La declaración del presidente magistrado del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, que descalificara a priori la impugnación de la elección presidencial, “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas” parece ser la tónica que ha seguido el periodo de calificación de la elección presidencial.
En conjunto, el IFE ha dejado ver que su actitud no se aparta demasiado de las declaraciones de Luna Ramos. En informe entregado sobre la demanda de anulación de la elección, el instituto electoral dejó ver que según el Cofipe el rebase del tope de gastos de campaña no es causa de nulidad de la elección. Sustentados en el artículo 354 de dicho código, señalan que los partidos que exceda el máximo de gasto permitido (334 millones de pesos para esta elección) serán sancionados con un tanto igual del monto ejercido en exceso. Y por ello encuentra inviable la demanda del Movimiento Progresista para invalidar la elección, por sustentarse en el rebase de gastos de campaña del PRI y su candidato Peña Nieto. En el caso de la pérdida del registro del priista, el IFE alega que el artículo 102 del Cofipe indica que “la pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con el triunfo que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa”. Para finalizar el instituto electoral dejó ver que las únicas causas de nulidad que están plasmadas en la legislación, son: por una parte que existan inconsistencias acreditadas en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional y por otra parte que en el territorio nacional no se instalen 25% o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiera sido recibida (24 Horas 2/ XVIII /12).
Las declaraciones del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, con relación con la compra de 5 millones de votos por parte del PRI para inclinar la elección en su favor serían suficientes para acreditar que se violaron los preceptos constitucionales del artículo 41 constitucional, –elecciones libre y auténticas- y por ello la elección debía ser anulada. Sin embargo, el mismo López y su equipo jurídico se han enredado en un mar de declaraciones y conferencias de prensa fallidas (la acusación de Ricardo Monreal sobre la cuenta de banco que abría servido a Luis Videgaray para triangular recursos para la campaña de Peña es ilustrativa) y las pruebas presentadas como monederos electrónicos, videos y notas periodística se quedan lejos del tamaño del fraude del que habla el Movimiento Progresista. Como se ha dicho se presentan acusaciones y no evidencias.
La parte sustancial del caso no queda ahí, si como lo han pronosticado algunos opinólogos, Obrador busca mantenerse con reflectores y activo para buscar una tercera postulación presidencial para el 2018; perdería gran parte de la credibilidad que se ha ganado como un político congruente y comprometido con las causas justa pasando a engrosar el saco de la perversidad política. Justo el domingo pedía que se concentraran los esfuerzos en la impugnación legal y que para el futuro habrá tiempo después. El tiempo nos dirá cuál es el destino y hacia dónde se encausa AMLO.
Por el momento una y otra vez los magistrados del TEPJF se han encargado de asegurar que antes del 6 de septiembre entregaran la calificación de la elección, por su parte Manlio Fabio Beltrones comentó que será antes de la fecha límite que se declare presidente, algún rumor le habrá llegado.
El desgaste institucional está destacado y si acaso alguien se atreve a perturbar el orden, la camarilla priistas se encargará de defender nuestra democracia de capacidades diferentes.