El PRI ha demostrado que su adicción al poder es inconmensurable. Son capaces de todo, con tal de aferrarse a la silla. ¿Quién olvida el uso de toda la maquinaria institucional para robarse elecciones? ¿Quién olvida el uso de los programas sociales para torcer la voluntad de las y los ciudadanos? ¿O la impunidad en los casos de corrupción como Monex, Soriana, Odebrecht o la Casa Blanca? ¿Alguien tiene duda de que este Gobierno usa las instituciones para proteger a los corruptos y prolongar el pacto de impunidad que tanto daña a México?

Ricardo Anaya ha sido presa de una persecución sin igual por parte de la Procuraduría General de la República. No sólo por operar por “cielo, mar y tierra” con el objetivo de descarrilar a un candidato en franco crecimiento, sino porque han torcido el Estado de derecho y las leyes para fabricar una cortina de humo. Mientras vemos como aparecen estafas maestras, miles de millones de pesos que se desvían o gobernadores que saquearon a sus estados, la PGR se dedica a perseguir a sus adversarios políticos. Síntoma de su desesperación frente a un candidato que no quiere amnistías, sino que los corruptos paguen por lo que le han hecho a este país.

Desde la coalición de partidos que integramos la plataforma por México al Frente, hemos exigido a Peña Nieto que deje de utilizar a las instituciones para proteger a corruptos y amedrentar a adversarios políticos. México vive la peor crisis de corrupción en historia, y este gobierno ha sido incapaz de armar una sola investigación confiable que obligue a los corruptos a responder por sus trapacerías y a que devuelvan todo lo que se han robado. Este uso selectivo del aparato de justicia es lo que explica el desencanto de las y los mexicanos con el Gobierno que encabeza el PRI.

Es por eso, que coincidimos con las y los intelectuales quienes en días pasados hicieron llegar una carta a Peña Nieto, en la que mencionan que “usar a las instituciones del Estado mexicano contra un líder de oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios con democracias totalmente disfuncionales y que, ante la falta de autonomía del Ministerio Público Federal, es el presidente Peña Nieto la máxima autoridad de este proceso”.

Queremos un proceso justo, equitativo, en donde lo único que importe sea la voluntad de las y los mexicanos.

México se encuentra frente a un momento crítico en su historia. Por eso, seguimos apostando por un proyecto que cree en instituciones autónomas e independientes al servicio del país. En donde se cumpla la ley y el Estado de derecho.

Lic. Verónica B. Juárez Piña

Dirigente Nacional del PRD