En Septiembre de 2018 inicié la publicación de una serie de reportajes especiales vinculados a la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, tráfico de plazas, venta de exámenes para jueces federales, desvío millonario de fondos federales que durante la gestión del Ministro Luis María Aguilar nunca fueron justificados, así como, la existencia en la PGR de una  lista de jueces y magistrados federales vinculados con el narcotráfico.

Son los males que  agobian y golpean al Poder Judicial de la Federación, desde hace tiempo.

Y lo titulé "El hundimiento del Titanic", que dio origen a  la serie de reportajes especiales bajo "El terremoto que sacudió a la Corte".

Me atreví hacer,  lo que nadie quiso, ni le interesaba hacer, mostrar los trapos sucios del PJF, sus  huesos podridos de la institución.

Fui, la primera en señalar directamente, el enorme negocio que se había montado el ex Presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, al no construir nuevos en su totalidad los 32 Centros de Justicia Penal, y abusando de su cargo, no sólo beneficio a compañías constructoras amigas, sino que también se sirvió con la cuchara grande, comportándose como todo un delincuente de cuello blanco, pues desapareció como arte de magia, la friolera de aproximadamente 575 mil millones de pesos, lo sé porque tengo en mi poder las pruebas que acreditan parte del desfalco millonario.

Hoy periódicos como Reforma, El Universal y otros medios, publican no sólo parte de la lista de los jueces y magistrados federales, vinculados al crimen organizado, y el enorme desfalco millonario realizado durante toda su gestión de Luis María Aguilar Morales.

Cuando lo cierto, es que ninguno de estos titanes de la comunicación le importaba hacerlo, porque decían no era de interés para la audiencia, es más el mensaje fue siempre “no te metas con la Suprema, está protegida nadie la toca”.

Sin embargo, fue en la página Justicia PARA TODOS, donde  pusimos el dedo en la llaga, en una labor en solitario, sin plataforma de ningún tipo.

Como periodista y editora, yo recibí directamente amenazas de un juez federal de nombre Horacio Nicolás Ruíz Palma, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien personalmente me dijo dejara en paz al Poder Judicial de la Federación, que había muchas personas molestas por mis artículos y que yo nunca volvería a trabajar para la institución, que estaba vetada de por vida.

Debido a las amenazas y acoso, recibidos diariamente hacia mi persona por  diversos integrantes del PJF,  motivo que iniciáramos los trámites para activar el Protocolo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

A lo largo, de todos estos meses, me he mantenido firme en mi convicción y en mi postura respecto a la corrupción,  vicios y malas prácticas, mismos que se deben eliminar de la institución.

Muchos me tildaron de loca, fracasada y que me corría la envidia por jamás haber sido juez o magistrada federal.

No se confundan señores se llama dignidad y honestidad frente a la ignominiosa corrupción de muchos integrantes del PJF, gente que ha tranzado con el crimen organizado, que se ha enriquecido y ha amasado inmensas fortunas realizando negocios ilegales.

Es tiempo de limpiar a la institución, el actual Presidente de la Corte Arturo Zaldívar está obligado hacerlo, no es una graciosa concesión, es un deber.

Es hora que el Senado de la República forme una comisión investigadora que analice caso por caso las denuncias y quejas presentadas y no resueltas por el Consejo de la Judicatura Federal, contra los acosadores laborales, los acosadores sexuales, los que han lesionado y enfermado a los trabajadores, y sobre todo a quienes son los maestros del engaño al encubrir el fraude millonario respecto a  todos los contratos de construcción, remodelación y alquiler realizados por Luis María Aguilar, y dar el ejemplo al imponer la sanción correspondiente.

Es tiempo ya de comenzar el barrido de arriba hacia abajo, no sólo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Tribunal Federal Electoral, en las Casas de la Cultura, en el Instituto de la Defensoría Pública, en el Canal Judicial,  en sus áreas administrativas de mantenimiento, en todas las direcciones donde exista el cáncer llamado corrupción.