Tenemos varios meses en que si un proceso judicial no es electoral, por más sospechoso que resulte y por más presunciones que existan de un comportamiento parcial de las autoridades, nadie lo menciona. ¿Por qué ocurre esto en todos los sectores? Son escasísimas las voces de los foristas, académicos y líderes de opinión en contra –o a favor, aunque eso sería verdaderamente descabellado,- de la manera en que se ha desarrollado la integración de la averiguación previa, así como de las etapas que lleva el juicio que se sigue al general Tomás Ángeles Dauahare y a otros oficiales de alta graduación de nuestras fuerzas armadas. Es un silencio inexplicable. Hay que resaltar que el jueves pasado, 9 de agosto, se cumplieron tres meses de que el general se presentó ante Enrique Peña Nieto en la Fundación Colosio y, entre otras duras palabras, dijo: “No tenemos estrategia de seguridad nacional…”, “Estamos yendo contra la fuerza del narcotráfico y no contra su centro de gravedad…”,  “Hay problemas en el marco constitucional...”. ¿Esto le está valiendo la formal prisión dictada en su contra?

Como resultado de esta y otras conductas de los órganos estatales, y de aquellos que los encabezan, hay que hacer un análisis muy cuidadoso ante las posibilidades de ciertas funcionarias y funcionarios para aspirar a las dos vacantes que este año se abren entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no porque se prejuzgue sobre la legalidad y la legitimidad de su proceder. Quizás hacen lo correcto, aunque sea de manera opaca y autoritaria. Así son las razones de Estado.  Pero, ¿conviene que exista la sombra de la sospecha sobre aquellos que tienen la última palabra en materia de constitucionalidad, de legalidad, de legitimidad y de justicia en este país? La respuesta unánime en las naciones democráticas es no.

A propósito de esto último, viene otro silencio inexplicable: la izquierda nacional siempre se hace a un lado y se calla en las discusiones en el Senado para nombrar a algún ministro de la Corte, lo que igualmente la deja sin un representante en el Poder Judicial Federal. Si después logra encontrar a un ministro afín a sus intereses, es obra más bien de la Divina Providencia y no de un trabajo parlamentario responsable y comprometido. La izquierda ahora se ostenta como la segunda fuerza legislativa –aunque, en los hechos, el segundo partido con mayor presencia en el Congreso es el PAN,-  y debe hacer valer esta condición. Ser monotemática y concentrarse sólo en la derrota electoral de la elección presidencial no es recomendable. Deberá esforzarse también en que sus intereses, y los de millones de mexicanos que confiamos en ella de una u otra forma, sean representados en el máximo órgano jurisdiccional del país. Se abren dos vacantes este año, repito. Si se lo proponen, las fuerzas de izquierda pueden hacer llegar un ministro al más alto tribunal de la nación. Jurisconsultos prestigiosos afines a ellas no faltan.