Ver la explicación que el diputado de Morena, Pablo Gómez, nos da para entender el por qué su bancada modificó el dictamen que originalmente se había presentado a la Comisión de Puntos Constitucionales, en el que eliminó como delitos graves 6 de los 9 que se esperaba fueran considerados como tales.
Y es que el Senado de la República previamente había dictaminado modificaciones al artículo 19 de la Constitución, esto para considerar como delitos graves con prisión preventiva al feminicidio, el abuso o violencia sexual contra menores, la desaparición forzada, el uso de armas exclusivas del ejército, el robo a transporte de carga y el robo a casa habitación, dejando excluidos el robo de combustible, la corrupción y los delitos electorales.
El argumento más increíble utilizado por el legislador, fue sugerir que dado que cualquier persona común, puede cometer esos delitos, no podemos criminalizar estos. Si bien no deja de ser cierto, el hecho de que cualquiera puede cometer estos ilícitos, eso no justifica que éstos no sean considerados como graves, sobre todo por el impacto que estos tienen sobre la sociedad y el mensaje que manda en donde en vez de que cuando la “gente común” piense siquiera en cometer el delito, el castigo sea suficientemente importante, para que sea un inhibidor de este.
En el caso de nuestros vecinos del norte, o de los países europeos a quienes admiramos por lo respetuosa que es su sociedad, existen dos componentes básicos que hacen actuar a estas sociedades de un modo correcto: el primero, es el componente educativo, donde desde la infancia han formado a sus habitantes en el concepto del bien común, los valores.
El segundo componente es el conocimiento de que las malas acciones tienen consecuencias y que estas difícilmente son evitables; es decir, se castigan los delitos y existe una baja impunidad, adicional a que las estructuras que aplican la ley (policías y juzgadores), son raramente corruptos, esto porque la mayoría de estas posiciones son de elección y no de dedazo, pues el puesto se lo deben a la población y no a un partido político.
Otro componente importante es que los medios conocidos como “el cuarto poder” en estos países, ejercen sobre los gobiernos una presión y crítica constante, en nuestro caso, los medios se han mostrado más que invisibles ante estos hechos, incluidas las periodistas que antaño han enarbolado la bandera del feminismo y la familia. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro sexenio, la mayoría de las mujeres periodistas, Lydia Cacho, Gabriela Warkentin, Sabina Berman y Carmen Aristegui, entre otras, ya hubieran quemado en leña verde al más puro estilo de la inquisición al presidente en turno, lo triste hoy es que ninguna de ellas ni siquiera un tuit de reproche han emitido.
La única presión que se ha ejercido en este periodo, es el de las redes sociales, y pareciera que la única opción que queda para que este garrafal error no avance, es que el senado tenga un momento de conciencia y de iluminación, y que la oposición decida ser eso, una oposición que busca verdaderamente representar y proteger a sus representados, lo cual parece muy difícil de suceder, sobre todo cuando escuchamos las propuestas que hacen nuestros “sabios legisladores”, como la propuesta de la diputada por Veracruz, Ana Miriam Ferráez, quien propone toque de queda para las mujeres y así evitar los feminicidios. ¡¡¡Menuda estupidez !!!