En general, por la lectura de noticias y el seguimiento empírico de casos durante los últimos lustros en México, he atribuido el asesinato de mujeres -renombrado de homicidio a feminicidio o femicidio-, más que al Estado, como gritan las consignas en las calles de países no democráticos, al entorno familiar, al de conocidos y amistades y al íntimo; más a un fenómeno social y cultural que de otra naturaleza. El Estado es el responsable de ejercer justicia y modificar las condiciones de violencia; eso sí (En relación a las marchas de marzo de 2020, abordé el tema partiendo incluso desde algunas referencias literarias: “Fakeminismo contra el Feminismo”,  . Si se reconoce esta observación primaria, si se actúa por razón y no por visceralidad (o peor, por manipulación o utilitarismo), el planteamiento de la problemática, las demandas y soluciones buscadas son distintas, son posibles. De entrada, porque México cuenta hoy con un gobierno federal legítimo que desea la justicia, procura la democracia y no es represor.

Y en esta ocasión, una vez que en semanas recientes la distorsión del movimiento feminista ha mostrado su peor rostro, oculto –la toma agresiva del edificio de la CNDH, la violencia en las calles, la violenta manifestación pro-aborto del 28-09-20 en la ciudad donde su práctica está legalizada-, que acusa a los gobiernos federal y de la Ciudad de México de represores, que actúa con aparente irracionalidad, que destruye la ciudad y el patrimonio artístico y cultural del país, que agrede a los ciudadanos, que insulta a las mujeres policía que resguardan las marchas –les llaman estúpidas, perras, putas, pendejas, gatas, muertas de hambre, las golpean y queman-, pintarrajean, rompen y golpean con martillos, picos, palos, tiran petardos, gases, fuego en espray y bombas Molotov, he buscado confirmar esta impresión empírica, noticiosa y literaria referida, con datos, cifras, estadísticas. Para contravenir esa versión que busca responsabilizar a un gobierno legítimo y democráticamente electo, de represor y violento; cuando en el presente mexicano se vive lo contrario.

Y encontré como mejor instrumento y ejemplo el artículo de una activista auténtica, “cronista del feminicidio”, Frida Guerrera, “El feminicidio en México duele” (Nexos; 24-04-18), que se publicó como un adelanto del libro #NIUNAMÁS. El feminicidio en México, tema urgente en la Agenda Nacional. El artículo señala el surgimiento del libro a partir de un planteamiento personal en 2016: “¿Por qué la mayoría de nuestra sociedad tolera y calla los asesinatos contra las mujeres?”, y del recuento exhaustivo de los feminicidios de ese año: “primero investigué en las notas rojas de toda la República. Después contabilicé, visualicé y busqué. Luego conocí algunas de las familias afectadas. Me contaron sus vidas y sus historias”, reporta la autora de este ejercicio que hace recordar 2666, de Roberto Bolaño, en “La parte de los crímenes”, sobre el feminicidio en Ciudad Juárez.

El resultado del recuento general: “En 2016 hubo en la República 1,559 mujeres destazadas, calcinadas, violadas, asesinadas a balazos, abandonadas en canales, ríos, terrenos, carreteras… desaparecidas, despojadas, denigradas, olvidadas…”. Del recuento por Estados sobresalen el de mayor número de muertes, Estado de México con 238, y el de menos, Campeche, con 2. Cuando apareció el artículo hace dos años, 485 asesinadas estaban en condición de desconocidas.

En cuanto a los asesinos: “Sólo 293 agresores están detenidos y bajo proceso judicial. Tan sólo el 18.79 por ciento de los feminicidios en el país fueron ‘investigados’; 1,155 de éstos no tienen ni responsables ni detenidos; 76 presuntos culpables se encuentran prófugos y 35 se suicidaron después de asesinar a sus parejas o exparejas sobre las mujeres asesinadas”.

A continuación los datos que son necesarios en favor del argumento inicial de este texto; todas las cifras, en el artículo citado:

398 mujeres “sin edad”.

• 249 se encuentran en el rango de 40 a 59 años, las cuales fueron dejadas en calles o asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

• 24 permanecen en calidad de desconocidas.

• 85 entre 60 y 90 años fueron asesinadas en supuestos asaltos o en manos de hijos o nietos y 9 de ellas permanecen en calidad de desconocidas.

275 entre 30 y 39 años fueron asesinadas por parejas o exparejas, sin embargo, en la mayoría se desconoce al agresor y 73 de ellas permanecen como desconocidas.

• 341 de 20 a 29 años fueron asesinadas por desconocidos (o no hay datos de sospechosos) y 61 siguen desconocidas.

