Al cumplirse los primeros seis meses de seis años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se advierten resultados positivos y negativos.
Entre los primeros destaca la coherencia de la oferta de campaña y la estrategia general de trabajo para cumplirlas.
Sus indicadores son las reformas constitucionales aprobadas que endurecen las sanciones anticorrupción, la ley de salarios máximos, las medidas pro-austeridad, las reformas laboral y educativa, la paridad total de género y el T-MEC en curso.
En el plano de las relaciones políticas internas, el esfuerzo de coordinación con el Congreso y hasta con la Suprema Corte de Justicia en diálogo respetuoso, con los gobernadores de la pluralidad partidaria y con los diversos liderazgos en diferentes términos, según sus precedentes, intereses y pretensiones
Notorio el respeto no exento de crítica a los órganos autónomos, los que pese a lo que se diga continúan cumpliendo con sus mandatos, ya sea al organizar elecciones (INE y OPLES) y resolver sus conflictos (TEPJF y tribunales locales), sistematizar información (INEGI) o abrirla y difundirla (INAI).
En el plano externo, debe valorarse su prudencia en el trato con el Presidente Trump y el despliegue gradual de un enfoque progresista de cooperación para el desarrollo con los países del Triángulo Norte de Centroamérica y otros esquemas de comercio e inversión.
Además, debe contarse en su favor el empeño personal del Presidente en mantener la comunicación directa todos los días con quiera escucharlo y dialogar, su impresionante agenda de 18 horas por 7 días de trabajo constante, su máxima publicidad y sinceridad en el marco de las circunstancias, y su compromiso social tan evidente.
Ahora bien, no luce igual de positiva la gestión administrativa interna, los desniveles entre áreas del gabinete y su debida coordinación, el sacrificio en casos específicos de la legalidad a cambio de la eficacia, o bien el abuso de la técnica de confrontar y hasta destruir para redefinir y recrear, ya para no mencionar los desniveles en el ámbito de los liderazgos de su partido en consolidación.
Pero lo que en mi opinión es en particular notorio es el arte de operar de a poco un reequilibrio de prioridades entre economía, política y sociedad, que se esboza en el Plan Nacional de Desarrollo.
Remontar los legados dañinos y perjudiciales para sustituirlos por un círculo virtuoso de principios éticos y el ejercicio de derechos para la vida digna en el marco de una democracia constitucional con más deliberación y participación ciudadana.
Un gobierno al servicio del pueblo y no al contrario, funcionarios públicos con mística de servicio y no de lucro, políticos con altura de miras y no de bajezas, empresarios solidarios y gente íntegra.
Seis años pueden no ser muchos para consumar todos los objetivos transformadores, más en estos primeros 6 meses el balance es favorable.
Ello se refleja en la ratificación de respaldo popular al Presidente Constitucional de todos los mexicanos.