*La pus trasiega administraciones

El lodo está salpicando en todas direcciones y a todos los colores; partidos políticos, ex presidentes, ex funcionarios y hasta altos mandos militares se encuentran involucrados en presuntos actos de corrupción, delincuencia, y narcotráfico, -más lo que resulte-. Pero de igual forma, personajes que pertenecen al actual régimen o muy cercanos a él, han sido exhibidos públicamente incurriendo en corruptelas mostrando que la putrefacción no es sola cosa del pasado, y ante ello habrá que estar muy atentos al proceder de los Poderes Judicial y Ejecutivo. Veremos si se mide con la misma vara a “adversarios” y amigos, o si una vez más, se aplicará aquella célebre frase de “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos solo justicia”, y yo agregaría en el caso de los amigos “perdón y olvido”, como ya se dio en el caso de Ovidio Guzmán. Y veremos también si es una estrategia ganar la voluntad de implicados para que a cambio de una disminución en su pena o el perdón, declaren contra “peces gordos”.

De esos charcos de pus y podredumbre, identificados como Odebrecht, La Estafa Maestra, Pemex, el gobierno de Veracruz, las Reformas Estructurales, las campañas de Morena y el pasquín llamado Regeneración, entre otros, siguen saliendo nombres de personeros, y de mandaderos, pero también de Secretarios y ex funcionarios, aunque seguramente faltan todavía por enlodarse más personajes de mayor nivel y poder en sexenios pasados. Muchos de ellos que deben estar ahora mismo haciendo maletas para abandonar el país ante la creciente salpicadura que promete alcanzar a otros nombres que no habían sido mencionados o que habían sido cubierto exitosamente hasta hoy.

Y es que, ocurre que de acuerdo a información dada a conocer ayer por la periodista Surya Palacios, colaboradora de Alto Nivel, el general Salvador Cienfuegos, quien durante el sexenio pasado se desempeñó cono titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), estaría solicitando una prórroga para declarase culpable, siendo que está acusado en una corte de Nueva York, de cuatro cargos, tres de los cuales relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Una difícil decisión que, de entrada, habrá puesto a temblar a mucha gente comenzando por el ex presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios que lo acompañaron en su administración, así como a mandos que estuvieron a cargo del militar durante ese sexenio, y en otras esferas del poder y de la delincuencia organizada, incluso quizá no solo de este lado de la frontera.

Igualmente deben haber puesto sus barbas a remojar en el feudo panista, luego de que el diario Reforma publicara este día la declaración de Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, que apareció el pasado mes de agosto en un video recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El panista confesó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió en siete ocasiones como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Dijo que fue por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury que recibió las entregas y que el destino fue para campañas electorales panistas.

Cabe recordar que del caso Odebrecht, -la empresa constructora brasileña que sobornaba funcionarios para ganar licitaciones públicas en los gobiernos de América Latina-, resultó una orden de aprehensión que se libró en contra de Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos mexicanos (Pemex), quien fue detenido en España por la Interpol y extraditado a México, pero perdonado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cambio de declararse testigo colaborador.

En ese entendido, Lozoya, quien después de estar huyendo goza de libertad y de los privilegios del dinero que ilícitamente acumuló, ha declarado en contra de Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda, por quien la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en su contra el pasado martes 3 de noviembre, por diversos delitos como cohecho, financiamiento ilegal de campañas políticas y traición a la patria, aunque un juez se negó a girarla.

Lozoya, en su declaración del 11 de abril, acusó a Videgaray de usar parte de los sobornos que pagó Odebrecht para comprar los votos de varios legisladores a fin de lograr la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, aunque el también ex canciller ha alegado que los señalamientos en su contra son “falsos, absurdos, inconsistentes y temerarios”, y destacó su mala relación personal con Lozoya desde que ambos eran parte del gabinete.

Además de las acusaciones sobre sobornos, Lozoya le ha dicho a los fiscales que el ex presidente Enrique Peña y Videgaray le ordenaron usar 4 millones de dólares de Odebrecht para pagarle a asesores extranjeros durante la campaña electoral de 2012, en la que el Partido Revolucionario Institucional regresó al poder tras 12 años en la oposición.

En el caso del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aún no se conoce que se haya iniciado alguna acción judicial en su contra, aunque trasciende que Lozoya lo habría involucrado entre los beneficiarios de Odebrecht, y ciertamente, el ex secretario ha tramitado un amparo tras recibir una carta de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, para que aclare un presunto enriquecimiento ilícito por 14 millones de pesos.

Lo cierto es que hasta ahora son ya tres los ex secretarios de Peña que han rendido o rinden cuentas ante la justicia; pues además del general Cienfuegos, acusado en una corte de Nueva York, y Lozoya Austin perdonado por el actual gobierno mexicano, la ex Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, está relacionada con la denominada Estafa Maestra, y permanece presa desde hace más de un año.

