Fuera de la ley y por encima de esta

Esta semana a través de diversos medios de comunicación, se difundió ampliamente la tragedia que vivieron los hondureños, cuando en juna cárcel del país centroamericano se suscitó un incendio de enormes proporciones que costó la vida a 356 reclusos, que murieron ahí, en un infierno real y de fuego, cuyas llamas iniciaron –se dice- de manera accidental.

 

Independientemente de quienes fueran o los motivos por los que hubiesen estado privados de su libertad, siempre será lamentable la muerte de un ser humano y, tratándose de 356 personas y en las condiciones en que ocurrió su deceso, pues se convierte el hecho en una desgracia dantesca, terrible sí, pero producto del infortunio, nada más.

 

Con unas horas de diferencia, en México se difundía una tragedia más, también vinculada con el sistema penitenciario, la muerte de 44 reclusos al interior de la cárcel de Apodaca, Nuevo León; desgracia que a diferencia de la otra, no surgió de un hecho accidental, sino como derivada de la corrupción, del contubernio, de la incapacidad e indolencia de autoridades estatales y federales.

 

Los 44 presos murieron asesinados al interior de la prisión, victimados a golpes y navajazos por otros presidiarios a quienes uno a uno los hombres que serían masacrados eran entregados por los mismos custodios, por quienes debían velar por su integridad y seguridad, por la aplicación y el respeto de la ley, pero que en vez de ello y con la complicidad de directores y funcionarios del sistema penitenciario neoleonés, se pusieron a la orden de grupos criminales.

 

Y esto se sabe porque casi un día después de tan lamentable hecho, se supo que 30 reos de alta peligrosidad fueron ayudados por los celadores a escapar de esa prisión, mientras los otros 44 eran asesinados por pertenecer a grupos rivales.

 

La situación es intensamente grave, quizás más trágica que la ocurrida en Honduras, pues esta fue provocada, por autoridades y funcionarios tan delincuentes como aquellos a los que dejaron escapar; tan criminales como los que cometieron los 44 homicidios, producidos por la degradación social, la podredumbre del sistema oficial y la inoperancia de los programas de rehabilitación y readaptación social.

 

Las autoridades de todos los niveles nos quieren convencer a los ciudadanos de que nada está por encima de la ley, nada fuera de esta.

 

Pero los hechos ocurridos en Nuevo León, aquel Nuevo León que fuera ejemplo a seguir, modelo de bonanza, modernidad y progreso, es ahora muestra de que el crimen rebasa a la ley, la supera, está por encima de la norma y de la autoridad a la que ha puesto a su servicio.

 

Ante situaciones así, nadie puede decir que el gobierno vaya ganándole la guerra al crimen. Si acaso ganan un punto al detener a un alto delincuente, el que pierde es el sistema penitenciario porque no hay capacidad para retenerlo, para castigarlo, mucho menos para rehabilitarlo por lo que los criminales gozan en las cárceles favores y privilegios, ellos mandan, deciden, ordenan y salen cuando así lo deciden.

 

Doble tragedia entonces, por la muerte masiva de reos y por la traición que las autoridades hacen al pueblo que los llevó ahí y que confió en ellos.

 

El gobierno federal dice que este año concluirá los ocho penales en construcción, de nada servirán ante un sistema pútrido, si persiste la complicidad, el contubernio y estos hechos quedan impunes; si la situación va a seguir igual y llegan los reos a gozar y vacacionar, a seguir delinquiendo y a imponer su ley.

 

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