Durante las últimas dos administraciones federales en México encabezas por gobiernos de origen panista, hubo una clara política de descentralización en cuanto a los recursos se refiere, con la intención se decía, de brindar a las entidades federativas mayor autonomía presupuestal para que pudieran aplicarla en los rubros que tuvieran mayores necesidades particulares y que no necesariamente se adapten a políticas nacionales como anteriormente se hacía. 

Sin embargo, esta aparentemente nueva autonomía no propició otra cosa que el abuso en la mayor parte de los gobernantes y el uso discrecional del erario a fin de beneficiar sus intereses personales; aunque dicho sea de paso, esto no es una consecuencia ‘natural’ de contar con estas libertades sino que sencillamente, las manos en las que recayeron estas responsabilidades no cuentan con el oficio de servicio público. 

Prueba de lo anterior es el destino que le han dado a los distintos rubros de su gasto. A pesar de que en 7 años su recurso se duplicó, esto no necesariamente se aplicó de manera directa en obras públicas y acciones sociales, pues mientras estas crecieron 134 % en el periodo referido, los egresos operativos (servicios personales, generales, materiales y suministros así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles para su operación) crecieron 71%; que aunque relativamente se observa como la mitad de los otros mencionados, en términos absolutos el recurso destinado fue más del doble. Como ya hiciera la observación el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en promedio 66 centavos de cada peso que gastan las entidades federativas lo hacen en gasto corriente. 

En el siguiente cuadro observamos el detalle de algunos de sus gastos según las mismas entidades reportaron –no existen criterios de obligatoriedad que homologuen su presentación contable-:

Como se observa, a pesar del gran incremento del que han sido beneficiadas en materia de recursos, bajo el periodo referido se aprecia que en términos de deuda pública esta estuvo cerca de triplicarse. En ese sentido existe una constante: aunque en todas ellas el pretexto para recurrir a un apalancamiento aludía a la obtención de mayor liquidez y la necesaria inversión en infraestructura, en realidad, fueron canalizados a otras áreas. Incluso, si su voluntad hubiera sido tal, habrían optado por obtener recursos mediante la reducción de su gasto corriente o bien, del gasto operativo. Salvo el caso de Baja California Sur, ninguna otra entidad demostró contar con una política de ahorro en la burocracia. 

A partir del cuadro citado se realizó un análisis que contempló el grado en que los recursos de la entidad fueron elevados así como el destino que se le dio a estos, teniendo como mejor práctica el mayor incremento en obras públicas y acciones sociales mientras que como las peores, el incremento de su gasto operativo y de su deuda pública (siempre que este incremento no se reflejara en mayores recursos en infraestructura). Bajo los argumentos anteriores se construyó un indicador. Aunque dadas las diversas combinaciones en las que podían incurrir y a que ninguna se comportó de manera ejemplar, el valor obtenido situado entre 1 y 10 encontraba a la mejor calificada con no más de 5.81 puntos… de allí que simplemente serán agrupadas de acuerdo a la aceptabilidad con la que manejaron sus finanzas.

Así, la calificación otorgada está en función comparativa a las demás y no corresponden a un perfil deseable.