depender el éxito de su investigación a que pueda interrogar directamente a los integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala, cuando el artículo 21 de la Constitución dice expresamente que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías…”.

Para decirlo de otra manera, la única institución facultada por las leyes para interrogar a elementos de las Fuerzas Armadas es el Ministerio Público. Nadie más.

Sin embargo, cuando el GIEI presente su informe de conclusiones, anunciado para el domingo 24 de abril, va a insistir en que no ha podido llegar a nada por culpa, entre otros, del Ejército.

Pero, hay algo adicional que se debe decir. Detrás de la  insistencia de los expertos por investigar, interrogar e incluso penetrar en ése y otros cuarteles, hay varios trasfondos. Hay, por decir lo menos, un carácter deliberadamente político.

Si la única intención fuera llegar a la verdad, las muchas y diversas declaraciones que han hecho los integrantes del 27 Batallón a la Procuraduría General de la República y los múltiples testimonios recogidos in situ servirían a los integrantes del GIEI para saber que el Ejército no fue responsable del secuestro y desaparición de los 43 normalistas.

Y que su principal interés debería estar puesto en llenar el vacío que nadie ha podido —o querido—  llenar hasta ahora en la investigación: ¿Qué hicieron los policías municipales y los narcotraficantes, autores ellos sí del secuestro o desaparición forzada, con los estudiantes? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde sus restos?

El GIEI está obsesionado por entrar en los cuarteles, pero extrañamente nunca ha puesto interés por investigar a los cárteles del narcotráfico que dominan la región y que, de acuerdo con miles de testimoniales y a los cientos de detenidos confesos que existen, participaron directamente en el crimen.

El acuerdo firmado por el grupo de expertos y el Estado mexicano data del 12 de noviembre de 2014. Es decir, estamos a más de un año de haberse suscrito el convenio y es hora en que los llamados expertos no han dado ningún resultado adicional a lo que ya se sabía.

Más que ciencia y técnica; más que eficiencia y profesionalismo; más que discreción y buena voluntad,  trajeron al país propaganda y activismo.

Una cosa es coadyuvar y la otra es sustituir. Y lo que han venido haciendo es desacreditar las instituciones para, luego,  ponerse ellos —¿o a quién más?— en su lugar.

Creen los expertos —por la historia que han vivido en sus países de origen— que el Ejército mexicano es igual al Ejército de Rafael Videla en Argentina o al de Augusto Pinochet en Chile o al de Anastasio Somoza en Nicaragua.

Pero más allá de la falta de ética y de confusión de criterios en este grupo de expertos, lo que se debe analizar es la inconstitucionalidad del acuerdo que firmó el gobierno con ellos.

De acuerdo con abogados que han formado parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano del cual forma parte el GIEI, el compromiso firmado entre el gobierno y el grupo es excepcional.

Lo es porque no hay otro antecedente de este tipo. No hay registro de que otro gobierno haya abierto las puertas, como las abrió México, a la CIDH para que llevara a cabo una investigación con atribuciones tan amplias, lo que ha llevado al grupo a sentirse dueño del país.

De un país del que hablan mal, al que menosprecian y consideran inferior al suyo.

¿Quién nos va a defender a los mexicanos —no a los políticos, no a los funcionarios— de los abusos y excesos del GIEI? ¿Quién va a impedir que, como pretenden, den un golpe de Estado a las instituciones nacionales?