La Estafa Maestra, habrá de recordarse, es una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, desviaron más de 7 mil 760 millones de pesos.

De acuerdo a la investigación de La Estafa Maestra, 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales responsables del fraude millonario.

Pareciere pues que el gobierno de López Obrador busca cerrar el circulo al ex presidente Peña a cambio de ganar voluntades, ya que también hay que mencionar que el corrupto exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pronunció -desde la prisión- su completa disposición de declarar todo lo que le consta sobre el caso Odebrecht, sin necesidad de solicitar ningún “criterio de oportunidad” o beneficio alguno, dijo quien durante seis años tuvo en la pared de su despacho una fotografía de Peña Nieto y hasta le regaló un Ferrari.

En esa persecución al gobierno anterior, hace un par de días la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que inhabilitó por 10 años y multa por 20 millones de pesos a María Cristina García Cepeda, extitular de Cultura en el sexenio de Peña por irregularidades en donativos en el proyecto “Museo de museos”.

Por medio de un comunicado, la dependencia federal detalló que además de la ex secretaria, el exOficial Mayor y la ex directora general de Administración, también fueron sancionados por autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto “Museo de Museos”, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.

Todos los caminos llevan a Peña Nieto. Su gabinete se desmorona y da la impresión que es cuestión de tiempo para conocer a su próximo colaborador que caerá en la cárcel en tanto se cierra el círculo para darle alcance. 

Pero la pus no es asunto exclusivo de sexenios anteriores, y el hecho de que no haya algún funcionario de la Cuarta Transformación en prisión, no exime que exista corrupción, sobornos e ilegalidad en el actual sexenio o entre la gente que asiste al presidente.

Su hermano Pío López Obrador, quien ha sido exonerado de presuntos actos ilegales en materia financiera como lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), institución que está bajo la égida del propio mandatario, es aquel a quien todo mundo vimos en un video recibiendo bolsas de dinero de parte de David León, el mayor operador del ex gobernador de Chiapas y Senador, Manuel Velasco.

Andrés Manuel reconoció la veracidad del video y también haber recibido el recurso al que llamó “aportaciones para fortalecer el movimiento”, admitiendo una ilegalidad, porque el dinero, además de que provenía presuntamente desviado de las arcas del gobierno chiapaneco, tampoco fue reportado a las instituciones electorales.

Pío, igualmente, fue acusado el año pasado de sobornar a 21 presidentes municipales de Chiapas para que se fueran a Morena, pero también en aquella ocasión su hermano el presidente salió en su defensa.

Ayer, el periódico El Universal dio a conocer que el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramìrez Cuevas, contrató los servicios de una empresa fantasma que le dio servicios a Morena para imprimir el periódico Regeneración, fundado y dirigido por él.

De acuerdo a la publicación, lo anterior derivó de una investigación de más de un año que llevó a cabo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que incluyó en su lista definitiva de empresas “fantasma” a Benefak, S.A. de C.V., siendo que en 2018, el propio Ramìrez Cuevas, difundió en sus redes sociales una factura emitida por esta empresa, así como un cheque que Morena de Tabasco expidió a favor de la inexistente compañía.

No son pocos pues los personajes de la Cuarta Transformación que han sido señalados por corruptelas que una y otra vez el gobierno de López Obrador ha exonerado a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de la Unidad de Inteligencia Federal (UIF) y de la Fiscalía General de la República (FGR); o que incluso ni siquiera han sido motivo de investigación.

Las 19 casas de Manuel Bartlett, las seis propiedades de Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman (una de ellas donada por el gobierno capitalino), el patrimonio que se llevó de los mineros Napoleón Gómez Urrutia, las licitaciones a modo entregadas por Rocío Nahle a su compadre y Zoé Robledo a sus familiares, los viajes a cuenta del erario de José Seade, los conflictos de interés de Alfonso Romo, incluso la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquin Guzmán Loera “El Chapo”, no han merecido mayores observaciones o sanciones, mucho menos cárcel.

Veremos qué curso sigue el caso de Pío que, se entiende, sale de la esfera de poder de AMLO y serán el INE y la FEPADE los que determinen si existió alguna ilegalidad, porque a los ojos del presidente y de la UIF, las bolsas de dinero que recibió fueron “apoyos al movimiento” (Morena).

Queda la impresión que aquella célebre frase del Benemérito de las Américas, “Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos la Ley a secas”; ha sido puesta en práctica y ajustada a sus necesidades por López Obrador. Sus criterios para medir distan mucho entre sus amigos y “adversarios”, como él mismo gusta llamar a quienes lo antecedieron en el poder o quienes difieren con su forma de pensar, o de gobernar.

Pero ojalá se aplique la justicia de ambos lados y no el perdón a secas a todos esos corruptos que tanto daño han hecho y siguen haciendo a los mexicanos.

Opinión.salcosga@hotmail.com