De que en muchos casos en México se demuestra que tienen más garantías los delincuentes que la ciudadanía, no tiene mucha discusión.

Y ahora sí, como diría el clásico, para muestra, un botón de acá de Nuevo León, donde en el municipio de Escobedo, un PRESUNTO bandido apodado “El Pelón”, se robó una silla de ruedas especial, de un niño, Jonathan, de 3 años de edad quien padece de hidrocefalia.

Como en la mayor parte de este tipo de casos, Julio Cesar alias “El pelón”, de 21 años de edad, fue protegido por su madre y por una mujer, quien le dio permiso de guardar la silla robada.

Total, la silla fue recuperada por la policía de Escobedo, pero el PRESUNTO ladrón tuvo que ser liberado por la policía… Y la familia afectada tuvo que abandonar su casa, por miedo a que el PRESUNTO delincuente tome represalias ya en libertad.

Que quede claro, “El Pelón” fue liberado porque no se le detuvo en flagrante delito, pero, aquí me pregunto, qué el Ministerio Público, en su calidad de “representante social” no es el abogado de las víctimas…

¿Por qué el Ministerio Público o la misma policía municipal de Escobedo no ofrecieron protección a la familia afectada, al menos con el pétalo de una orden de restricción..?

Antes de liberarlo ¿le explicaron al PRESUNTO ladrón las consecuencias de acercarse a la familia afectada o de buscar un contacto con ellos, aunque sea por Internet?

Y por qué a los afectados el fiscal o los policías no les ofrecieron tramitarles la orden de restricción contra “El Pelón”…

Las leyes ahí están y son, en la mayor parte de los casos, muy claras.

Lo que falta es voluntad y menos burocracia entre los encargados de aplicarlas.

Ah y lo que extraña es que la aún alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, tan ducha ella para aprovechar las oportunidades mediáticas, no busque a la familia afectada, y aunque sea por su precampaña a la gubernatura, les ofrezca el manto protector de su autoridad…