En la mira. El derecho a insultar

 En realidad, la cuestión no se encuentra en si gritar «puto» es o no un insulto: aunque sea por divertirse, la diversión de la afición radica en decirle homosexual a un futbolista.

 

Ronald Dworkin, en una brillante columna publicada en El País hace ocho años, planteaba que en las sociedades democráticas «nadie, por poderoso o impotente que sea, puede tener derecho a no ser insultado u ofendido».

La columna de Dworkin, el más influyente filósofo del Derecho de las últimas décadas y uno de los abuelos del neoconstitucionalismo y la nueva defensa de los derechos fundamentales, puede leerse en la siguiente dirección electrónica: http://elpais.com/diario/2006/03/25/opinion/1143241211_850215.html

Aunque no coincido totalmente con lo planteado con Dworkin, me parece relevante referirlo, ya que hay opiniones, como la de don Federico Arreola, que sostiene que los gritos de «puto» al portero de Brasil no son insultos, mucho menos insultos homófobos.

En realidad, la cuestión no se encuentra en si gritar «puto» es o no un insulto: aunque sea por divertirse, la diversión de la afición radica en decirle homosexual a un futbolista. El tema es si existe (o no) el derecho a insultar a los demás. La Suprema Corte dijo hace poco que en México no existe el derecho al insulto, pero, como en la mayoría de las decisiones de ese Alto Tribunal, su verdad filosófica y científica está sujeta a debate.

Lo que dice Dworkin sobre el insulto

Explica Dworkin que «la libertad de expresión es una condición de Gobierno legítimo. Las leyes y las políticas no son legítimas a menos que hayan sido adoptadas mediante un proceso democrático, y un proceso no es democrático si el Gobierno ha impedido a alguien que exprese sus convicciones sobre cuáles deberían ser esas leyes y políticas. La burla es una clase de expresión bien determinada; su esencia no puede redefinirse de una forma retórica menos ofensiva sin expresar algo muy distinto de lo que se pretendía. Ése es el motivo por el que, durante siglos, las tiras humorísticas y otras formas de sátira han estado, incluso cuando eran ilegales, entre las armas más importantes de nobles y de perversos movimientos políticos».

En consecuencia, que nadie se encuentre inmune al insulto o a la burla es un principio «de especial importancia en una nación que lucha por la justicia racial y étnica. Si unas minorías débiles o impopulares desean que el derecho las proteja de la discriminación económica o legal, si desean que se promulguen leyes que prohíban la discriminación contra ellas, por ejemplo, en el plano laboral, deben estar dispuestas a tolerar cualquier insulto o burla que la gente contraria a dicha legislación desee ofrecer a los demás votantes, ya que sólo una comunidad que permita esos insultos como parte del debate público puede adoptar legítimamente dichas leyes. Si esperamos que los fanáticos acepten el veredicto de la mayoría una vez que ésta haya hablado, debemos permitirles expresar su fanatismo en el proceso cuyo veredicto les pedimos que acepten. Signifique lo que signifique el multiculturalismo, signifique lo que signifique reclamar un mayor "respeto" para todos los ciudadanos y grupos, estas virtudes serían contraproducentes si se creyera que justifican la censura oficial».

 Bajo estas consideraciones de Dworkin, si lo sagrado no es inmune a la burla o insulto, con mayor razón todo lo demás puede ser materia de mofa.

Sin embargo, el autor británico no deja de cuestionar la hipocresía de las sociedades europeas, que censuran el revisionismo histórico, pero exigen que se publiquen caricaturas que ridiculizan a Mahoma:

«Los musulmanes que se sienten escandalizados por las caricaturas danesas señalan que en diversos países europeos es un delito negar públicamente, como ha hecho el presidente de Irán, que el Holocausto haya existido alguna vez. Por tanto, dicen, la preocupación de Occidente por la libertad de expresión no es más que hipocresía interesada, y llevan razón. Pero, por supuesto, el remedio no es hacer que el compromiso de la legitimidad democrática sea todavía mayor de lo que ya es, sino trabajar por una nueva comprensión de la Convención Europea de Derechos Humanos, que revocaría la ley de la negación del Holocausto y otras leyes similares en toda Europa por lo que son: violaciones de la libertad de expresión que exige esa convención. Con frecuencia se dice que la religión es especial, porque las convicciones religiosas de la gente son tan esenciales para su personalidad que no se le debería pedir que tolere que se burlen de sus creencias, y porque podría sentir un deber religioso de contraatacar lo que considera un sacrilegio. Según parece, Gran Bretaña ha adoptado esa visión, ya que conserva el delito de la blasfemia, aunque sólo para los insultos a la cristiandad».

