Insatisfacción con el juicio de inconformidad, parte 2

Otra de las causas de insatisfacción que presenta el juicio de inconformidad planteado por Movimiento Progresista, como comentaba en una anterior participación, está causada por la configuración del nuestro orden jurídico: la supremacía de la ley resulta en una tensión política constante, pues la ley, como se concibe aquí, controla a todo un pueblo y no puede privilegiar a nadie en particular, por lo que un juez no puede alterar las reglas aún cuando las particularidades de un caso pudieran requerirlo aparentemente.

La supremacía de la ley, formalmente, nos viene desde que dejamos de ser una monarquía y pasamos a ser una república. Pero materialmente es algo con lo que no tenemos más de treinta años: a pesar de que en el imaginario popular Carlos Salinas de Gortari es la bestia negra nacional, fue hasta su mandato donde la legislación, aparte de modernizarse, comenzó a fungir prácticamente como un sistema ordenado de reglas y principios y no como un espacio de negociación. La negociación se daba antes de redactar una nueva ley. Así funcionan las cosas en el Estado constitucional moderno.

Ese principio de que la ley es la voluntad última que debe imperar y que no debe nadie estar por encima de ella, aunque en lo particular alguien pueda resultar aparentemente perjudicado, está siendo aplicado al juicio emprendido a raíz de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Como mencioné anteriormente, sería fascinante ver cómo al priismo se le impide la llegada a Los Pinos. Lamentablemente, la ley exige que se prueben las conductas trapaceras y viles que puedan enlodar una elección. Si se va a denunciar la compra de cinco millones de votos, al menos debe haber la misma cantidad de pruebas tangibles, por simple lógica aritmética.

Y por eso existe tensión: porque sin duda nos gustaría ver que con no más de diez mil objetos (a propósito del simpático chasco que resultó Expo Fraude) comprobamos la interferencia directa en cinco millones de sufragios. Es una proporción de 1 a 500. Afortunadamente no es así: si las pruebas se valoraran como Movimiento Progresista lo pretende -en violación a las normas procesales que nos rigen a todos,- sería igualmente probable encerrar por homicidio a cuatrocientas noventa y nueve personas más, aparte del delincuente, cada que ocurre un asesinato. Sin duda todos coincidiremos en que es preferible vivir en un país donde el imperio de la ley tienda a evitar algunas injusticias aunque se complique el probar la existencia de otras.

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