Escribo esta columna no como un “metalero fanático”, ni en pronunciamiento de protesta por la cancelación de uno de los más singulares eventos de música roquera que no se veía desde 1971 en el municipio Valle de Bravo, Estado de México, en el que fuera la sede de aquel concierto emblemático de música rock mejor conocido como el Festival de Avándaro.

Tampoco escribo este texto como defensor de uno o varios empresarios ligados a hechos corruptos como Miguel Ángel Jiménez, quien desvió recursos de la Lotería Nacional para campañas políticas de Acción Nacional.

Mucho se habla del Estado de Derecho, que el gobierno y los que están al frente de las administraciones públicas deben de respetar y hacer que se respete la propiedad privada, es decir, respectar la actividad empresarial. Bueno, pues lo que hizo el señor que está al frente de la gubernatura del Estado de México, Eruviel Ávila, fue simple y llanamente ir contra ese Estado de Derecho que se jacta de presumir todo político de mediana estatura que lambisconea entre los empresarios cuando quieren que les sean financiadas sus campañas políticas a cambio de prebendas una vez instaurados en el poder.

Se dijo también que la cancelación del evento musical Hell & Heaven Metal Fest tenía cuestiones políticas entre la alcaldesa de Texcoco y la imitación barata de EPN que gobierna el Estado de México. De ser cierto este chisme de politiquería, peor aún, nos orillan a pensar que para emprender cualquier tipo de proyecto empresarial, debe ser con el aval de los políticos corruptos y nefastos que abundan en nuestro país.

Finalmente, el señor Eruviel Ávila decidió cancelar una derrama económica de 200 millones de pesos que apoyar a la alcaldesa de Texcoco y a los organizadores para implementar todas las medidas de seguridad necesarias para eventos musicales de la magnitud del Hell & Heaven Metal Fest. Pero en los hechos no fue así, esto demuestra que el asunto se trata de algo más de una rivalidad política, más que la preocupación por parte del Estado de México de garantizar la seguridad de todos los asistentes al concierto.

¿Y por qué mi conclusión? Como ya lo dije, el evento iba a tener una derrama económica valuada en 200 millones de pesos, de los cuales, un gran porcentaje iba a caer directo a las arcas de la presidencia municipal de Texcoco, que no es de extracción priísta, sino del partido Movimiento Ciudadano, por lo tanto, a la administración de Eruviel Ávila no le iba a tocar una buena tajada de esa derrama económica que se generaría con el evento.

Así, los políticos de nuestro país, más que servidores públicos, son traficantes de influencias con fines de lucro, situación que obstruye mucho más ese clientelismo político hacia el sector empresarial que todas esas “reformas” constitucionales que no se habían hecho, y de las que no para el gobierno actual de vitorear las 24 horas en todos los medios electrónicos del país.

Y finalmente, siempre habrá quienes se desgasten en argumentar que la cancelación del Metal Fest fue un derecho legítimo de las autoridades para salvaguardar la seguridad de los asistentes al concierto. ¡Ah! Y de los habitantes de Texcoco.

El Apunte

Y así quieren que la economía de este país despegue, si tenemos políticos tan conservadores que sólo se limitan decir que México puede cambiar si se llevan a cabo “cambios estructurales”. El mismo cuento desde hace más de 30 años sin surtir efectos reales.