La frecuente y preferida estrategia de Marisela Morales Ibáñez, era la fabricación de pruebas para resolver casos. La señora Morales era la Procuradora General de Justicia en el sexenio de Felipe Calderón. Gracias a su talento como “productora” y no como procuradora, muchos inocentes fueron procesados por las falsas declaraciones de sus testigos protegidos y por la fabricación de pruebas.

La señora Morales fue acusada de varios delitos como: abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, intimidación, cateo ilegal de domicilios, manipulación de testigos y tortura.

Se le investigó también por asuntos relacionados con el narcotráfico dentro de la SIEDO (ahora SEIDO),  y por su relación con la filtración de información de inteligencia a cárteles del narcotráfico. Fabricó casos en contra de militares y civiles avalando las falsas pruebas y acusaciones con la ayuda de los testigos; con la intención de desviar la atención sobre algunos grupos dedicados al trasiego de drogas. Durante su gestión se perpetraron cerca de 73 mil homicidios de los cuales sólo 765 alcanzaron sentencia.

Marisela, también fue responsable de más de cincuenta casos fabricados, los cuales fueron elaborados con malicia y sin fundamentos. Su único objetivo era el de presentar culpables, sin importar si lo eran o no. Ella se encargaba de que lo fueran, y así resultaba siendo la heroína que combatía a la delincuencia organizada, colgándose  medallas a costa de inocentes, “armando” y “resolviendo” casos. Muchos, se dice, bajo tortura… Hubo confesiones ministeriales sin sustento, mentiras de los dudosos testigos protegidos. Muchas fueron las víctimas de esta ex procuradora amante de la farsa. Nunca fue procesada, ni tampoco ningún otro funcionario de la SIEDO por llevar a inocentes a prisión.

Marisela orquestó el “Michoacanazo” y la “Operación Limpieza”, operativos durante los cuales arrestó a doce alcaldes, a militares de alto rango y a civiles. Todos los alcaldes y militares, por falta de pruebas, fueron liberados y exonerados tiempo después. Pero algunas personas, que carecían cargos importantes, siguen encarceladas esperando justicia. La cual parece que nunca llegará…

Una de las víctimas del “Michoacanazo” es el señor Pablo Green Salamanca, quien lleva más de siete años en prisión por delitos que se presume no cometió y que sigue esperando justicia.

El señor Pablo Green fue sustraído violentamente de su domicilio por elementos de la Policía Federal el día 2 de julio de 2009 a las 7:30 de la mañana, sin ninguna orden de aprehensión ni de presentación. Además, los elementos policíacos saquearon el domicilio y se llevaron todas las pertenencias de valor pertenecientes a la familia Green.

Violando sus garantías constitucionales, presuntamente fue llevado y retenido en un lugar desconocido en las afueras del estado de Michoacán. No fue presentado en la delegación de la PGR en Lázaro Cárdenas, entidad en la que residía. Posteriormente, se dice que fue trasladado a las instalaciones de la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México y fue presentado a las 10 de la mañana, argumentando que el señor Green era sicario y de que había sido detenido cuando se encontraba a bordo de un vehículo, portando un rifle, dos granadas y 9 gramos de cocaína. Acusaciones fabricadas en el parte informativo con la ayuda de los ministerios públicos de la entonces SIEDO.

La señora Carmen Mendoza Valencia presentó una queja ante la visitaduría de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Relatando la manera en que habían ocurrido los hechos, la forma violenta en que habían sustraído a su marido de su casa coincidiendo con la declaración del señor Green y vecinos, testigos oculares reales.

El 3 de junio, un día después de la detención, ya le habían impuesto los testigos protegidos Emilio, Ricardo y Carlos; fue señalado y acusado por los mismos a través de una fotografía que se le había tomado en las instalaciones de la SIEDO, prueba que después se consideró ilícita.

El testigo protegido Emilio declaró que el señor Green era miembro de “La Familia Michoacana” y que era jefe de plaza en Petatalco, Guerrero. En el expediente se encuentran también las declaraciones de personas que habitaban en el lugar declarando quién era en realidad el verdadero jefe de plaza.

A esta falsa declaración se suma la de Ricardo. Quien afirma que el señor Pablo Green recibía todos los embarques de droga del chino Zhenli Ye Gon y que tenía millones en una cuenta bancaria. Declaración que después fue desechada, ya que la institución bancaria negó que el señor Green poseyera dicha cantidad.

El señor Green fue arraigado ochenta días mientras se llevaba a cabo la declaración y no se encontraron pruebas en su contra. A pesar de ello, el 19 de septiembre de 2009 fue puesto a disposición de un juez por delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del ejército y de delitos contra la salud. Fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos. En el cual permaneció hasta el 3 de octubre sin ser presentado ante un juez y sin que se le declarara auto de formal prisión.

En diciembre de 2013, cuatro años después de su detención, el caso fue cambiado de juzgado y presidido por la juez Rosa Montaño Martínez. Se presentaron las pruebas y se desacreditaron las imputaciones federales. Se demostró que sí fue sacado de su domicilio, que las declaraciones de los policías federales y de los testigos protegidos se contradecían y se comprobó que todo había sido fabricado. A pesar de la evidencia a su favor, fue sentenciado a veinte años de prisión.

Veinte largos años a los que se le suman ocho más por la supuesta portación de arma, un rifle, que en el transcurso de las investigaciones se demostró que no funcionaba. Además, le otorgan tres años más por la cocaína que había sido sembrada. En los estudios toxicológicos se demostró que el señor Pablo Green no consumía drogas y la prueba de radizonato de sodio no le fue practicada[1] , es decir, no se le encontraron rastros de pólvora.

Gracias al caso fabricado por Marisela Morales en contra de Pablo Green Salamanca, el señor lleva siete años y ocho meses de su vida en prisión, por delitos que no cometió.

Como premio, Meade la nombró, cónsul de México Milán…  

Fue enviada a Milán con el propósito de proteger su integridad física temiendo de que pudiera ser el blanco de un ataque de algún cartel; también para evitar que con sus arrebatos y sabidas “crisis” soltara la sopa, afectando los procesos de investigación o revelando secretos de seguridad nacional y de inteligencia.

En México, prevalece la injusticia…

Esta es la justicia mexicana: Pablo Green Salamanca,  procesado y encarcelado a más de veinte años de prisión por delitos que no cometió; mientras Marisela Morales está libre en Milán, sin ser procesada por la multitud de delitos que cometió.

 

la mayoría de la gente no va a saber qué es esto. dilo con otras palabras o agrega un “popularmente conocida como…” o algo así