• 49 entre 18 y 19 años fueron asesinadas, en su mayoría, por parejas o familiares. De muchas se desconoce al agresor y 6 permanecen sin identificar.

• 115 son menores entre 11 y 17 años, y 13 de ellas permanecen sin identificar. La constante en este rango de edad es que son violadas o asesinadas en casa con sus madres y, en la mayoría de los casos, sigue sin conocerse al asesino.

• De 3 a 5 años sumaron 11, con la misma constante: asesinadas por familiares, padrastros o vecinos; 5 fueron violadas, asesinadas, abandonadas en canales o terrenos.

• 11 pequeñitas entre 1 y 2 años fueron asesinadas a golpes o asfixiadas por su padre o su madre. ¿Las causas? Porque no dejaban de llorar, porque les estorbaban. El tema es el poder que los adultos ejercen contra las niñas.

• Bebés de 0 a 11 meses: 12 bebitas asesinadas a golpes por sus padres o madres; reportadas desaparecidas y encontradas muertas. Los responsables son quienes debieron cuidarlas y protegerlas. Sólo uno de estos espeluznantes casos presentó violación: el 26 de mayo de 2016 una pequeña de 9 meses fue violada y asesinada por su padre y su tío en contubernio con la madre; esto sucedió en Baja California.

• 47 de 0 a 10 años: los nombres de 14 de ellas fueron reservados; 4 desconocidas y 3 recién nacidas; 26 de ellas fueron reclamadas por familiares.

• 9 a 10 años: 6 fueron asesinadas, en su mayoría, con sus madres; asesinadas por sus padrastros, violadas por conocidos o sus abuelos.

 

¿Qué hacer?

Un dato no establecido en el artículo pero que se desprende del mismo es subrayar el superior porcentaje de crímenes cometidos por parejas, exparejas, padrastros, padres, madres, tíos, abuelos, hijos, nietos familiares, conocidos, vecinos: 813 del total. Por desconocidos o crímenes de los que no se tiene datos, 767; dentro de los cuales pudiera haber un número importante pertenecientes al grupo primero. Es decir, de este reporte que coincide con la previa percepción personal, el predominio de crímenes se da en el entorno cercano, familiar, casi un 60%; y que podría ser mayor. Y de hecho, si un hombre mata a su esposa o viola y mata a su hija puede salir a la calle y hacer lo mismo con cualquier desconocida; lo mismo a la inversa. Esto significa que el problema no sólo es de violencia, es más profundo, subyace en la vida cotidiana de las familias.

El anterior ejercicio es útil para formular la problemática del fenómeno de la manera correcta; no sólo hay que contar los asesinatos, hay que averiguar dónde y cómo se gestan. Porque el cántico “Estado feminicida” no va a ofrecer ni alcanzar la solución; (tampoco cuestionando al responsable del poder ejecutivo de si conoce de la violación o el crimen de tales o cuales casos ejecutados por familiares). El machismo, la violencia del hombre contra la mujer es un fenómeno social y cultural enraizado en lo más profundo de la sociedad mexicana; cambiarlo tomará años pero es urgente iniciar ese proceso.

Partiendo de las cifras y la observación empírica, ¿qué se puede o se tendría que establecer y hacer? 1. El Estado no puede colocar un policía en cada casa, en cada familia, en cada relación; absurdo e imposible. 2. El Estado tiene la obligación de ejercer la justicia e impedir la impunidad contra los criminales. 3. Legislar la cadena perpetua para los femenicidas. 4. El Estado tiene que marcar y observar un estricto protocolo de protección y ayuda para mujeres amenazadas y violentadas. 5. El Estado tiene la obligación de realizar una profunda campaña contra la violencia a la mujer y el feminicidio; mayor aún a la hecha contra el consumo de drogas o las adicciones. 6. El Estado tiene la obligación de impulsar un vuelco en la educación familiar y escolar de los valores masculinos y femeninos; pugnar por la igualdad y el respeto. 7. Estado y sociedad tienen que entender y atender juntos el problema y actuar igualmente en consecuencia.

El proceso de cambio tomará tiempo, pero es urgente comenzar. Urge también desenmascarar y ubicar el movimiento utilitario, falso, politiquero, manipulador y violento que daña el verdadero feminismo que ha existido en México y que debiera fortalecerse con claridad, sin confusión, sin adherirse a banderas partidistas. Sólo así se aprovecharán las inmejorables condiciones políticas actuales para combatir tan arraigado mal. La evidencia de que es posible lo ofrecen Ayotzinapa, Pasta de Conchos y otros casos; gobierno y víctimas colaboran para solucionar problemas tan dolorosos para la sociedad mexicana. Las verdaderas feministas tienen la palabra.