El lunes 11 de noviembre del año 2019, después de varios días de rumores, presiones y conspiraciones, el mundo se cimbró con una impactante noticia; Evo Morales, junto con otros funcionarios allegados, abandonaba la presidencia de Bolivia debido a un Golpe de Estado militar, policial y cívico orquestado por las fuerzas armadas de su país. La decisión del mandatario se debió principalmente para evitar un baño de sangre hacia el pueblo boliviano, quien había decidido reelegirlo para que estuviera al frente del Ejecutivo por cuarta vez.

Es importante recordar que fue el propio Evo quien dio el anuncio de una nueva convocatoria para realizar elecciones generales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitiera un informe en el que recomendaba repetir la primera ronda de los comicios llevados a cabo el pasado 20 de octubre del presente año, mismos que lo habían dado como ganador, debido a que se interpusieron varias denuncias de fraude electoral contra la victoria del mandatario: “He decidido convocar a nuevas elecciones", afirmó el mandatario desde el hangar presidencial del aeropuerto internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz […] El mandatario compareció acompañado de representantes de movimientos sociales afines a su Gobierno y dijo haberles consultado antes de tomar la decisión. El jefe de Estado señaló que acordó la derogación de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, al que la oposición y comités cívicos acusan de fraude electoral en la victoria que concedió a Morales un cuarto mandato consecutivo hasta 2025” (DW, 10/XI/19).

Me parece necesario mencionar lo de las nuevas elecciones programadas, mismas que nunca se efectuaron debido al Golpe de Estado, porque considero fundamental recalcar el contexto de presión, tanto nacional como internacional, bajo el cual Evo renunció. Si usted mira las decenas de videos que circulan por la web, podrá darse cuenta que la renuncia del mandatario desató distintas protestas por la inconformidad del pueblo boliviano ante lo que muchos llaman un atentado a la voluntad popular. Evo prácticamente huyó por la “puerta trasera”, ya que incluso hubo turbas que atentaron contra su propia casa y la de familiares cercanos a él, sospechosamente efectuadas tiempo después de que el jefe de las fuerzas armadas bolivianas, Williams Kaliman, le exigiera su renuncia.

Por varias horas se desconoció la ubicación del mandatario, por lo que los rumores de un posible exilio comenzaron a aumentar a medida que se daba a conocer la noticia de su desaparición en distintos medios de comunicación de todo el mundo, y resultaba lógico, debido a que sorpresivamente se había emitido una orden de aprehensión en su contra. Pero Evo no se mantuvo callado, escribiendo en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Denuncio ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el estado de derecho”.

Y las cosas se tornan aún más sospechosas ante una posible intervención de los Estados Unidos desde hace años en Bolivia: “La Casa Blanca ha hecho un seguimiento secreto del presidente boliviano, Evo Morales, mediante una operación clandestina denominada 'Rey Desnudo'. El periodista y escritor Nil Nikandrov afirma que la maquinaria propagandística norteamericana busca socavar el Gobierno legítimo de Bolivia bajo el disfraz de la lucha antidroga” (RT, 13/X/15). Como usted puede ver, estimado lector, desde el año 2015 el país vecino viene construyendo la idea de que el tráfico de drogas es una posibilidad en Bolivia. Mi pregunta aquí es: ¿De ser verdad tal hipótesis, el gobierno estadounidense no tendría las pruebas suficientes para iniciar una investigación en contra del mandatario? ¡Claro que sí! Pero como no las hay, se usa la vieja táctica de la propaganda sucia para manchar la imagen de un presidente que siempre se ha rehusado a alinearse ante los intereses gringos.

Recientemente, el periodista Jesús Esquivel informó en el programa matutino de Carmen Aristegui que el presidente Donald Trump, mediante un comunicado que dio a conocer la Casa Blanca, aplaudió la renuncia de Evo Morales, felicitando al ejército de ese país por haber consumado su propósito golpista. De igual manera, emitió una advertencia contra Venezuela y Nicaragua sobre las consecuencias que podrían llegar a sufrir si se empeñan en mantener regímenes de gobierno “ilegítimos” parecidos al boliviano. Por otra parte, el también empresario afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA), ahora encargada de exportar democracia a los países que no la solicitan, pero que sí la necesitan, responde a aquellas naciones que le aportan más capital, entre las que comúnmente se encuentran: Estados Unidos por excelencia, Brasil y Canadá. No es de sorprenderse que un individuo de la calaña de Trump amenace con eufemismos a aquellos países que osen de promover gobiernos contrarios al neoliberal.

Esta historia me parece familiar; intervenciones extranjeras en países latinos y sudamericanos que al final, desembocaron en ignominiosas dictaduras o gobiernos ilegítimos a merced de países neoliberales como los Estados Unidos. Refresquemos brevemente la memoria con los siguientes ejemplos históricos que, si bien no todos pueden considerarse como intervenciones estadunidenses reconocidas oficialmente, sí entrarían en el rubro del conspiracionismo norteamericano: 1948 en Venezuela contra Rómulo Gallegos, 1954 en Paraguay contra Federico Chaves, 1964 en Brasil contra João Goulart, 1966 en Argentina contra Arturo Illia, 1973 en Chile contra Salvador Allende, 1989 en Panamá contra Manuel Antonio Noriega, 2004 en Haití contra Jean-Bertrand Aristide, 2009 en Honduras contra Manuel Zelaya, y, probablemente, 2019 en Bolivia contra Evo Morales. Ahora le queda a la historia posicionar al mandatario indígena en el lugar que le corresponde; como un presidente representativo de los intereses del pueblo boliviano, o como un dictador que lo único que quiso fue perpetrarse en el poder a costa del bienestar del pueblo boliviano.