Asimismo, establece que el derecho a insultar no cancela el derecho a criticar a los que insultan, por su mal gusto o torpeza:

«Pero no podemos hacer una excepción con el insulto religioso si queremos utilizar la ley para proteger el libre ejercicio de la religión de otras formas. Por ejemplo, si deseamos impedir que la policía investigue a personas con aspecto o vestimenta musulmanes para llevar a cabo redadas especiales, no podemos impedir también que la gente se oponga a esa política afirmando, en caricaturas o de otro modo, que el islam está a favor del terrorismo, por muy descaminada que nos parezca esa opinión. Sin duda, deberíamos criticar la opinión y el gusto de esa gente. Pero la religión debe acatar los principios de la democracia, y no al revés. No se puede permitir que ninguna religión legisle para todo el mundo lo que se puede o no se puede dibujar, del mismo modo en que no puede legislar lo que se puede o no se puede comer. Es inconcebible que las convicciones religiosas de nadie se impongan a la libertad que hace posible la democracia».

En suma, para Dworkin existe el derecho a la burla y el insulto, este derecho implica el de cuestionar el gusto o razón de esas conductas, por razones democráticas nadie (ni nada) es inmune al insulto o burla. Incluso sostiene que las minorías débiles que desean que se promulguen leyes que prohíban la discriminación contra ellas, deben estar dispuestas a tolerar cualquier insulto o burla que la gente contraria a esa legislación desee ofrecer a los demás votantes, ya que sólo así las leyes y derechos serán adoptados con legitimidad democrática.

 Por tanto, en opinión de Ronald Dworkin, el debate público democrático debe permitir los insultos.

¿Y el #PutoGate?

Que, por divertirse, se grite «puto» en los estadios, no le quita el carácter de insulto (como en los casos de bullying, los que agreden también se divierten mucho a costa del agredido).

Incluso (y quizá es lo más grave del asunto), la gente insulta inconscientemente, ya que ha normalizado la violencia verbal. La diversión de gritarle «puto» al portero radica en que la masa menosprecia al homosexual, por lo que etiquetar al futbolista como gay tiene por intención (consciente o inconsciente) molestarlo. La gente dice «putos zapatos», «puta computadora» o «puto gobierno» porque es una cualidad negativa, semejante a la palabra «maldito» o «chafa». ¿En qué momento lo «puto» del homosexual pasó a ser lo inservible, nefasto o corrupto de, por ejemplo, la policía?

Habría que empezar por lo evidente: México es un país mayoritariamente homófobo, machista y misógino, en el que se normalizó el uso de vocablos cargados con agresiones sexuales. La pregunta es si, de acuerdo con Dworkin, debería ser aceptable que los mexicanos insulten con el uso del «puto». En realidad carece de relevancia si el portero insultado es homosexual o heterosexual, se le dice «puto» porque la sociedad homófoba hace de la homosexualidad una característica indeseable.

Nuevamente hay que decirlo, en el caso hay un insulto, ¿tenemos derecho a insultar?

Aun si aceptamos la tesis de Dworkin, ese derecho al insulto hace necesario el derecho criticar el insulto y a su autor.

De conformidad con los derechos humanos reconocidos en la Constitución, la libertad de expresión tiene como límite los derechos de terceros. Por tanto, hace falta que, como decisión fundamental del sistema político mexicano, se defina si entre esos derechos de terceros se encuentra el de no ser insultado. La tendencia legislativa va en contrario, porque la mayoría de los estados de la República han despenalizado la injuria, difamación y calumnia, al aminorar la sanción por ofender, han puesto en primer lugar la libertad de insultar sobre un posible derecho a no ser ofendido con las expresiones.

 

Sin embargo, fuera de México, nuestros compatriotas deben respetar las leyes internacionales y de los países que visitan. Esto no quita lo que señalé en mi anterior columna: la selección mexicana y la Femexfut no deben ser sancionadas por conductas que están fuera de su control, como las que pasaron en Fortaleza, Brasil, donde ellos eran meros invitados a un estadio que opera la FIFA y la federación brasileña.

Falta mucho por dialogar en la sociedad democrática mexicana, pero cuestionar este asunto es un buen comienzo.

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