Hace ya varios meses que he estado escribiendo respecto a la situación de violencia que se vive en el Estado de México desde que el priista Eruviel Ávila asumió el cargo como gobernador; desde algunos de los aciertos de su gobierno, hasta las cifras rojas respecto a las problemáticas de inseguridad que no parecen disminuir en la entidad. Pese a esto, me parece muy importante no perderle la pista al mexiquense, ya que tanto las estadísticas como los acontecimientos relacionados con sus casi seis años de estar al mando del ejecutivo en este territorio, no deben  dejarse de lado si es que se pretende estar informado respecto a un político que lleva años ostentando cargos públicos en el lugar que impulsó al actual Presidente de la República para tomar su lugar en Los Pinos, Enrique Peña Nieto.    

Actualmente, como lo aseguré al principio, en el Estado de México se vive una situación de violencia realmente alarmante, principalmente en uno de sus municipios más grandes y poblados; Ecatepec de Morelos. Según datos del índice realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) titulado “Las Ciudades más habitables de México”, el municipio de Ecatepec es uno de los peores lugares del país para vivir. Por otra parte, según datos emitidos por el Observatorio Nacional Ciudadano, el Estado de México fue una de las entidades con mayor número de extorsiones de enero a noviembre del año 2016, de igual manera, fue una de las entidades con mayor número de carpetas de investigación por secuestro en el mes de noviembre del mismo año, al concentrar junto con Veracruz y Tamaulipas, 84 casos que representan el 52.17% del total nacional. Asimismo, el Estado de México fue la entidad con mayor número de robos con violencia en noviembre del año 2016, además, tuvo el mayor incremento absoluto al pasar de 2,809.67 a 3,714 casos en un promedio de doce meses.

Ahora, enfocándonos a las cifras rojas del municipio de Ecatepec, la violencia sexual y el feminicidio son dos referentes obligados, ya que por primera vez en la historia la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió la llamada “Alerta de Violencia de Género (AVG)” en distintos municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, ya que según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en relación con los delitos de violencia sexual y homicidios dolosos perpetrados en la entidad gobernada por Eruviel Ávila, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron que en el año de 2012 y 2013 se cometieron 4855 violaciones sexuales y 4062 homicidios dolosos de mujeres respectivamente. 

Estos son sólo algunos datos de determinadas problemáticas (mas no todas), relacionadas con la violencia que hasta el día de hoy se vive en la entidad. De aquí que lo que se plantea en este breve artículo de opinión es la necesidad de un cambio en la estrategia implementada por el gobierno del Estado de México en materia de seguridad pública, ya que de acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad, ocho municipios de la entidad se encuentran entre los cincuenta con mayor índice de delitos a nivel nacional. Por tal motivo, el pasado mes de septiembre del año 2016, el gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó una estrategia para disminuir la inseguridad en ocho municipios, entre ellos Ecatepec. Del mismo modo, sostuvo que en este municipio se implementarán acciones bajo un nuevo cuadro de trabajo en las llamadas Bases de Operación Mixta (BOM), de las cuales cuarenta ya se encuentran operando de manera habitual: “De acuerdo con un comunicado, el gobernador recordó que en las 40 BOM que operan en el estado participan más de 562 elementos y 78 unidades, tanto de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina como de las policías Federal, estatal y municipal del CISEN y de la procuraduría mexiquense” (ElUniversalEdoMéx, 06/IX/16).

Dicha estrategia, la cual se enfoca en las políticas punitivas o de control al parecer no han brindado los resultados esperados, ya que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante el periodo que comprende de septiembre del 2015 a agosto del 2016, se denunciaron más de 2000 homicidios dolosos: “En el primer año del actual gobierno, considerando de septiembre de 2011 a agosto de 2012, las denuncias por este fenómeno alcanzaron las 1,953. Un promedio mensual de 162.75” (Expansión, 28/IX/16). Con esto se pone de manifiesto que la coerción o represión practicada por los cuerpos policiacos hacia la persona que delinque, con la intención de disminuir la violencia, está evidenciando una política de control insuficiente: “Desde el punto de vista de las instituciones policiacas y de control social, la violencia posee una potencia pacificadora o representa la posibilidad de la paz”. (García, García, Ortiz, 2012: 83).

Es importante evidenciar que no es cierto que el aumento de la coerción produzca el efecto de disminuir la delincuencia. Países con índices de crecimiento socioeconómico y cultural elevados que cuentan con sistemas penales diferentes —unos más estrictos, otros más liberales—, poseen niveles de delincuencia similares. Lo anterior se explica porque en el acto de delinquir se reproducen expresiones agudas de conflictos personales y sociales complejos, para los cuales el sistema penal resulta insuficiente, ya que sólo capta una parte del conflicto sin tomar en cuenta el trasfondo social y personal que hay detrás, y que además ha incidido en el incremento de conductas delictivas y antisociales. Por lo tanto, mientras el gobierno del Estado de México no tome en cuenta otras variables que repercuten en este fenómeno, tales como; la pobreza, la exclusión social, el analfabetismo y la falta de oportunidades laborales (sólo por mencionar algunas), me atrevo a sostener que los niveles de violencia no disminuirán, y en el peor de los  casos aumentarán. 

Vivimos en un país en el que el sistema penal es uno de los instrumentos más usados por el Estado para enfrentar la criminalidad, un instrumento que, para nuestra mala suerte, intenta establecer soluciones de manera tardía, por lo que el énfasis debe estar puesto en la construcción e implementación de políticas públicas de índole preventivo, relacionadas con las complejas y variadas áreas del quehacer social, económico, político, cultural, educacional y de capacitación, para así proponer soluciones totales y no parciales ante el cada vez más grande fenómeno de la delincuencia.

Gracias por su lectura.

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.